Felipe Osman
Por Felipe Osman
El Gobierno Nacional publicó ayer, en el Boletín Oficial, el decreto presidencial 925, por el cual Javier Milei aprobó los modelos de contrato de garantía y contragarantía, indispensables para que Córdoba avance en la toma de un crédito de 75 millones de dólares de la CAF (Corporación Andina de Fomento), con el propósito de aplicarlos a la refuncionalización del sistema de agua potable de la capital.
El objeto del crédito es, llegado el caso, secundario a los fines auscultar el momento de la relación Nación-Provincia. Su aprobación, sin embargo, sí es sugerente.
Córdoba inició los trámites para aplicar al crédito de la CAF hace más de dos años, pero -aunque ya había conseguido los avales técnicos- faltaba la decisión política del presidente de avalar el empréstito, constituyendo al Estado Nacional en garante de Córdoba (contrato de garantía) y a la coparticipación como objeto de ese aval (contrato de contragarantía). Así las cosas, si la Provincia no paga, pagará la Nación, para luego descontar ese pago de los giros automáticos que percibe Córdoba por tal concepto.
La pregunta que se impone es, entonces, porqué, después de tanto tiempo, Milei decidió avalar un crédito que tenía ‘cajoneado’ desde hace meses. La respuesta hay que imaginarla, pero distintos observadores de la relación Córdoba-Nación descuentan que lo que inclinó la balanza fue el rol clave que los diputados del cordobesismo tuvieron en la sesión del pasado 17 de diciembre, cuando al oficialismo le faltaban tres parlamentarios para alcanzar el quorum y los legisladores del Hacemos Unidos fueron desequilibrantes, a pesar de haber votado en contra los ajustes del capítulo 11.
El episodio, como tantos otros, da cuenta, una vez más, de que nada escapa a la lógica transaccional. Y, aún así, sienta un precedente relativamente favorable para el Centro Cívico, que acaba de llevara adelante una reforma previsional para intentar contener el déficit crónico de la Caja de Jubilaciones, pero que no puede, quiere ni debe renunciar a las compensaciones que la nación está obligada a girarle.
Esa eterna disputa está puesta en suspenso hasta abril, cuando vencerá el acuerdo rubricado entre Martín Llaryora y Luis Caputo por el cual la nación transfiere a Córdoba, mensualmente, cinco mil millones de pesos. Una cuota que, según la Provincia, cubre apenas un 20 por ciento del déficit que la Anses debería equilibrar, pero que aún así es representativa para las cuentas del Centro Cívico.
Mejorar, o siquiera renovar ese acuerdo, es de suma importancia para la Provincia. Pero hasta ahora no ha habido señales prometedoras. Lejos de preocuparse por resolver situaciones del estilo con otros distritos, la prioridad absoluta de la Casa Rosada es, a la fecha, conseguir los fondos necesarios para satisfacer el próximo vencimiento con el FMI, mientras deudas como la que la nación sostiene con CABA por la detracción de parte de la coparticipación siguen creciendo sin captar el interés del presidente.
La obra
Según la memoria descriptiva del proyecto publicada meses atrás por el ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, la Refuncionalización Integral del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Córdoba, en su primera etapa, demandará una inversión de 75.314.137,24 dólares y buscará dar respuesta a un sistema que actualmente se encuentra jaqueado por la demanda en horas pico.
El proyecto tiene un plazo de ejecución de 720 días y beneficiará directamente a 1,5 millones de habitantes de la capital y zonas aledañas.
Uno de los pilares fundamentales de la iniciativa es la ampliación de la Planta Potabilizadora Los Molinos. Esta planta, que actualmente abastece al 30 por ciento de la población del sureste de la ciudad, verá significativamente incrementada su capacidad de producción. Las mejoras incluyen la construcción de nuevas cisternas, cámaras de mezcla rápida, módulos de floculación y sedimentadores, además de una modernización completa de los sistemas de dosificación de reactivos y control.
Simultáneamente, el plan contempla la refuncionalización del Acueducto El Diquecito - La Calera. Este sistema de conducción de agua cruda, que ya ha cumplido su vida útil y presenta roturas frecuentes, será reemplazado por un nuevo conducto de PRFV de 2800 mm de diámetro. Esta intervención es vital para garantizar el suministro a la Planta Potabilizadora Suquía -responsable de abastecer al 70 por ciento de la ciudad- y a la planta de La Calera.
Bajo la supervisión del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, estas obras no solo pretenden aumentar la cantidad de agua disponible, sino también reducir drásticamente las pérdidas en la aducción. Con esta modernización tecnológica y operativa, la provincia busca garantizar la salubridad e higiene de los cordobeses para las próximas décadas, adaptando la infraestructura al crecimiento demográfico de la segunda ciudad más poblada del país.
