Felipe Osman
El sindicato de Empleados del Poder Judicial resolvió ayer, en Asamblea Extraordinaria, dos paros. El primero, por 60 horas, desde el mediodía de hoy hasta las 24 del viernes. El segundo, de 72 horas en el interior (lunes, martes y miércoles), y 60 en capital, iniciando a las 12 del miércoles 10 de mayo hasta las 24 del viernes 12 de mayo.
La medida, de la que cuesta encontrar precedentes, pondrá en vilo el funcionamiento del sistema judicial cordobés en un momento de particular sensibilidad. El reclamo es conocido, pero vale la pena un breve repaso.
En 2025, después de meses de medidas de fuerza, descuentos, asambleas y movilizaciones, el TSJ llegó a un acuerdo con AGEPJ, consistente en un programa progresivo de equiparación salarial de los judiciales provinciales con sus pares de la Justicia Federal, a desarrollarse a lo largo de tres años. El problema fue que luego la Reforma Previsional provincial terminó neutralizando los beneficios alcanzados, e incluso revirtiéndolos para los judiciales mejor posicionados en la pirámide salarial.
El acuerdo firmado en junio de 2025 preveía un aumento escalonado en cuatro etapas. Para las categorías iniciales, ese aumento representó una mejora inmediata del 4,16 por ciento. Pero en diciembre del año pasado la “Ley de Equidad Jubilatoria” autorizó al Ejecutivo a elevar los aportes de los estatales a la Caja de Jubilaciones entre un 4 y un 8 por ciento, dependiendo de sus ingresos. Esto causó un profundo impacto en el gremio, ya que la mayoría de los judiciales de menores remuneraciones se encontraron, en junio, con un aumento del 4,16 por ciento, y seis meses después, con un cambio legal que anuló esa mejoría. Para los empleados jerarquizados, el impacto fue todavía peor.
Además, la progresividad de los aportes extraordinarios autorizados por la ley 11.087 hace que el universo de judiciales que queda a salvo de ellos se reduzca mes a mes. Y es precisamente ese factor el que determinó el resurgimiento de la conflictividad en el gremio, que se da en dos frentes. Por un lado, con el Ejecutivo Provincial, reclamando la derogación de la ley 11.087, y por el otro con el TSJ, pidiéndole una mejoría en la situación salarial de los empleados que los devuelva, al menos, a la situación previa a la sanción de aquella ley por vía de una mejora en las condiciones salariales.
La semana pasada hubo una novedad de primera relevancia en el primero de esos frentes: el TSJ resolvió, en el marco del expediente “Carri c/ Caja de Jubilaciones”, ordenar a la Caja reducir del 8 al 6 por ciento la alícuota de descuento adicional que afectaba el haber del actor. En palabras llamas: la Justicia limitó los aportes extraordinarios que la Legislatura autorizó.
En la asamblea extraordinaria de ayer, ese fallo fue ampliamente discutido. Sin embargo, nadie sabe cómo podría repercutir la novedad en los recibos de sueldo, si el Ejecutivo acatará la orden del TSJ, o si la reducción de la alícuota del 8 al 6 por ciento se replicará en una reducción similar para quienes hoy aportan 6 o 4 por ciento. (Una digresión: la mayoría de los judiciales aporta actualmente el adicional del 6 por ciento. Solo funcionarios y empleados jerárquicos son alcanzados por la alícuota de 8 puntos).
En el segundo frente -el que Judiciales encara directamente ante el TSJ- no hay ninguna novedad. En tres meses de conflicto no hubo ninguna oferta. Y preocupa, en el sindicato, que tras los últimos dos paros de 48 horas (con gran acatamiento) la patronal no acuse recibo.
Lo que Judiciales espera del TSJ difiere dependiendo de los sectores del gremio. El oficialismo y la oposición articulada por la agrupación Alternativa 17N ven con buenos ojos un adelantamiento de los tramos de equiparación convenidos en 2025 que sirva para compensar la caída del salario. El sector opositor más radicalizado, articulado por La Judicial, no avala este mecanismo y ve en el marco actual la oportunidad de buscar un acuerdo superador al rubricado un año atrás.
Ahora bien, más allá de las fronteras propias de un conflicto gremial, vale la pena poner en perspectiva lo que sucede con el sistema judicial.
Tras el aberrante caso de Agostina Vega, que ha monopolizado la agenda pública de la última semana, los espacios opositores han salido a apuntar duras críticas al accionar del fiscal Raúl Garzón. La existencia o no de irregularidades en su investigación se conocerá recién cuando el jurado de enjuiciamiento abra una investigación -si se alcanza tal instancia- pero, mientras tanto, cabe atender a otras consideraciones, que no ponen en la picota a uno u otro fiscal, sino que se adentran en las deficiencias sistémicas.
En el debate interno del gremio, aseguran que la falta de personal en las unidades judiciales es moneda corriente, al punto de que, en ocasiones, los propios funcionarios deben tomar la posta y recibir las denuncias, procesarlas, dictar las medidas que manda el protocolo y supervisar su ejecución. Algo materialmente imposible. Que en muchas ocasiones los potenciales empleados que han quedado en los órdenes de mérito rehúsan tomar sus cargos al ser convocados por la baja cuantía de los salarios. Y que el establecimiento de prioridades es útil, pero naufraga cuando prioridades y prioridades se amontonan en el mostrador.
La descripción resulta particularmente inquietante si se observa el caso que hoy conmociona a la ciudadanía bajo esta composición de lugar. E invita a evaluar si, más allá del señalamiento de un funcionario en particular, no es el sistema el que está sometido a una presión que sus recursos no le permiten soportar.
