Javier Boher
Los años pares en Argentina suelen ser años de ajuste, donde se tratan de acomodar las variables aprovechando que no hay elecciones. Todas esas correcciones impactan en la calidad de vida de la gente, lo que se suele ver reflejado posteriormente en las encuestas de opinión pública.
Este año parece tener otros aditamentos que intensifican esos habituales problemas de los meses no electorales, con la carne marcando el ritmo de la fuerte suba de la inflación, a la que ahora se suma el efecto de la guerra en Medio Oriente sobre el precio de los combustibles. En lo que va del año, la carne subió 68,6%, según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna. La nafta, por su parte, ha subido alrededor del 20% en poco más de un mes. Es inevitable que eso impacte de lleno en las cuentas de familias, empresas y gobiernos, a los que les cambian los números con los que completan la ecuación de llegar a fin de mes.
A las familias no les queda mucho margen para hacer otra cosa que no sea recortar gastos. La alternativa de endeudarse con tarjetas, bancos y billeteras virtuales no es válida, porque a todo eso hay que devolverlo. El aumento de la morosidad que tanto se señala es una consecuencia lógica de no ajustar el gasto.
Las empresas deben hacer lo mismo, aunque algunas al menos tienen la posibilidad de desprenderse de empleados, cosa que no se puede hacer en una familia (porque no debe haber mucha gente capaz de echar a un hijo porque no se llena con una sola milanesa). La búsqueda de la eficiencia para asegurar una ganancia ayuda a que la adaptación sea más o menos rápida.
No pasa lo mismo con los Estados, que encuentran la manera de no ajustar el gasto, siempre con alguna excusa social que no se verifica en los hechos.
El título en el portal de noticias era elocuente: “Por la suba del precio de la carne algunos municipios ya pagan los sueldos en vales”. Cualquiera que lea algo así se imagina el apocalipsis, un deterioro gigantesco de la economía en la que los empleados municipales están haciendo ollas populares para cobrar sus sueldos.
Al entrar en la noticia y buscar de qué localidad se trata apareció el nombre de Sauce de Luna, un pueblo entrerriano de 3300 habitantes. Rápidamente fui a Google maps, una herramienta maravillosa para tratar de ver donde están y como viven. Conté que abarca unas 80 manzanas, que no es mucho. Tiene asfalto en algunas pocas cuadras, en el ingreso desde la ruta y alrededor de la plaza, como tantos pueblos del país. Hay un jardín, dos primarias y una secundaria provinciales, más un hospital provincial con una estética de los ‘50 que hace pensar que lo puede haber fundado el peronismo.
Estos datos podrían no significar nada, pero la misma nota decía que el municipio recibe 167 millones de pesos mensuales de coparticipación, sumando la de los gobiernos nacional y provincial. Es decir que tiene cubiertas sus necesidades de salud y educación, el mantenimiento de las calles no es tan exigente (al menos comparado con las ciudades serranas en las que el agua arrastra todo por las pendientes pronunciadas) y apenas si necesita mantener un gobierno mínimo, un sistema de alumbrado público y uno de provisión de agua, aunque se supone que estos últimos se abonan como servicios y que se los suspende si los clientes no pagan.
Está aclaración es porque en la misma nota está la palabra del intendente diciendo que el 94% de la gente dejó de pagar las tasas, lo que dificulta el funcionamiento. Por eso decidieron pagar con vales de $50.000 una suma no remunerativa de $30.000 que no están pudiendo cubrir con dinero. No hace falta aclarar de qué partido es el intendente, porque esa pulsión por emitir dinero está muy bien identificada por la gente.
Salvo que una persona cualquiera esté metida en el día a día de la gestión (en cualquier sector o nivel) los números finos están lejos del cálculo diario. Más allá de eso, definitivamente debe haber cosas para recortar en un municipio que tiene la mayor parte de sus necesidades cubiertas por la provincia.
Una búsqueda web nos lleva rápidamente a la página del municipio, donde figura el organigrama del gobierno. Además del presidente municipal y el secretario general, hay coordinadores para discapacidad, deportes, cultura y educación, servicios, niñez y obras. No figura si hay gente ocupando las de mujer, géneros y diversidad, medio ambiente y el CIC, aunque los cargos existen. Afortunadamente está la ejecución de los gastos, donde figura que un monto de 167 millones (equivalente a todo lo que ingresa por coparticipación) se va en sueldos. Poco más de 210 millones se van en gastos de consumo de la autoridad municipal, a los que se suman 40 en bienes y servicios, 40 en otros gastos en bienes de consumo y servicios profesionales y solamente 6 en gastos de capital. ¿Cuántas tareas tiene que hacer el municipio como para gastarse esa cantidad de plata en gastos de consumo para el ejecutivo municipal, siendo apenas 3.300 habitantes?
Si pensamos en ese nivel de gastos, cada vecino de Sauce de Luna debe generar más o menos $140.000 de riqueza mensual para cubrirlo, más de medio millón por familia tipo.
Está bien quejarse de que suben los precios en consumos básicos, pero hay algo en esa administración municipal que no funciona, porque es el 15% de los ingresos familiares si pensamos que son dos salarios promedio de trabajadores registrados (más del 30% si son informales).
La única forma de resolver el problema es limitando las funciones municipales al mínimo para que gaste acorde a sus ingresos. Todo lo demás es verso, independientemente de cualquier justificación política que le quieran dar.
