La Municipalidad de Capilla del Monte no escapa a las consecuencias del insoportable ajuste económico y social implementado por el Gobierno Nacional.
En ese contexto de profunda retracción económica, la abrupta caída del consumo en general y de bienes y servicios esenciales, en particular, derivó en una merma cercana al 26% de los ingresos por coparticipación, afectando de manera directa la capacidad operativa del Estado local.
Lejos de tratarse de una coyuntura aislada, el severo deterioro responde a un esquema de políticas que ha desplazado responsabilidades esenciales hacia los municipios sin garantizar los recursos necesarios para sostenerlas. Esta deserción del Estado nacional obliga a las administraciones locales a asumir costos crecientes en áreas sensibles, mientras enfrentan una recaudación en retroceso y una demanda social en aumento.
Ante este escenario, el Ejecutivo municipal dispuso una serie de medidas de austeridad que evidencian la gravedad de la situación. Entre otras, la reducción del 15% en los salarios de funcionarios del Ejecutivo, concejales y tribunos de cuentas y su congelamiento. Además, aplicará recortes en partidas como horas extras, combustible y gastos operativos. Se trata de decisiones que reflejan el impacto directo del insensible ajuste del gobierno libertario sobre la estructura del Estado local
PAMI, un botón de muestra
Sin embargo, el cuadro se vuelve aún más alarmante en el ámbito sanitario. La acumulación de una deuda por parte del PAMI de más de 40 millones de pesos con el Municipio agrava una situación difícil de sostener. A esto se suma el recorte en la cápita destinada a los prestadores del primer nivel de atención de esa obra social -con más de 3,1 millones de beneficiarios-, comprometiendo seriamente la continuidad de los servicios.
Cabe destacar que en nuestro Hospital Luqui, seis de cada diez pacientes pertenecen al PAMI, lo que expone la magnitud del problema. La falta de pago por parte de la obra social nacional de jubilados y pensionados no sólo pone bajo máxima presión al sistema de salud local, sino que también traslada una carga indebida a los gobiernos municipal y provincial. Frente a este penoso y lamentable panorama, el Municipio exige al Gobierno Nacional que asuma las responsabilidades que le corresponden y cese en la transferencia de obligaciones que vulneran derechos básicos y vitales, entre ellos el de la salud.
