Felipe Osman
El desolador hallazgo del cuerpo de Agostina Vega ha eclipsado la agenda cordobesa, trascendiendo por largo las páginas policiales para instalarse en el centro del debate político.
En esa arena, entre muchos otros se pronunciaron Luis Juez y Rodrigo de Loredo, desde el Frente Cívico y la UCR. El primero adelantando que pedirá el jury del fiscal Raúl Garzón y la renuncia del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros. El segundo agregando también el jury del fiscal que actuó en la causa que Barrelier arrastraba desde mediados del año pasado.
Entre las acusaciones del líder del Frente Cívico, las hubo de dos naturalezas. Contra Quinteros, el espacio señaló una falta difícil de interpretar. El tuit requiere su renuncia “por incompetente”, sin explicar en qué acción u omisión concreta trasluciría esa cualidad. Lo que habría incordiado al senador sería el bajísimo perfil del ministro durante la investigación. Perfil que no se condice con las habituales apariciones mediáticas del funcionario. En suma, acusación netamente política de la que, prima facie, no se advierte mayor sustancia.
La otra, dirigida a Garzón, sí tendría -según el Frente Cívico- un basamento legal estricto vinculado al actuar del fiscal en el caso. El problema es que, hasta ahora, ese sustrato no ha sido compartido por el bloque, que asegura estar estudiando la situación para presentar un pedido de jury fundado en la Legislatura.
En rigor, el actuar de Garzón podría encontrar un punto débil si se corrobora que entre la ampliación de la denuncia que aportó el dato de Barrelier como último contacto de Agostina y su detención y allanamiento medió un considerable espacio de tiempo. Pero este detalle sólo se conocerá cuando el expediente pueda ser auditado. Entonces no habrá demasiados márgenes de interpretación. Procedimientos de esta naturaleza están estrictamente protocolizados.
En cualquier caso, los tiempos de la Justicia jamás acompañarán a los vertiginosos zigzagueos de la política, y ningún político de raza perderá por ello la oportunidad de asestar una estocada efectiva a su adversario.
Sin embargo, vale analizar otros costados. Y quizá hasta advertir flancos incluso más sensibles en el actuar del Gobierno y de la Justicia.
El fin de semana en que ingresó la denuncia (sábado) estuvo precedido y sucedido por paros en la Justicia que tuvieron especiales niveles de adhesión en las unidades judiciales de la capital. Todo, en el marco de un conflicto que ya acumula al menos seis jornadas de paro e innumerables manifestaciones. El servicio de Justicia integralmente considerado está resentido, y las autoridades no parecen haber extremado esfuerzos por resolverlo. Será un aspecto a tener en cuenta a la hora de calcular por qué hubo demoras, si es que las hubo.
Desde las fiscalías, además, advierten que se trabaja con recursos muy limitados, y muchas veces orientados más a “hacer número” logrando condenas express en delitos menores que a robustecer políticas de persecución penal contra delitos graves.
Pero ni Juez ni De Loredo hablaron de esto.
De Loredo sí afinó más la puntería y pidió el jury de Iván Rodríguez, el fiscal que un año atrás intervino en el antecedente de Barrelier por privación ilegítima de la libertad y no encontró mérito acusatorio para llevarlo a juicio. Recientemente se dieron a conocer, en la prensa, testimonios que habrían complicado muchísimo al acusado en esa investigación. Resta saber si esa prueba constaba en el expediente.
Fuera del capítulo judicial, pero en el núcleo de la cuestión política, hay otro flanco que la oposición hasta ahora no ha golpeado con determinación, más allá de algún pedido de informe solicitado por el bloque radical. ¿Por qué el acusado era empleado municipal?
Nadie ha dicho cuáles eran las aptitudes especiales que el acusado tenía, ni cuáles eran las necesidades apremiantes en virtud de las cuales la Municipalidad decidió contratarlo -sin concurso previo- cuando todavía regía en receso administrativo por la pandemia. Y probablemente nadie lo hará.
No sorprende. En cuanto al reparto de contratos, becas y monotributos, ningún espacio político lleva demasiado lejos las acusaciones, porque ninguno está en reales condiciones de arrojar la primera piedra.
