Por Gabriela Yalangozian
La decisión del Gobierno nacional de declarar “sin destino” a la Unidad Turística de Embalse encendió las alarmas en el corazón de Calamuchita. Más allá del debate ideológico que ya escala en el Congreso, en la localidad cordobesa la preocupación tiene un eje concreto: empleo, actividad económica y supervivencia comercial.
El intendente Mario Rivarola confirmó que viajará a Buenos Aires para pedir respuestas formales y conocer qué hará la Nación tras firmar la Resolución 2/2026 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la semana pasada. La medida que rige desde entonces dejó habilitado el complejo para una eventual venta, concesión o transferencia a privados.
“Nos enteramos por los medios. No tenemos ninguna notificación formal en el municipio”, admitió el jefe comunal a Alfil. Además, contó que busca abrir una instancia de diálogo con funcionarios nacionales para conocer el plan concreto detrás de la decisión, más allá de que ya hizo gestiones con el entorno del diputado libertario cordobés Gabriel Bornoroni para explicarle la importancia que este predio tiene para la ciudad y la región.
Un símbolo para el peronismo
La Unidad Turística no es un activo inmobiliario cualquiera. Construida entre 1946 y 1951 durante los primeros gobiernos de Juan Domingo Perón, fue uno de los emblemas del turismo social argentino. Siete hoteles, 51 bungalows y un predio de 654 hectáreas frente al lago que durante décadas alojaron a jubilados, estudiantes y trabajadores de todo el país bajo el concepto de que el descanso era un derecho y no un privilegio.
Desde 2013 el complejo es Monumento Histórico Nacional, lo que impone límites estrictos a cualquier modificación estructural y obliga a preservar su arquitectura y su entorno forestal. Sin embargo, la nueva categoría administrativa de “bien sin destino” redefine su horizonte funcional y político.
Para el gobierno de Javier Milei, la medida responde a una política de “racionalización” del patrimonio estatal frente a inmuebles considerados subutilizados. Para sectores del peronismo, en cambio, es un paso más en el desmantelamiento del turismo social como política pública.
El impacto local: empleo y recesión
En Embalse el debate es menos doctrinario y más urgente. La UTE fue históricamente uno de los principales motores de empleo directo e indirecto de la región. Hoy, según detalló Rivarola, no llegan a 50 los trabajadores que realizan tareas básicas de mantenimiento. Supo haber más de cien empleados estables, además del movimiento que generaban proveedores, transportistas, gastronómicos y comercios.
El intendente reconoció que el esquema clásico de turismo social implicaba altos costos para el Estado, pero advirtió que dejar el predio sin actividad profundiza la recesión regional. “Yo tengo más de 400 currículums en la Municipalidad de gente que se quedó sin trabajo. Reactivar aunque sea uno de los siete hoteles del complejo reactivará el movimiento económico”, sostuvo.
Rivarola propuso evaluar alternativas intermedias, como la concesión de uno o dos hoteles al municipio para articular con centros de jubilados, clubes y eventos deportivos. “El objetivo no es ganar plata, sino para generar trabajo y consumo local”, explicó, mencionando el impacto que tendría en transporte, gastronomía y comercio minorista.
Repudio y preocupación en Diputados
En paralelo al reclamo del intendente, la diputada nacional Gabriela Estévez (Unión por la Patria) presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de Resolución en el que expresa “preocupación y enérgico repudio” a la desafectación de un sector del inmueble estatal.
En los fundamentos, la legisladora sostiene que la eventual enajenación del predio significaría una pérdida histórica, cultural y económica para Córdoba y para el país.
El proyecto es respaldado por diputadas del mismo bloque de Unión por la Patria, entre ellas Ana María Ianni y Gabriela Pedrali, quienes acompañan la iniciativa en defensa del modelo de turismo social.
Mientras, la Provincia de Córdoba, no ha fijado aún una posición clara sobre el destino del complejo. En un contexto de restricciones presupuestarias, absorber la totalidad del predio implicaría costos elevados y un esquema difícil de sostener sin rediseñar el modelo de gestión.
Así, el conflicto combina tres dimensiones: la pulseada ideológica entre Nación y el kirchnerismo en defensa del turismo social; la cautela estratégica del gobierno provincial; y la urgencia de un municipio que necesita respuestas concretas.
