La Legislatura de Córdoba aprobó por mayoría el proyecto que prohíbe la actividad de los naranjitas ilegales en toda la provincia y establece un nuevo marco para su regulación. La sesión en la Unicameral fue contundente: 51 votos a favor contra 19 en contra. El proyecto, que logró unificar propuestas del legislador Agost Carreño con aportes del oficialismo (Matías Chamorro) y la UCR (Gvozdenovich y Contrera), terminó por sellar un consenso amplio sobre la necesidad de terminar con la anomia.
El cambio semántico y jurídico es profundo. Hasta hoy, la Policía de la Provincia se encontraba ante un laberinto procedimental: si un conductor entregaba dinero y manifestaba que lo hacía por “voluntad propia”, los efectivos no podían intervenir. Ese concepto, que servía de escudo para los cuidacoches ilegales, ha sido borrado de la normativa. Hoy, la actividad sin autorización municipal es una contravención directa.
El Ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, defiende la reciente reforma al Código de Convivencia y asegura que la prioridad absoluta es garantizar el orden público ante una situación que calificó como “un problema de caos y miedo”. Para el funcionario, la eliminación del concepto de voluntad de pago es la herramienta clave que permitirá a la Policía intervenir de forma directa, terminando con la indefensión de los ciudadanos ante cobros extorsivos que, en eventos masivos, llegaron a alcanzar los 25.000 pesos por vehículo. “No podemos permitir que ir a cenar o a un evento genere una tensión constante; las reglas ahora son claras: si no está autorizado por el municipio, está prohibido”, sentenció Quinteros.
Pese al endurecimiento de la norma, el Ministro aclaró que el objetivo no es “salir a cazar gente” ni criminalizar la pobreza, sino formalizar la actividad a través de cooperativas y sistemas medidos.
-¿Qué cambia con la nueva reglamentación aprobada en la Legislatura?
-Se fijaron reglas generales para toda la provincia. Se eliminó el párrafo que permitía la actividad si el pago era voluntario. Ahora está prohibido. Solo estarán autorizados los lugares que cada municipio determine mediante sus propias ordenanzas. En cuanto a los limpiavidrios, la prohibición es total por el riesgo vial y la inseguridad que generan.
-¿Por qué era necesario este cambio legal ahora?
-Porque para la gente esto era un foco de miedo y tensión constante. Tuvimos episodios gravísimos, como en el show de Tan Biónica, donde hubo abusos terribles y hasta baleados por el espacio público. O el caso del comisario Brandán, que recibió un tiro al intervenir en una pelea de naranjitas cuando estaba de civil. El Estado tiene que bregar por el orden de la mayoría que hoy padece estas situaciones.
-¿Qué pasará con las personas que hoy viven de esto sin hacer disturbios?
-No consideramos a nadie como un ser descartable. Hay una mirada social y estamos trabajando con Desarrollo Social para reconvertirlos, que hagan otra cosa que les permita un ingreso legal. Lo ideal es que la actividad esté organizada, cooperativizada y con tarifas fijas. Algunos aceptarán y otros no, pero las reglas deben ser claras para evitar el caos.
-¿Cómo va a actuar la Policía a partir de ahora?
-La Policía ahora tiene la herramienta para actuar ante la contravención directa. Ya lo empezamos a aplicar en eventos como el de Luis Miguel, donde tuvimos detenidos por abusos. No buscamos hacer números de detenciones, pero tampoco sirve que alguien sea detenido y a las dos horas esté de vuelta en la calle sin penalidad. Necesitamos racionalidad. Afortunadamente el Gobierno de Córdoba no incentiva el odio hacia el Estado ni plantea que “se regule solo el sistema”, como indica el Gobierno Nacional. Cuando no tenés Estado, no tenés contención ni salud pública, algo que la gestión del Gobernador Llaryora apuesta y trabaja en ambos temas. Hay un tejido social que siente la falta de la presencia del Estado, hay situaciones muy graves y por eso hay que tener medidas lógicas. Nosotros creemos que la seguridad es integral y que el orden público es una responsabilidad que compartimos todos, con el Estado a la cabeza para poner límites.
-¿Qué plazo tienen los municipios para adaptarse?
-Tienen 30 días para regularizar sus zonas, definir cómo van a cobrar y bajo qué modalidad. A partir de ese plazo, la ley se aplicará con pleno rigor en todo el territorio provincial.
