Carolina Biedermann
Este miércoles se llevará a cabo la reunión de comisión para tratar el proyecto de ley antibúnker. Detrás de una iniciativa que reúne consenso respecto del objetivo, que es el de desarticular inmuebles utilizados para el narcomenudeo y otras actividades criminales, se libra una disputa política por la autoría de una bandera que el oficialismo decidió incorporar a su agenda de seguridad.
La reunión de comisión, convocada para las 10, pondrá sobre la mesa tres proyectos. El primero fue presentado por el radical Oscar Saliba y reunió las firmas de legisladores de distintos bloques opositores. Más tarde ingresó una iniciativa de Oscar Agost Carreño. Finalmente, el gobernador Martín Llaryora anunció su propio proyecto junto a los ministros Julián López y Juan Pablo Quinteros.
Ese último movimiento generó malestar en la oposición. En el radicalismo sostienen que fueron ellos quienes instalaron primero el debate. Más allá de esa disputa, la comparación de los tres textos muestra diferencias de fondo, y en el conjunto se espera lograr el mejor proyecto de ley.
La iniciativa de Saliba es la más enfocada exclusivamente en el combate al narcomenudeo. Propone crear un Registro Provincial de Búnkeres Narco bajo la órbita de la Fiscalía General, elaborar un mapa georreferenciado de los puntos de venta de drogas e incorporar domos de videovigilancia alrededor de esos lugares.
También contiene uno de los aspectos más polémicos: habilita a identificar los inmuebles con carteles que indiquen “Búnker narco desarticulado” o “Búnker narco derribado”, además de facultar al Fuero Antinarcotráfico para ordenar la demolición cuando se trate de construcciones destinadas exclusivamente a la venta de drogas y no constituyan viviendas permanentes.
El proyecto del legislador del PRO tiene un enfoque más amplio sobre el crimen organizado. No se limita al narcotráfico, sino que incorpora inmuebles utilizados para trata de personas, acopio ilegal de armas, reducción de objetos robados y otras actividades criminales.
En lugar de poner el acento en la demolición, desarrolla un Sistema Provincial de Recuperación de Inmuebles Criminales, con participación de municipios, organizaciones vecinales y organismos nacionales.
También propone reutilizar esos inmuebles como centros comunitarios, espacios recreativos, dependencias públicas o programas sociales, incorporando además un informe anual obligatorio a la Legislatura para evaluar resultados.
La iniciativa impulsada por Llaryora regula los búnkeres narco y los inmuebles abandonados o deteriorados que generen riesgos para la seguridad pública.
El proyecto diseña un procedimiento administrativo completo con actas de constatación, informes técnicos, medidas preventivas, resoluciones fundadas y posibilidades de revisión administrativa antes de llegar a la instancia judicial.
A diferencia de las iniciativas opositoras, distingue claramente qué puede hacer la administración y qué requiere autorización judicial. Las demoliciones, desalojos o medidas irreversibles sólo podrán ordenarse por un juez.
También incorpora herramientas inexistentes en los otros proyectos como crear una “Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos”, un “Registro Provincial” específico y modifica la ley de narcomenudeo para que el 60% de los bienes decomisados financien a la Fuerza Policial Antinarcotráfico y el 40% restante programas del Ministerio de Justicia.
Aunque los tres proyectos buscan recuperar inmuebles utilizados por organizaciones criminales, existen diferencias relevantes.
Ahora bien, más allá del consenso respecto del endurecimiento de las herramientas contra el narcotráfico, el debate de este miércoles tendrá un componente político claro.
En la oposición recuerdan que el proyecto de Saliba fue el primero en ingresar y reunió firmas de radicales, juecistas, dirigentes del PRO y otros bloques. Consideran que el anuncio realizado por el Ejecutivo terminó apropiándose de una agenda que ya estaba instalada en la Legislatura.
Del lado del oficialismo, sostienen que la iniciativa enviada por Llaryora tiene un desarrollo normativo mucho más amplio y ofrece una arquitectura legal que evita eventuales cuestionamientos constitucionales, al separar con precisión las competencias administrativas de las judiciales.
