Felipe Osman
Pasado el mediodía de ayer, las asambleas departamentales del interior ya devolvían un tanteador de 40 a 6 por el rechazo. Por la tarde, esa brecha ya se había ampliado a 90 votos por la negativa contra 6 por la positiva (sólo San Justo acompañaba el ofrecimiento del gobernador). Con 90 votos en contra sobre un total de 134, el escenario ya era irreversible.
UEPC rechazará, en la Asamblea Provincial de hoy, la tercera oferta del Centro Cívico, y definirá las medidas de fuerza que acompañarán ese rechazo, la principal de las cuales será, desde luego, el paro, que podría alcanzar las 72 horas si la progresión continua: 24 horas de paro tras el primer rechazo, 48 tras el segundo.
En la previa de las departamentales, el Ejecutivo había elegido el látigo para ablandar, con descuentos que, según el reclamo elevado por la delegación capital del sindicato, no guardaban relación con las horas que cada docente debía prestar en las jornadas de paro. Esa tensión, que en oportunidades ha sido una herramienta útil para disuadir, esta vez resultó contraproducente.
Los docentes, muchos de los cuales ya no tienen en la docencia su única fuente de ingreso y se ven obligados a completar con “changas” para llegar a fin de mes, parecen haber perdido el miedo otrora tenían a los descuentos por días de paro, y empiezan a ver las huelgas también como ocasiones para sumar ingresos por otra actividad.
Lo categórico del rechazo es otro elemento a ponderar. No fue un final de bandera verde. Las mociones en contra de la oferta fueron aplastantes.
En capital, el distrito que concentra a casi la mitad de los docentes de la provincia, el 98 por ciento de los mandatos (sobre un total de 604) fue de rechazo; el 92 por ciento incluyó un reclamo de aumento del 40 por ciento del salario; el 55 por ciento votó un paro de 72 horas; y 167 mandatos pidieron expresamente la renuncia del secretario general de la UEPC, Roberto Cristalli. Reclamos, todos ellos, que llevaron directamente al ministerio de Educación, que permaneció momentáneamente ocupado en la tarde de ayer, bajo la consigna central de restitución de las sumas descontadas por paro.
Es difícil augurar cómo puede continuar el conflicto. No hay demasiados antecedentes del gremio rechazando tres ofertas consecutivas. Y lo cierto es que, con una caída de la recaudación de ocho meses consecutivos, y una oferta que garantiza 5,3 puntos por encima del IPC independientemente de le evolución de los ingresos, no parece haber mucho espacio.
La propuesta
La oferta que UEPC rechazará hoy estipulaba una paritaria anual, de febrero de 2026 a enero de 2027, con un reajuste que alcanzaría, en promedio, el 10,3 por ciento durante los dos primeros meses del acuerdo. Descontando la inflación de febrero (2,9 por ciento) y la proyectada para marzo, el diferencial positivo sería cercano al 5,3 por ciento arriba del IPC.
Para el resto del plazo, reajustes mensuales, remunerativos, bonificables y acumulativos desde abril, iguales a la variación del IPC del mes inmediato anterior, y desanclados de la evolución de la recaudación provincial.
Por su composición, la oferta contenía un “shot” para el primer bimestre, con sumas fijas de 50.000 y 22.500 pesos por cargo para febrero y marzo, respectivamente. Y un aumento escalonado del FONID que, a lo largo de todo el acuerdo, representaría su (casi) duplicación. Esto implicaba que, de aceptar el acuerdo, los docentes podrían haber recibido retroactivos de hasta 313.000 pesos por planilla complementaria en abril. Una carnada atractiva para un sector alcanzado en gran medida por la morosidad con tarjetas de crédito del Banco de Córdoba.
La propuesta también comprendía la eliminación del tope del complemento remunerativo desde marzo, la suspensión del FOSAET, la continuidad de la suspensión del artículo 3 (profesionalidad docente), una cláusula de revisión de lo acordado en septiembre, una cláusula de igual tratamiento (para que los docentes se beneficien de un acuerdo superador firmado por cualquier otro gremio estatal), la suba de las bandas que determinan los aportes extraordinarios de los activos en los mismos porcentajes que los aumentos mensuales, y la suba de las bandas que determinan el diferimiento a 1.650.000 pesos, con lo cual el 80 por ciento de los jubilados quedaría a salvo de él.
