Gabriel Marclé
Por Gabriel Marclé
El respaldo electoral que sostiene al presidente Javier Milei también expresa una concepción del Estado cada vez más acotada. Menos obra pública, menos intervención y un mayor protagonismo del sector privado como motor de soluciones fueron ejes centrales del discurso que se escuchó durante la última campaña legislativa, incluso en encuentros con intendentes de Provincias Unidas que ya advertían sobre las dificultades de trasladar esa lógica al territorio. Esa idea, que en el plano nacional se traduce en la paralización de obras y el corrimiento del Estado de funciones históricas, en el nivel municipal suele entrar en tensión con demandas concretas, inmediatas y difíciles de postergar.
Las Higueras ofrece por estos días un caso testigo de esa contradicción. El Gobierno municipal anunció que avanzará con una readecuación de la planta de agua existente en el loteo privado Los Tilos para mejorar el servicio en las etapas habitadas, luego de que fracasaran las negociaciones con la empresa Emprendimientos Pilares S.A., responsable del desarrollo del barrio. La decisión implica una inversión cercana a los 60 mil dólares que la gestión de Gianfranco Lucchesi resolvió afrontar con fondos propios tras buscar, sin éxito, una solución compartida con el privado.
Según explicó oficialmente la Municipalidad, la obra proyectada tenía como objetivo ampliar el caudal de agua disponible para mejorar la prestación en las etapas consolidadas y permitir el abastecimiento de las nuevas fases del desarrollo. Un estudio técnico reveló que la bomba existente requiere ampliaciones para cubrir la demanda de un barrio que no dejó de expandirse. La idea original no era construir una planta nueva, sino mejorar la actual en un esquema de trabajo conjunto entre el Estado local y la desarrollista. Pero las respuestas nunca llegaron.
Hoy, el barrio cuenta con unas 250 viviendas habitadas sobre 300 lotes correspondientes a la primera etapa, mientras el proyecto total prevé alrededor de 1.500 lotes, con unos 800 aún pendientes de venta. La falta de infraestructura adecuada no es nueva. Fuentes locales señalan que la gestión municipal anterior no exigió el cumplimiento de requisitos clave en la etapa inicial del emprendimiento, entre ellos una bomba de agua acorde a un barrio en plena expansión. Esa omisión inicial terminó trasladando el problema al presente y poniendo los reflectores sobre la empresa, cuyo -Marcelo Pinasco- lleva un apellido vinculado a La Libertad Avanza en la región
La actual gestión incluso llegó a clausurar construcciones en sectores del loteo que no cuentan con las habilitaciones correspondientes. De hecho, el municipio fue claro: las nuevas etapas de Los Tilos no están habilitadas porque no poseen la aprobación de las obras de infraestructura indispensables para garantizar un suministro adecuado de agua potable. Y ya lo advirtió formalmente: hasta tanto esas obras no sean ejecutadas por el desarrollista, no se autorizarán nuevas construcciones.
La readecuación que encarará ahora el municipio permitirá abastecer correctamente a las viviendas de la primera etapa, pero no resolverá la expansión futura del barrio. Para eso, se necesitarán obras de mayor envergadura que siguen siendo responsabilidad del privado. Aun así, la decisión política fue intervenir. No por convicción ideológica, sino —según expresaron desde el Gobierno local— priorizando el bienestar de los vecinos.
El caso expone una paradoja cada vez más frecuente: un Estado nacional que se retira y municipios que, por presión social o por urgencia, se ven obligados a ocupar ese vacío. “Los vecinos primero golpean la puerta del intendente” es un mantra que se repite en cada localidad y que choca con otra realidad política: el acompañamiento social a un proyecto presidencial que hace de la motosierra y del achicamiento del Estado su bandera principal.
Las Higueras ya había sido noticia por un debate similar en julio pasado, cuando el Gobierno nacional comenzó a agitar la posibilidad de cerrar Vialidad Nacional y trasladar el futuro de las rutas al sector privado. En ese contexto, el intendente Lucchesi elevó una propuesta alternativa: la creación de un peaje especial para financiar el mantenimiento de la Ruta Nacional 158 sin recurrir a fondos del Tesoro. El planteo no fue escuchado y el reclamo sigue vigente en una traza que continúa siendo noticia por los accidentes. Ayer mismo se registró un hecho fatal en cercanías de Carnerillo.
El choque de perspectivas entre el repliegue del Estado y la acción privada parece estar más vigente que nunca. El intento del municipio por sostener servicios básicos frente a la inacción del sector privado y el corrimiento del Estado nacional no contradice necesariamente el clima de época, pero sí lo tensiona. En muchos casos, la discusión sobre quién debe intervenir deja de ser ideológica y se vuelve urgente. Y en ese punto, señalan los intendentes, el Estado vuelve a estar.
