Carolina Biedermann
El bloque de la Union Cívica Radical en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba decidió subir el volumen en su perfil opositor y ordenar una agenda propia sobre tres ejes calientes de la gestión municipal: guardia urbana, regulación de los “naranjitas” y el futuro del sistema de alumbrado público, con reclamo al SUOEM.
La postal más reciente de esa estrategia se vio este martes, cuando la comisión de Servicios Públicos —clave para avanzar en la regulación del sistema de cuida coches— no se reunió pese a que el tema corre contrarreloj: el cuerpo tiene 30 días para presentar la ordenanza que regule el tema en la capital. La convocatoria llegó, finalmente, para el jueves por la tarde, pero con preguntas internas: ese mismo día estaba prevista una visita de los concejales a la base operativa de la Guardia Urbana, una actividad que por ahora se presume que pasará para más adelante.
La recorrida por el centro operativo de la guardia urbana tenía un trasfondo político luego de que el exdiputado nacional Rodrigo De Loredo saliera con un video a cuestionar este servicio de seguridad municipal, proponiendo eliminar la Guardia Urbana.
La ofensiva no quedó en las declaraciones y en el plano institucional, el bloque radical avanzó con un proyecto de ordenanza para derogar el marco normativo que sostiene a la fuerza municipal. La iniciativa lleva la firma de los ocho concejales de la UCR, encabezados por Elisa Cafaratti, a la que se le sumó el respaldo de Soher El Sukaria y además del acompañamiento del bloque del Frente Cívico.
Así, el radicalismo busca forzar un debate de fondo sobre la política de seguridad local, abriendo un nuevo frente de tensión con el oficialismo. “La Guardia Urbana expresa una lógica de marketing y no de resultados”, disparó De Loredo, quien además cuestionó el costo del dispositivo y su falta de herramientas reales para combatir el delito.
Desde el bloque, la jefa de bloque radical recogió el guante: “Impulsamos la derogación del decreto de creación porque el desempeño está a la vista”, sostuvo Caffaratti.
Sin embargo, el foco inmediato se corrió. La regulación de los naranjitas se metió de lleno en la agenda y la vista posterga esta discusión, al menos por el corto plazo.
El tercer frente de conflicto, no menor, es el alumbrado público. En las últimas semanas, el gobernador Llaryora y el intendente Passerini anunciaron un plan de reconversión del sistema lumínico, con una inversión de $37.500 millones y ejecución en 25 meses, en conjunto con EPEC.
El dato político está en la letra chica: la empresa provincial pasará a tener un rol central en un servicio históricamente municipal. En la UCR encendieron alertas por el traspaso y por las zonas grises que, aseguran, aún no fueron aclaradas.
Caffaratti cuestionó la falta de precisiones sobre el destino de unos 100 trabajadores municipales del área de alumbrado público que aún no ha sido aclarado. “No se informó qué va a pasar con el personal”, remarcan en el bloque, donde también subrayan otro silencio que consideran sugestivo que es el del sindicato de municipales, nucleados en el SUOEM, que hasta ahora no fijó posición.
