Felipe Osman
La “Ley de Equidad Previsional” que la Legislatura sancionó en los últimos días del 2025 todavía genera reclamos entre los estatales, pero ocasiona un problema especial entre los empleados judiciales, que vienen de atravesar un profundo conflicto durante el año pasado.
Es que después de meses de medidas de fuerza, descuentos, asambleas y movilizaciones, el TSJ llegó a un acuerdo con AGEPJ, consistente en un programa de equiparación salarial de los judiciales de Córdoba respecto de los salarios que paga la Justicia Federal. Pero luego, la Reforma Previsional provincial terminó neutralizando los beneficios alcanzados para la mayoría de los judiciales, e incluso revirtiéndolos para aquellos de mayores ingresos.
El acuerdo firmado en junio de 2025 preveía un aumento escalonado en cuatro etapas, a perfeccionarse a lo largo de los próximos tres años, para arrimar los salarios de la Justicia de Córdoba a los que paga la Justicia Federal. Para las categorías iniciales, ese aumento representó una mejora inmediata del 4,16 por ciento.
El problema es que la ley 11.087 autorizó al Ejecutivo a elevar los aportes de los estatales a la Caja de Jubilaciones entre un 4 y un 8 por ciento, dependiendo de sus ingresos, y esto causó un profundo impacto en el sindicato que conduce Corteletti, ya que la mayoría de los judiciales de menores remuneraciones se encontraron, en junio, con un aumento del 4,16 por ciento después de un extenso conflicto, y seis meses después, con un cambio legal que anuló esa mejoría. De hecho, para los judiciales de mejores salarios como para los funcionarios y magistrados, la ley 11.087 generó un perjuicio todavía más profundo.
Además, la progresividad de los aportes extraordinarios impuestos por la reforma genera que el universo de judiciales que queda a salvo de ellos se reduzca mes a mes. En un principio eran 2.500, el mes pasado rondaron los 1.700, y el mes próximo serían 1.500, según los cálculos del sindicato.
De ahí el resurgimiento de la conflictividad en el gremio, que se da en dos frentes. Por un lado, con el Ejecutivo Provincial, reclamando la derogación de la ley 11.087, y por el otro con el TSJ, pidiéndole una mejoría en la situación salarial de los empleados que los devuelva, al menos, a la situación previa a la sanción de aquella ley por vía de una mejora en las condiciones salariales.
En el primero de ellos, la participación del AGEPJ es de gran importancia. Junto al SUOEM, Bancarios y Luz y Fuerza, los empleados judiciales son los más afectados por la Reforma Previsional de Llaryora, y como tales, tienen una participación continua en los reclamos, tanto legales, instando acciones de amparo ante la Justicia Provincia, cuanto gremiales, con movilizaciones, caravanas, y hasta la instalación de una carpa itinerante, a lo largo la semana pasada, para visibilizar el reclamo.
En el segundo, con un plan de acción votado en asambleas extraordinarias que ha roto la paz con la que el oficialismo esperaba contar por tres años tras la firma del acuerdo de equiparación, el año pasado, entre el gremio y el TSJ.
Ese plan de acción ya conllevó, la semana pasada, el retiro anticipado de los puestos de trabajo en una jornada, y esta semana se profundizará con un paro de 36 horas a partir de las 12am del próximo miércoles, con especial impacto en las unidades judiciales.
Como el resto de los gremios estatales, Judiciales presenta un esquema interno donde el oficialismo domina, pero la oposición gana territorio. A lo largo del extenso conflicto de 2025, un conjunto de autoconvocados ganó protagonismo, y parte de esa masa crítica se condensó en “La Judicial”, una agrupación que nuclea a empleados judiciales de distintas ideologías y filiaciones partidarias. La Judicial y Alternativa 16N son las dos agrupaciones que integran la oposición, frente a Confluencia, el oficialismo que conduce Cortelletti.
El 7 de mayo, Judiciales concluirá el proceso de renovación de cuerpo de delegados en los que el oficialismo ha mantenido, en líneas generales, su representación, y “La Judicial” ha crecido, fundamentalmente, sobre los márgenes de Alternativa 17N. Será el último test electoral antes de las elecciones que renueven la conducción del sindicato, el año próximo.
En el marco de la negociación con el TSJ, Confluencia y Alternativa 17N presionan para conseguir un adelanto de los tramos que planteó el acuerdo de equiparación, para compensar los efectos de la Reforma Previsional provincial, mientras que La Judicial ve la coyuntura como una oportunidad para desechar ese acuerdo –que no fue bien recibido por buena parte de los judiciales- e ir por un reclamo más ambicioso.
