Carolina Biedermann
La conmoción generada por el crimen de Agostina Vera terminó enroscando a la dirigencia política en una situación incómoda, auto infringida. Entre el impacto social, la sensibilidad del caso y una investigación todavía en desarrollo, parte de la oposición decidió meterse en la discusión y politizar un crimen que alcanzó alto impacto nacional. Hasta antes del caso de Agostina, La Libertad Avanza había decidido no pronunciarse en temas criminales, sobre todo en aquellos atravesados por la violencia de género.
Esta causa nacionalizada marcó un giro y la definición llegó de la mano de Gabriel Bornoroni, jefe de bloque de La Libertad Avanza en diputados, atravesada por una lectura política, no sólo por lo que dijo, sino porque decidió hablar (en redes). Tal vez, empujado por el pronunciamiento de todo el arco opositor local, que lo empujó a fijar posición, o por la exposición masiva del caso con epicentro en su provincia.
En la estructura de La Libertad Avanza, donde la comunicación suele estar cuidadosamente administrada, la voz de Bornoroni difícilmente pueda interpretarse como una opinión aislada. Su intervención, según se conoce, funciona como una bajada política habilitada desde la Nación hacia Córdoba, y en este caso no hubo un mensaje neutral.
En La Libertad Avanza, además, existió otra particularidad. Durante gran parte del fin de semana hubo expresiones individuales de dirigentes y militantes, pero no aparecía una posición institucional reconocible. La voz del diputado, marcó una línea de posición general.
Bornoroni puso el foco sobre el garantismo judicial, cuestionó que el principal sospechoso hubiera recuperado la libertad pese a estar imputado en otra causa, apuntó contra el fiscal que interviene en la investigación y cargó contra el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Rozó muy por encima el sistema de militancia sindical, omitió el vínculo con el fútbol y en su recorrido, el destinatario central fue el gobierno provincial.
En este contexto, se metió de lleno con el flagelo de la seguridad, que se ha convertido en uno de los principales terrenos de confrontación de la oposición.
La publicación del diputado nacional deja entrever, además, un cambio de enfoque que lo diferencia del resto. Allí, donde otros sectores pusieron el eje en la violencia contra las mujeres y en los mecanismos de prevención, el libertario encuadró el caso como una discusión sobre impunidad, inseguridad, garantismo y funcionamiento de la Justicia, y evitó tocar el tema que es sensible para el gobierno de Milei, quien mantiene una postura de rechazo a la "ideología de género", tema al que considera como parte de un adoctrinamiento del marxismo cultural. La cara de la otra moneda, para el universo libertario, en este caso, terminó siendo la izquierda, y en Córdoba, el MST.
Sin embargo, la intervención de Bornoroni también confirma algo más profundo. El caso dejó de ser únicamente una investigación judicial. La magnitud del hecho, la indignación social y las preguntas que todavía siguen abiertas terminaron arrastrándolo hacia el terreno político.
Pero cuando la política se mete de lleno en una causa de alto impacto público, las responsabilidades institucionales pueden empezar a mezclarse con la lógica de la disputa partidaria. Los gobiernos buscan defenderse. Las oposiciones intentan encontrar costos y responsables. Y cada declaración se vuelve parte de una batalla más amplia, que en este caso acaba de empezar.
Nada de eso debería hacer perder de vista el punto central. Porque detrás de los comunicados, de las acusaciones cruzadas y de la inevitable pelea política, hay una niña asesinada y una pregunta que atraviesa a buena parte de la sociedad cordobesa, que tiene que ver en si existían antecedentes, advertencias o elementos suficientes para encender alarmas, entre tantas más.
