Efecto Agostina: la oposición pide antecedentes penales a los municipales

El impacto por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba recaló hondo en gran parte de la provincia y San Francisco no fue la excepción. El daño colateral que develó la situación del único acusado Barrelier, provocó que los dirigentes de la oposición en el este cordobés recogieran el tema para plantear la necesidad de avanzar con un proyecto local de ficha limpia (históricamente postergado), pero también abrió la puerta para que se discuta la posibilidad de que el Ejecutivo Municipal exija certificado de antecedentes penales a todos los empleados y contratados del municipio.

Es por esto que, en los últimos días, los dos bloques opositores en el Concejo Deliberante insistieron en las sesiones con proyectos que buscan exigir antecedentes penales a los funcionarios, empleados y contratados. Nobleza obliga, el pedido de ficha limpia lo vienen marcando desde hace más de seis años, en su momento el exconcejal de la UCR, Cristian Canalis, lo había pedido, pero el oficialismo le viene esquivando a la cuestión.

En este contexto, la semana pasada, el concejal de Juntos por el Cambio, Marco Puricelli, con acompañamiento de los otros ediles del bloque, presentó un pedido de informe para que el municipio indique si todo personal municipal, bajo la modalidad que sea, se le exige la presentación de certificado de antecedentes penales.

A la vez, el pedido de informe consulta qué procedimientos de verificación y control aplica el municipio respecto de antecedentes penales, incompatibilidades legales o impedimentos para el ejercicio de la administración pública.

Puricelli también solicita que el gobierno local informe si existen personas que registren condenas penales firmes que impliquen inhabilitación para el ejercicio de cargos o funciones públicas, indicando cantidad de casos y medidas administrativas adoptadas.

En los fundamentos, el edil explicó que el fin es “garantizar la transparencia en la gestión pública, fortalecer los mecanismos de control institucional y verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el ingreso y permanencia de personas que prestan funciones en la Administración Municipal”.

Asimismo, agregó que “resulta de interés público conocer si el municipio aplica los controles previstos en la normativa vigente respecto de las personas inscriptas en registros de deudores alimentarios morosos, atento a las restricciones que diversas disposiciones legales establecen para el acceso y permanencia en determinados cargos, contrataciones y beneficios estatales, así como las acciones administrativas implementadas ante la detección de tales situaciones”.

Roffé también

La semana anterior, la concejal de San Francisco Cambia, Cecilia Roffé, también presentó un proyecto de ordenanza que establece la obligatoriedad de presentar certificados de antecedentes penales como requisito previo para el ingreso a la Administración Pública Municipal.

La iniciativa dispone que toda persona que sea designada como funcionario, agente o empleado municipal, sin importar la modalidad de contratación, deberá acompañar, antes del dictado del acto administrativo correspondiente, el Certificado de Antecedentes Penales expedido por la Policía de la Provincia de Córdoba y el Certificado de Reincidencia emitido por el Registro Nacional de Reincidencia. Ambos documentos deberán contar con una antigüedad no mayor a treinta días.

“El objetivo es claro: recuperar la confianza de los vecinos en las instituciones públicas, estableciendo reglas transparentes y exigencias básicas para quienes integran el Estado”, sostuvo la autora del proyecto que se debate en el Concejo Deliberante.

Tema en auge

Pese a que estas iniciativas son presentadas por los bloques opositores, en la mayoría de los casos no siguen curso por potestad del oficialismo, sin lugar a dudas el femicidio de Agostina Vega expuso esta temática en distintos puntos de la ciudad, como así también en la política local. Que como en toda entidad privada, se exija para ingresar al municipio un certificado de antecedentes penales. Por ahora, los proyectos duermen en el cajón de las comisiones donde habitualmente tienen escaso tratamiento.