Yanina Soria
Desde hace algún tiempo, el gobernador Martín Llaryora viene repitiendo que no gestiona Córdoba por oposición a nadie. Sin embargo, cada vez que puede, destaca públicamente la agenda cordobesista poniendo en relieve los grandes temas que hoy están desatendidos por el gobierno del presidente Javier Milei: discapacidad, jubilados, obra pública, entre otros.
Desde Laboulaye, en su discurso del 1 de febrero pasado, lanzó un ambicioso plan habitacional que contempla la entrega de 10.000 lotes en toda la provincia mediante el nuevo programa Mi Lugar y la puesta en marcha del programa Córdoba Hogar, que permitirá que 5.000 familias accedan a su casa propia. En este contexto, el anuncio no es neutral.
La Provincia capitalizará ser la única ventanilla abierta para los municipios frente a la retirada del Estado nacional; en este caso, poniendo el foco en un problema estructural como es el déficit habitacional.
Para ello, el oficialismo necesita darle curso legislativo al proyecto y estiman que podría ser llevado al recinto en la sesión de mañana. Mientras tanto, ese paquete normativo “sin precedentes” en materia de acceso a la vivienda y al suelo urbano, se discutirá hoy en la Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales.
La reunión será encabezada por el socialista Matías Chamorro, quien el año pasado impulsó la Ley de Loteos Cooperativos, creando un Programa Provincial de Loteos y Viviendas para que familias de clase media puedan acceder a un lote con servicios.
En el informe que justifica la iniciativa, Chamorro describe que la provincia tiene un déficit habitacional que afecta especialmente a la clase media, con más de 150.000 familias que podrían acceder a la casa propia si existieran procesos más ágiles. “El sector cooperativo tiene capacidad inmediata para generar 10.000 lotes con servicios. Nuestro trabajo es darle las herramientas para que eso ocurra”, señaló.
Por eso, el proyecto que se tratará mañana crea un programa específico dentro del Ministerio de Cooperativas y Mutuales, habilita la ejecución de obras de infraestructura junto a municipios y comunas, y faculta a dicha cartera a declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación de inmuebles necesarios para los loteos. “Se trata de una alianza estratégica entre el Estado provincial, los gobiernos locales y la comunidad organizada. Cada uno aporta lo suyo para que la vivienda vuelva a ser un derecho y no un privilegio”, dijo el legislador.
El proyecto que contiene un extenso articulado para expropiaciones con otros fines, espera ver la luz verde esta semana.
Desde el oficialismo confían en llegar cómodos a los votos que se necesitan y se anticipan a la crítica opositora: “quién podría oponerse a que los municipios cuenten con lotes con servicios y viviendas”, disparan.
Desde lo político, Llaryora saca otra carta que le permitirá seguir tejiendo poder con los intendentes que no le son propios; en definitiva, la elección de los lotes, por ejemplo, será potestad del ministerio de Cooperativas y Mutuales. Una cartera que inicialmente comandó el ex intendente de Villa María Martín Gill, y que ahora dirige un llaryorista puro como Gustavo Brandán.
Hace algunos días, en su recorrido por Traslasierra, el gobernador anunció desde Villa Dolores un plan de urbanización para transformar 20 hectáreas provinciales en unos 500 lotes, un plan que incluye la obra de infraestructura a cargo de la Provincia. En articulación con el intendente Maximiliano Rivarola, el cordobesismo pone en marcha la iniciativa que busca facilitar el acceso al terreno propio en una de las ciudades más importante de la zona.
