Felipe Osman
Si el sábado fue un día de espanto y el domingo, de congoja, el lunes fue sin lugar a dudas un día de hiperactividad política, en el que la oposición avanzó para imponer un significado al duelo, bajo la apuesta de desplazar la mirada social de un hecho criminal hacia una interpretación más elaborada, aunando cuestionamientos a la Policía, el Ministerio Público Fiscal, la Justicia y, finalmente, o el Gobierno en su conjunto.
A su turno, Rodrigo de Loredo y Luis Juez lanzaron duras críticas a los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez, promoviendo sendos jurados de enjuiciamiento en su contra, y reclamaron también la renuncia del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros.
En el caso de Garzón, las dudas están puestas sobre las demoras que habrían existido para tomar la denuncia a la madre de la víctima, primero; para ordenar la detención y allanamiento de Barrelier, en segundo término; y para concretar todas las medidas investigativas sobre el lugar del hecho, finalmente.
En el de Rodríguez la acusación es más categórica, y apunta a las deficiencias que podrían haber existido en la investigación que no encontró mérito acusatorio (en palabras de Garzón) para llevar al asesino a juicio por un hecho previo de privación ilegítima de la libertad.
En cuanto a Quinteros, la imputación es política: no señala una responsabilidad causal, sino que busca la separación del ministro de su cargo por ser la cabeza de un sistema de Seguridad presuntamente ineficiente.
Pero el hecho de primera significación política no son estas acusaciones en sí, sino la foto de toda la oposición unida detrás del mismo pedido. ¿Qué alcance cabe asignarle?
En sociología, la escuela del interaccionismo simbólico catalogaría los efectos del aberrante crimen de Agostina Vega como un “shock moral”, un acontecimiento que conmociona a la sociedad en términos morales, generando una reacción emocional que obliga a las personas a tomar posición.
En palabras más llanas, el oficialismo perdió el control de la agenda, el crimen impuso un tema diferente de conversación, y la oposición tomó la delantera desplazando el cuestionamiento del hecho individual hacia las fallas del sistema que lo habrían hecho posible (falta de condena de Barrelier por el primer hecho) o que habrían demorado su esclarecimiento (presuntas falencias en la instrucción de la investigación).
El oficialismo, además de quedar parado, en soledad, en la ingrata tarea de defender una gestión Judicial y de Seguridad que no pudo evitar el crimen, ofreció además varios flancos débiles a aprovechar por la oposición: claras fallas en la comunicación de Garzón -que propuso condecorar a un can en medio de la conferencia-; alguna falta de atención reclamada por la familia de la víctima a Quinteros; y, por sobre todo, los lazos que el culpable tenía con el peronismo, como militante de las 62 Organizaciones Peronistas y empleado de la Municipalidad de Córdoba.
Un combo ideal para la oposición, capaz incluso de condicionar a aquellos que no tuvieran la íntima convicción de salir a esmerilar al oficialismo, pero que temieran quedar parados en la acera incorrecta.
La pregunta que más debiera inquietar al Centro Cívico es si se trata de una circunstancia pasajera o si la foto de unidad se puede proyectar más allá de la coyuntura. Si puede ser el inicio de algo que trascienda el presente inmediato. Si, a partir del crimen, la oposición puede llevar el pulso de los acontecimientos hacia un escenario de crisis de confianza institucional que genere daños permanentes a la imagen del oficialismo.
Por ahora no hay respuesta. Todos los ministros levantaron sus agendas, y el Gobierno aguarda con cautela ver cómo evoluciona el asunto. Tachando días hasta que empiece el Mundial.
