Yanina Soria
Federico Zárate es, quizá, de los intendentes que más le dolió perder a la UCR Córdoba. Al menos, así lo admiten los correligionarios puertas adentro. Gobierna la ciudad de Jesús María, cabecera del populoso departamento Colón, y transita su primer mandato; en la renovación dirigencial del centenario partido resultaba una pieza atractiva.
Sin embargo, hace unos meses decidió ponerse la peluca. En la seguidilla de dirigentes boina blanca que buscaron refugio en el espacio político que conduce el presidente Javier Milei, Zárate fue recibido con todos los honores por el propio Gabriel Bornoroni, el jefe espiritual de La Libertad Avanza en Córdoba. Afiliado ya al partido violeta el alcalde de la capital de la Doma y Folklore armonizó de lleno su programa de gobierno con el modelo nacional.
De hecho, esa sintonía que reconoció tener desde el minuto cero fue una de las razones por las que decidió ponerse la camiseta del presidente que, precisamente, en su ciudad vivió uno de sus momentos populares más altos este año cuando fue ovacionado en el Festival donde cantó con el Chaqueño Palavecino.
Y en ese alineamiento con el proyecto libertario, la seguridad es un punto sobresaliente y relevante para proyectar la imagen de orden y recuperación del control ciudadano que Zárate busca. La política municipal en esa materia resuena fuertemente con un electorado que en octubre del año pasado respaldó categóricamente la lista legislativa del presidente.
Por eso, la semana pasada el municipio lanzó oficialmente el Plan Local de Seguridad 2025–2027, una hoja de ruta diseñada para consolidar a Jesús María como “una ciudad segura, inteligente y transparente, con políticas públicas modernas, sostenidas y medibles”. Según explicaron las autoridades, el programa surge de un diagnóstico que analizó características demográficas, urbanas, sociales y delictivas de la ciudad, identificando problemáticas prioritarias como violencia intrafamiliar y de género, ruidos molestos, estafas telefónicas, robos, hurtos, consumos problemáticos y economías ilegales.
El plan se complementa con la emergencia vial sancionada por ordenanza en diciembre del año pasado, que le permitió al municipio avanzar con un régimen sancionatorio especial, que prevé el uso de imágenes a través de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo municipal. Según la información oficial del municipio, de marzo hasta acá, se secuestraron más de 100 moto vehículos que incumplieron la norma. En ese nuevo marco, las multas son severas, plantean tolerancia cero para transgresiones como conducir alcoholizado, las picadas y otros tipos de conductas inapropiadas al volante; los montos van desde los dos a los seis millones de pesos, llegando en algunos casos a los 10 millones.
Incluso, ese régimen sancionatorio también prevé en el caso de los reincidentes el retiro definitivo y el secuestro definitivo de los vehículos como así también una quita de los servicios que presta el municipio para quien repita las contravenciones.
Y en esa línea de “mano dura” que viene aplicando el municipio, desde la semana que viene el municipio implementará otra medida polémica: aquellos vecinos con sanciones severas que no puedan afrontar por el alto costo que supone, pagarán el 50% del valor de la multa y el otro 50% se devolverá con trabajo comunitario, principalmente el barrido de calles, con chalecos que dirán que son infractores de la ordenanza de emergencia vial.
Este fin de semana hubo un operativo cerrojo donde secuestraron 32 motos y 11 autos que, por su despliegue, resonó fuerte en la ciudad. Según dicen desde la intendencia, los vecinos aprueban y demandan esa línea de acción por lo que la política ene seguridad seguirá por allí.
