Bettina Marengo
Sin la presencia del gobernador Martín Llaryora, que envió a Tribunales I a cuatro ministros en representación del Ejecutivo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Domingo Sesin, inauguró el año judicial 2026 con un mensaje en el que ponderó al Gobierno de Córdoba por renunciar a modificar el orden de mérito que eleva el Consejo de la Magistratura con los postulantes a jueces. “Esto le da a la provincia un rango internacional”, dijo Sesín, tras recordar que lo que comenzó como una decisión política del actual oficialismo en el año 2000, fue convertido en ley a inicios de la gestión de Llaryora.
A nivel nacional, el presidente de la Nación si puede modificar el orden. Un rato después, en el mismo evento, el vocal de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, iba a anunciar que el máximo tribunal impulsaría un mecanismo de designación de jueces que limite la discrecionalidad al Ejecutivo*. De buena relación con el sanfrancisqueño, Sesín asumió la presidencia del TSJ por octava vez desde 1999. Su elección a fines del año pasado fue con votación dividida 4 a 3, con voto a favor de Luis Angulo, Aida Tarditti, Jesica Valentini y el propio Sesin. En contra le votaron Sebastián López Peña, Luis Rubio y María Martha Cáceres de Bollati, una nueva minoría que impulsó a la última de las juezas mencionadas, que no estuvo en el acto que se realizó en el salón de los Pasos Perdidos. El año pasado, cuando Angulo, exministro de Juan Schiaretti, encabezó este mismo acto como presidente por segunda vez del TSJ, Llaryora sí estuvo.
Para acompañar a Sesín viajó el ministro de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti, quien destacó al Poder Judicial de Córdoba y dijo que el titular del TSJ estaba alineado a la doctrina del máximo tribunal de Justicia de la Nación. Hay que recordar que el juez especialista en derecho administrativo y oriundo de San Luis fue mencionado tanto por los expresidentes Cristina Kirchner y Mauricio Macri como posible miembro de la Corte. Javier Milei, a la hora de elegir, optó sin suerte por el juez Ariel Lijo y el catedrático Ariel García Mansilla.
Sesín hizo hincapié en la necesidad de sostener la independencia de los jueces y enumeró las cuestiones que debilitan ese valor: las críticas desmedidas a los fallos, las denuncias al jurado de Enjuiciamiento, sobre la que dijo “no pueden convertirse en la cuarta o quinta instancia de las sentencias”. Destacó que el “error judicial” es parte de lo posible porque el sistema prevé nuevas instancias.
En primera fila lo escuchaba el senador Luis Juez, quien viene denunciando a la Justicia provincial por “sumisión” al poder político, con críticas muy fuertes por la falta de avances en las causas en las que están investigados funcionarios o actos de gobierno. Además de ponderar la independencia que da el Consejo de la Magistratura, Sesín había metido el dedo en la llaga al asegurar, en una nota que brindó el fin de semana a radio Cadena 3, que “en Córdoba no hay corrupción”. Lo afirmó a partir de su tesis de que el control que ejerce el Tribunal de Cuentas sobre los gastos de la administración pública es superior en Córdoba al que el organismo análogo ejerce en otras provincias o a nivel nacional, ya que aplica antes y no después del hecho. Una de las últimas agarradas entre el cordobesismo y el juecismo fue justamente porque el Tribunal de Cuentas, comandado por el Frente Cívico, rechazó una compra de drones y de elementos de seguridad de la Provincia porque consideró que se trataba de una licitación con nombre y apellido.
Uno de los actores principales de ese cruce fue el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, que estuvo en el Palacio de Justicia en la inauguración el año judicial. El funcionario echó más leña al fuego el martes cuando criticó el acto de Juez por el 50 aniversario del golpe de Estado. Ayer ni se saludaron. Quinteros sí fue efusivo con el radical Ramón Mestre, sentado más atrás.
Además del ministro mencionado, del gabinete de Llaryora estuvieron el titular de Justicia, Julián Lopez, el de Agroindustria, Sergio Busso y el de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López. De los diputados nacionales, asistieron Alejandra Torres y Juan Brugge, de Provincias Unidas, además de varios legisladores provinciales de distintos signos políticos. Varios de ellos se encontraron en el ágape previo al evento institucional.
El mensaje de Sesin se enfocó en los desafíos del servicio de justicia en el actual contexto político, social, con el enfoque de género y las tecnologías, con énfasis en la aparición de la inteligencia artificial como colaboradora pero no reemplazo de los jueces. Sostuvo que ni el poder político ni el legislativo pueden intervenir o reprimir la independencia judicial y sostuvo que ésta no está pensada para “privilegio” de los magistrados sino para “garantía de los ciudadanos”. En relación a las demoras de los fallos y los procesos, lejos de prometer o pedir aceleración de los tiempos, dijo que los procesos judiciales seguirán demorando lo que tienen que demorar porque en ello va la garantía del debido proceso. Un tiro por elevación a la prensa y a la opinión de redes sociales que suelen pedir más celeridad. “Los plazos procesales son plazos temporales”, resaltó. En el centro de la mesa principal, Lorenzetti lo aplaudió con ganas.
