Los gremios le ponen el cuerpo al plan de lucha 2026: efecto sorpresa y fuerte visibilidad

Por Gabriela Yalangozian

Lo habían anticipado y este lunes lo concretaron. Los 23 sindicatos estatales de Córdoba finalmente ejecutaron su primera (de muchas, aseguran) manifestación sorpresiva que habían adelantado en su plan de lucha de verano. Y el escenario elegido no fue al azar: las cabinas de peaje de la autopista Córdoba–Carlos Paz.

La protesta tuvo en cuenta un día y horario importante en cuanto a movimiento turístico, por la cercanía del recambio de enero y tras un fin de semana de alta ocupación en las sierras.

Fue la primera acción directa en territorio del 2026 y fue en uno de los accesos turísticos más transitados de la provincia en verano. La acción marcó un nuevo capítulo en el conflicto previsional, en línea con un cronograma que incluye la difusión de un spot publicitario durante la apertura del festival de Jesús María.

La manifestación reunió a más de 250 trabajadores aportantes a la Caja de Jubilaciones e incluyó el corte de cabinas, generando demoras en el tránsito, bajo la modalidad de volanteada y contacto directo con automovilistas. El objetivo central fue rechazar la Ley de Equidad Jubilatoria (Ley 11087) y el incremento de los aportes personales al Apross, medidas que impactan tanto en trabajadores activos como en jubilados provinciales.

En los videos difundidos por los propios sindicatos, muestran a conductores expresando su respaldo mediante bocinazos, saludos y gestos de apoyo, lo que fue destacado por los organizadores como una señal de acompañamiento social al reclamo.

La estrategia fue clara: lograr visibilidad y empatía de los cordobeses, y sin dudas que el corredor hacia Villa Carlos Paz respondía a esas consignas ya que se trata de un eje clave del movimiento turístico, de fuerte impacto visual y mediático en plena temporada estival. Pero también con una vidriera que “nacionaliza” el conflicto ante turistas de todo el país.

Según remarcaron los gremios, este no será un hecho aislado, sino parte de un plan de lucha escalonado que incluye acciones gremiales, instancias judiciales y nuevas medidas de protesta sorpresivas coordinadas entre los sindicatos estatales y los sectores aportantes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba.

La advertencia judicial

En paralelo, la intención de poner a disposición de los afiliados los asesores legales para aconsejarlos por futuros amparos individuales y colectivos sigue en pie. La mirada sigue puesta en el 2 de febrero, fecha en que retoma el calendario judicial y finaliza la feria.

Apoyándose en la resolución favorable obtenida por la primera amparista, representada por el estudio Gentile-Saravia, la posibilidad que se abre especialmente a los jubilados no es menor, teniendo en cuenta la medida cautelar que se logró. La misma suspende la aplicación de la Ley 11087 para este caso particular, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

Es por eso que el propio buffet de abogados del estudio se señaló que el fallo logrado constituye “un antecedente relevante” porque reconoce que la reglamentación de la Ley de Equidad Jubilatoria podría “vulnerar derechos adquiridos, abriendo la puerta a nuevos planteos judiciales”.

Por otro lado, jubilados autoconvocados que impulsaron la iniciativa popular con reclamos al sistema jubilatorio, confirmaron la apertura de un frente judicial en continuidad del reclamo contra el Gobierno provincial y la Legislatura. En ese pronunciamiento, cuestionaron que no se haya respetado “la voluntad del pueblo” y adelantaron que, una vez finalizada la feria judicial, interpondrán un amparo colectivo el mismo 2 de febrero, con la intención de llevar el planteo, si es necesario, “hasta la Corte Suprema de Justicia”.

“Queremos que sepan que nuestra lucha no terminó. Pedimos paciencia por la feria judicial, pero el reclamo sigue firme”, señalaron en el mensaje, en el que también expresaron un fuerte repudio político a las autoridades provinciales responsables de la sanción de la ley. En esa línea, confirmaron que en el 2026 volverán a juntar firmas para volver a exigir una mejora en los haberes y derogar la llamada Ley de Equidad Jubilatoria.

Con la protesta en el peaje Córdoba–Carlos Paz, el conflicto que generó el ajuste jubilatorio y la búsqueda de financiamiento por la crisis de la Caja de Jubilaciones ingresó en una nueva etapa, con señales claras de mayor presencia en la calle (ya no circunscribiéndose a Córdoba Capital) y advertencias de un escenario de creciente tensión entre los gremios estatales, los jubilados y el Ejecutivo provincial.