La CGT Río Cuarto comienza a dar señales de una mejor sintonía con el gobierno provincial. Tras el encuentro entre el gobernador Martín Llaryora y distintos representantes de la Confederación General del Trabajo, la central local valoró el espacio de diálogo con el mandatario (aunque también utilizaron el espacio para poder marcar algunas diferencias “de forma”).

El motivo de la reunión apuntó al abordaje de la situación del empleo y el impacto de la recesión económica en la provincia. Desde allí, el Panal pudo exhibir el pago del incentivo docente o del subsidio a las empresas de transporte para garantizar el sostenimiento del servicio. “De lo contrario, muchas empresas habrían cerrado, dejando a compañeros sin trabajo”, fue una de las conclusiones del encuentro.

La actual conducción de la CGT Río Cuarto se ha caracterizado por ser orgánica al peronismo cordobés pero sin dejar de marcar diferencias con el Panal frente a distintas medidas. Semanas después de la aprobación de la Ley de Equidad Jubilatoria, Tosto había sido crítico del proyecto y lo calificó como “una burrada”. No obstante, aseguran que el planteo apuntó a las formas. “Había más de 50 mil jubilados que cobraban la mínima y ahora están cobrando el 82% y eso se reconoce. Sabemos también que, si la Provincia no pone la plata que no manda Nación, tampoco se podría. Pero en su momento planteamos que no estábamos de acuerdo con la forma en que se trató el tema y que debería haberse conformado una mesa de diálogo con los gremios estatales”, consideraron desde la central.

Otro de los aspectos en los que la CGT Río Cuarto había sido crítica fue el apoyo de algunos diputados del cordobesismo a la Reforma Laboral. “Eso lo hemos planteado pero sin dejar de reconocer los aportes de la provincia en aspectos como el incentivo docente, la salud, la educación. Reconocemos que hay un acompañamiento de la Provincia. Y particularmente en Río Cuarto, el gobernador resaltó el aporte de la Circunvalación que genera más de 1000 puestos de trabajo”, comentó el triunviro Ricardo Tosto.

“Podemos coincidir o no en algunas metodologías pero está claro que la Provincia está teniendo cercanía con el pueblo trabajador. Más allá de las diferencias, creo que lo positivo de este encuentro, en la previa al 1 de mayo, es la amplitud del gobernador de sentarse junto a las otras regionales de la Provincia. Esto era un pedido que veníamos haciendo hace tiempo”, comentó el dirigente sanitarista a Alfil.

 Por supuesto, más allá del análisis de la coyuntura actual en el sector del trabajo, la reunión fue un gesto de cara a la construcción política del 2027, en el que Martín Llaryora buscará su reelección frente a una oposición que podría compactarse. La foto de los dirigentes sindicales y el mandatario provincial evidenció que el sindicalismo tendría un lugar en el proyecto que encarará Llaryora hacia el año que viene. El compromiso fue sostener las instancias de diálogo y “no perder fluidez” en el vínculo. Además, el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, se habría comprometido a visitar las distintas regionales del interior provincial.

La CGT Río Cuarto parece haber limado algunas asperezas en este diálogo directo con el gobernador y dio señales de lealtad en un año clave para que el PJ provincial garantice la contención de todos los sectores, incluyendo el movimiento obrero.

Río Cuarto, presente en la mesa provincial para el análisis de la narcocriminalidad

El secretario de Prevención y Convivencia de Río Cuarto, Rafael Filippa, participó de la conformación de la Mesa Provincial Interinstitucional para el Análisis de la Narcocriminalidad, un espacio estratégico impulsado por el Gobierno de Córdoba para fortalecer la lucha contra el crimen organizado. 

El encuentro se desarrolló en el Centro Cívico del Bicentenario, en la ciudad de Córdoba, y contó con la presencia del gobernador Martín Llaryora, quien encabezó la jornada y ratificó “el compromiso del Estado provincial en la implementación de políticas públicas orientadas a combatir la narcocriminalidad”, señalaron desde el gobierno local.

 La mesa se constituye como un ámbito permanente de articulación interinstitucional. Desde el Ejecutivo Municipal remarcaron que el organismo busca consolidar una respuesta estatal coordinada y basada en evidencia. En ese marco, se prevé la implementación del Índice Provincial de Narcocriminalidad, una herramienta que integrará variables criminales, territoriales y socioeconómicas para realizar mediciones temporales, mapear zonas de riesgo, detectar alertas tempranas de nuevas modalidades delictivas, unificar datos de múltiples organismos y evaluar el impacto real de las políticas públicas de seguridad. 

La jornada reunió a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia. Entre ellos, el presidente de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas; el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López; el fiscal General, Carlos Lezcano; y autoridades vinculadas a la gestión penitenciaria y la lucha contra el narcotráfico, como Nadia Fernández, Leandro Goria e Iván Ortega, junto a fiscales generales adjuntos, defensores y magistrados especializados.

También participaron autoridades de las fuerzas de seguridad y control, incluyendo representantes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y del Servicio Penitenciario, así como referentes municipales de distintas ciudades, entre ellas Córdoba Capital, Villa María, San Francisco y Río Cuarto. 

“Este ámbito permanente permite analizar, anticipar y abordar de manera estratégica el narcotráfico y el crimen organizado, a partir de información integrada y evidencia. Con el trabajo articulado entre organismos del Estado, la Justicia, las Fuerzas de seguridad, gobiernos locales y la academia, avanzamos hacia una toma de decisiones más eficientes, con intervenciones focalizadas en los territorios de mayor riesgo.Impulsamos así un enfoque distinto: de la reacción a la prevención, con un Estado más inteligente, coordinado y presente”, manifestó el ministro de Justicia. 

El encuentro contó además con la presencia de representantes del ámbito académico y de organismos estratégicos, como el COPEC, universidades públicas y privadas, observatorios de seguridad y organizaciones especializadas, quienes aportarán al análisis y desarrollo de políticas públicas basadas en datos.