En un escenario marcado por la transformación digital y la urgencia de respuestas eficientes, el ejercicio de la abogacía atraviesa una profunda reconfiguración. Ante esto, el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Bittar, advierte que el impacto de la coyuntura económica sobre la demanda de servicios legales y la irrupción de la Inteligencia Artificial obligan a las entidades profesionales a recalibrar su rol. Desde la institución, la agenda prioritaria combina la defensa gremial ante la crisis con una fuerte apuesta a la modernización tecnológica y la contención de los jóvenes matriculados.
En este marco, el Colegio trabaja en promover una agenda centrada en adecuar el ejercicio de la abogacía a los nuevos paradigmas tecnológicos y económicos. En diálogo con Diario Alfil, Bittar analizó la actualidad de la abogacía y los profundos desafíos que enfrenta la actividad profesional.
—¿De qué manera la irrupción de la Inteligencia Artificial está reconfigurando el trabajo cotidiano en los tribunales y los estudios jurídicos?
—La tecnología y la inteligencia artificial ya no son herramientas del futuro, sino del presente absoluto. Reconfiguran la práctica profesional porque alteran los tiempos de redacción, la búsqueda jurisprudencial y la estrategia de gestión de cada estudio. Frente a esto, la capacitación técnica y la formación continua dejaron de ser un valor agregado opcional; hoy son una necesidad directa para sostener la competitividad y la eficiencia en el ejercicio diario. Resulta indispensable que el abogado incorpore estas herramientas aplicadas al campo jurídico para no quedar relegado ante la demanda de los clientes y la dinamización de los tribunales. Quien no se adecúe a estas tecnologías corre un riesgo real de estar marginado profesionalmente.
—¿Qué herramientas concretas impulsa el Colegio para acompañar a los matriculados frente a la coyuntura actual?
—La institución tiene que estar presente donde el profesional más lo necesita en su día a día. Ante la complejidad del contexto, reforzamos fuertemente la oferta formativa y hemos alcanzado más de 200 cursos orientados a ejes clave como litigios constitucionales, inteligencia artificial aplicada al Derecho y educación financiera para la gestión del estudio, todo esto mientras mantenemos una postura que busca la protección de los honorarios. Además, presentamos un programa de padrinazgo profesional pensado para tender un puente intergeneracional: la idea es que colegas con vasta experiencia acompañen de forma voluntaria y solidaria a quienes recién se matriculan durante su primer año de ejercicio, brindándoles orientación práctica e integración en el fuero.
—¿De qué manera buscan achicar la brecha entre la formación universitaria y el ejercicio real en los tribunales?
—Históricamente existió un distanciamiento evidente entre la teoría que se enseña en las aulas y la práctica cotidiana del fuero, una brecha que se hace sentir fuertemente al momento de gestionar el primer cliente, negociar o litigar en audiencias. Por eso, además del esquema de padrinazgo, desde el Colegio impulsamos iniciativas concretas como algo que llevaremos adelante en octubre: el concurso de alegatos y programas de inserción laboral para que el graduado adquiera destrezas reales de litigación y desarrollo profesional desde el primer momento.
—¿Cómo influye la crisis económica que se percibe en la calle sobre la demanda de servicios legales?
—Se advierte una retracción clara en la contratación de servicios jurídicos. La crisis impacta de manera directa en aquellos fueros donde la actividad económica suele marcar el ritmo de trabajo, como ocurre en el derecho laboral o comercial, donde se registra una caída visible en el volumen de consultas y litigios. En contraposición, áreas como el fuero penal o el de familia muestran un incremento de casos. Frente a este panorama de retracción, nuestra postura institucional es la defensa firme de la dignidad de los honorarios y el acompañamiento con capacitación masiva accesible para sostener el trabajo de la matrícula.
—¿Qué opinión tiene usted como Presidente del Colegio de Abogado de las críticas recurrentes que se le realizan al funcionamiento del sistema de justicia?
—Las críticas responden en gran medida al choque directo entre lo que la sociedad exige y los tiempos que el sistema puede ofrecer. Vivimos en una época atravesada por la inmediatez, donde se pretenden soluciones instantáneas para conflictos complejos; sin embargo, el proceso judicial tiene tiempos, etapas y garantías que deben resguardarse inexorablemente. El desafío central que compartimos tanto el Poder Judicial como la abogacía es construir un servicio ágil, moderno y eficientizado a través de la tecnología, pero sin que esa búsqueda de celeridad menoscabe jamás las garantías procesales ni el derecho de defensa de las partes.
