La agenda de seguridad volvió a tensar la discusión política en Córdoba y dejó al oficialismo provincial en el centro de las críticas de la oposición. O al menos de quienes conforman en la Legislatura el interbloque Juntos por el Cambio. En las últimas horas, tanto la Unión Cívica Radical como el Frente Cívico salieron a marcar diferencias con el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y a cuestionar el enfoque del Gobierno sobre dos temas sensibles: la política de seguridad en torno a los efectivos de la Policía y el debate sobre los llamados “naranjitas” y limpiavidrios.
Desde el radicalismo avanzaron con una batería de tres proyectos legislativos que buscan reforzar el sistema de seguridad provincial, en línea con los planteos que días atrás había formulado el exdiputado y lanzado candidato a Gobernador, Rodrigo de Loredo. El bloque de la UCR en la Legislatura presentó formalmente las iniciativas este martes y defendió ante la prensa un paquete de reformas que, aseguran, permitiría aumentar la presencia policial en las calles y mejorar las condiciones de los efectivos.
La propuesta incluye un aumento del 20% en el salario básico del personal policial y penitenciario, una medida que alcanzaría tanto a los agentes en actividad como a los retirados. Al mismo tiempo, el proyecto plantea cambios estructurales en el régimen previsional para extender la carrera policial y evitar retiros anticipados a edad tan temprana que, según advierten, están debilitando el sistema.
En concreto, la iniciativa propone elevar de 25 a 30 años los años de servicio para el personal subalterno, además de incrementar en tres años la edad requerida para el personal superior. El objetivo, explican los legisladores radicales, es retener dentro de la fuerza a efectivos con experiencia y formación en un contexto de creciente complejidad del delito.
A ese esquema se suman otras modificaciones sensibles. Entre ellas, la eliminación definitiva del diferimiento que hoy afecta a los jubilados policiales, de modo que los aumentos salariales otorgados a los activos impacten de manera inmediata en los retirados. También se plantea mejorar la situación de los agentes que son pasados a situación pasiva, elevando del 30% al 60% el porcentaje de salario que perciben mientras se resuelve su situación administrativa.
Sensible cambio en la política de seguridad
Según estimaciones del bloque radical, el conjunto de estas medidas permitiría sumar cerca de 4.000 policías más a las calles, lo que redundaría en una mayor capacidad operativa para enfrentar la inseguridad.
“Frente al sistemático y repetido fracaso de las políticas de seguridad de los gobiernos peronistas, aportamos una propuesta concreta que puede traer alivio en las calles y también en la Caja de Jubilaciones”, señalaron desde el bloque de la UCR al presentar las iniciativas.
Para el radicalismo, el problema no se reduce a incorporar nuevos efectivos, sino a evitar que se retiren prematuramente aquellos que ya están formados. En ese sentido, sostienen que el actual régimen previsional favorece salidas anticipadas que terminan erosionando la estructura policial.
Cuestionamientos del Frente Cívico
Mientras la UCR instalaba este martes su agenda legislativa, el Frente Cívico eligió otro frente de confrontación: el debate en torno a los cuidacoches o “naranjitas” y la discusión sobre la necesidad —o no— de una ley provincial para regular la actividad.
El presidente del bloque en la Legislatura, Walter Nostrala, salió al cruce del discurso que desde el oficialismo vincula el problema de los “naranjitas” y la falta de normativas con la inseguridad en las calles. Para Nostrala, el ministro Quinteros busca instalar un diagnóstico equivocado.
“El tema de los naranjitas es estrictamente municipal”, sostuvo el legislador, al tiempo que cuestionó que se pretenda trasladar el problema a la Legislatura provincial y por ende al interior cordobés.
Nostrala sostuvo que existen ciudades donde el sistema funciona correctamente, siempre que haya controles adecuados por parte del Estado local. Como ejemplo mencionó casos como Villa Carlos Paz o Villa María, donde el estacionamiento en la vía pública con cuidacoches se encuentra organizado y regulado.
“El secreto está en el control. Cuando el Estado se retira y deja liberada la calle, cualquiera se pone un chaleco naranja y empieza a cobrar lo que quiere. Pero si hay control municipal, el sistema puede funcionar”, planteó.
Las herramientas que ya existen
En ese marco, el dirigente del Frente Cívico cuestionó que se pretenda responsabilizar a los cuidacoches por el problema de la inseguridad en la provincia.
“Quieren hacerle creer a los cordobeses que el problema de la inseguridad son los naranjitas. Y créanme que no es así. El problema son los narcos, los sicarios, las entraderas, y eso no se resuelve con una ley sobre estacionamiento”, disparó.
El legislador también apuntó contra la gestión municipal de la ciudad de Córdoba y sostuvo que el intendente Daniel Passerini tiene las herramientas necesarias para ordenar la actividad sin necesidad de una ley provincial.
“Si el intendente quiere resolverlo, puede hacerlo. Puede determinar zonas, otorgar permisos a cooperativas que estén legalmente constituidas y controlar que todo funcione dentro de la ley. No es tan difícil poner orden”, afirmó.
Para Nostrala, el debate que intenta instalar el oficialismo es parte de una estrategia política que busca desviar la atención de los problemas más profundos de seguridad. “Si un gobierno no puede resolver el problema del estacionamiento en determinados sectores de la ciudad, mucho menos va a poder resolver los problemas graves que tiene Córdoba”, sostuvo.
En ese contexto, el debate sobre el refuerzo policial en las calles y la intervención estatal en el orden urbano se transformó en un nuevo eje de disputa política entre la oposición legislativa y el Gobierno de Martín Llaryora, confrontando con uno de sus ministros más expuestos y su estrategia frente al delito.
