Bettina Marengo
Con el tremendo femicidio de Agostina Vega ya constatado y en una nueva etapa de la investigación judicial, Martin Llaryora quiere dar muestras de regreso a la calma con anuncios de gestión y vuelta de página tras una semana horrenda. No será tan fácil. La oposición abandonó el silencio apenas se hallaron los restos de la niña para pedir renuncias y castigar allí donde el hecho dejó una herida abierta en la sociedad, y aunque el gobierno recuerda que ni el crimen policial de Blas Correas, ni la tragedia que protagonizó Oscar González ni los bebés asesinados en el Neonatal hicieron de verdad mella en la valoración del oficialismo, hay presunción de daño. Anoche, sin foto y sin comunicado, el gobernador y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, recibieron en el Panal a los abuelos maternos de Agostina, Elizabeth y Miguel. El sábado, el día del hallazgo del cuerpo, el hombre había insultado a Quinteros ante los medios de todo el país. Ayer al finalizar el encuentro dijo que en la charla las autoridades pidieron “perdón” por no haber estado presentes con la familia durante la investigación. Control de daños frente a un Luis Juez, un Rodrigo de Loredo y un Gabriel Bornoroni y, en la vereda política opuesta, la izquierda y el movimiento de mujeres, que van por los jurys y la caída del ministro con acusaciones de corrupción peronista y falta de perspectiva de género.
En principio, este lunes el mandatario iba a encabezar el relanzamiento del programa laboral para mayores de 26 años, pero se pasó para el jueves, un día después de la marcha del #NiUnaMenos que se se realizará el miércoles 3 de junio.
La Asamblea #NiUnaMenos que integran partidos de izquierda, espacios y organizaciones feministas y agrupaciones de víctimas de violencias de género va a pedir la renuncia del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y el jury del fiscal de la causa, Raúl Garzón. Es posible que amplíen el pedido de jury al fiscal Ivan Rodríguez, que el año pasado dejó en libertad al acusado del crimen, Claudio Barrelier, a los veinte días de haber sido imputado por privación ilegítima de la libertad en contra de una mujer mayor de edad. Los pedidos de renuncia y jury serán presentados hoy en la Legislatura de Córdoba como preludio de una marcha que las organizadoras adelantan será masiva y con críticas a Llaryora, Quinteros, la Justicia y también al presidente Javier Milei por la desarticulación de toda política de género y por la negación de los femicidios. La marcha está convocada para el miércoles a las 18 en Colón y Cañada, para llegar al Patio Olmos donde está previsto armar una carpa. Están invitadas las madres y familias de víctimas de femicidios y es posible que asista algún familiar de Agostina. La fiscal Lourdes Quagliati reemplaza al fiscal De Aragón, que habitualmente está a cargo del control de la vía pública pero nadie imagina cumplimiento de protocolos.
En el gobierno admiten el impacto. Creen que Garzón empeoró las cosas con su exposición soberbia y destemplada del sábado en el subsuelo de Tribunales II, y asumen que salió a hablarle “a los otros fiscales” en una especie de exhibición de la supuesta celeridad con que desentrañó el caso, aunque Agostina estuviera muerta. Por ahora, nada indica que Llaryora vaya a soltarle la mano a Quinteros, menos tras el pedido de renuncia que hizo Luis Juez, pero el sanfrancisqueño no es Milei con Adorni, y va a sopesar los costos. Quinteros se mostrará activo y en funciones. La idea fuerza a sostener por el oficialismo es que la investigación es de la Justicia, que el ministro y la Policía provincial son “auxiliares” que respondieron a todas las necesidades, órdenes y requerimientos del fiscal. Se saldrá a remarcar un dudoso concepto de “crimen de orden privado” que no es equivalente a inseguridad y está la idea de dar datos como que este año se denunciaron más de 500 desapariciones de personas en Córdoba, que la mitad son menores y que una ínfima parte tiene el desenlace de Agostina. Difícilmente eso calme a los vecinos que están pidiendo presencia estatal y responsabilidad de los funcionarios a cargo en todo lo que tenga que ver con peligro en las calles.
Llaryora se mantuvo lejos de las cámaras y micrófonos. Las fotos del imputado Barrelier con el intendente Daniel Passerini, el concejal Ricardo Moreno (que lo hizo ingresar como becario a la Municipalidad) y otros referentes del PJ Capital preocupan pero no escandalizan al Panal, quizás porque naturalizan el punteraje. En el Panal algunos interpretan que la nacionalización del caso pudo ser algo orquestado para horadar al gobierno en tiempos preelectorales, y mencionan con sorpresa la cantidad de medios nacionales o porteños haciendo la cobertura, desconociendo o queriendo desconocer que las características del hecho son particularmente mediáticas. Los más osados del llaryorismo hablan de “operación” no tanto de la oposición local, a la que acusan de “caranchear”, como de alguna célula libertaria organizada directamente desde Buenos Aires. La semana para el Panal será larga.
