Felipe Osman
Como lo había adelantado en la noche del domingo, vía “X”, el Gobierno solicitó (al propio Gobierno) la conciliación obligatoria, por ser “una herramienta que permite no interrumpir el ciclo lectivo, brinda el tiempo necesario para construir una propuesta superadora, evita el impacto de los descuentos en los salarios docentes y contribuye a encauzar la discusión, contemplando la diversidad de posiciones dentro de la propia comunidad educativa”.
La conciliación no había sido notificada hasta entrada la tarde de ayer al sindicato, aunque todos daban ya por descontado que la resolución que paralizará el conflicto por cinco días aparecería pronto. El gremio, a su lado, no reaccionó bien a la novedad.
La conducción provincial lamentó que el Panal obturara la medida de fuerza votada por el sindicato. Algo llamativo, ya que tras el segundo rechazo fue la lista Celeste la que promovió un paro de 48 horas desdoblado en dos jornadas, posibilitando que una oferta interrumpiera la medida antes de que se completara. La conducción de la delegación capitalina, en tanto, también cuestionó la conciliación por ser decidida por una de las partes y porque, más allá de las expresiones de buena voluntad, el Gobierno no devolvió los descuentos realizados a consecuencia de los paros anteriores.
Desde la Provincia apuntaron que la medida les parecía “desproporcionada”, porque siempre se ha sostenido la voluntad de mejorar las ofertas. La respuesta del gremio es que, si el propio Gobierno interpreta que el reclamo es justo, entonces las sucesivas ofertas que ha realizado no pueden ser calificadas de la misma manera.
Hacia adentro, la lectura que hace la Provincia es que la política interna del gremio termina gravitando en el conflicto. En oportunidades anteriores, el Gobierno había hablado de la interferencia de un elemento ideológico. Pero la contundencia del último rechazo, con 117 votos en contra de la propuesta sobre un total de 134, hace trastabillar esa hipótesis, según la cual los rechazos venían impulsados por las delegaciones controladas por la oposición: Capital, Río Cuarto y General Roca.
La nueva explicación es un poco más rigurosa: entiende que la oposición gremial representa un problema porque crece en el conflicto, merced a lo cual jamás apoyará la aceptación de ningún ofrecimiento.
Es probable que esta conclusión sea cierta. Sin embargo, desde la óptica razonablemente corporativa de los docentes también lo será otra: los sucesivos rechazos han sido efectivos, porque han conseguido sucesivas mejoras en la oferta.
El telón de fondo de estos cálculos es el proceso electoral que se avecina en la UEPC. Las elecciones de delegados escolares deberían tener lugar entre octubre y noviembre, aunque la conducción provincial -a cargo de convocarlas- podría estirarla hasta principios del año próximo si se guiará por la fecha en que los delegados electos en 2024 entraron en funciones.
Luego, a fines de 2027, vendrá la elección que definirá la nueva conducción del sindicato a nivel provincial y en cada delegación departamental. La carrera de fondo.
La conducción provincial necesita levantar si quiere ser competitiva, y el Centro Cívico necesita mantener a un interlocutor dialoguista al frente del sindicato. Junto a otros, estos serán factores que incidirán en el desarrollo del conflicto.
