Yanina Soria
Antes de entrar en modo receso, el oficialismo cordobés buscará dejar aprobada esta semana, y con amplio consenso, la Ley Antibúnker y Antiaguantaderos presentada por el propio gobernador Martín Llaryora.
El peronismo quiere cerrar la primera etapa del año parlamentario con una de las normativas que considera más relevantes en materia de seguridad y que busca dotar al Estado de una herramienta legal específica para intervenir sobre inmuebles utilizados para actividades delictivas o que, por su estado de abandono, representen un riesgo para la seguridad pública y la convivencia ciudadana. En su momento, fue presentada por el mandatario provincial, y los ministros de Justicia, Julián López, y de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.
La semana pasada, la Comisión de Seguridad, presidida por el riocuartense Juan Manuel Llamosas, abrió el tratamiento del proyecto que busca crear un nuevo régimen que permitirá actuar sobre búnkeres de venta de drogas, aguantaderos y edificios abandonados que representen un riesgo para la seguridad. La iniciativa, dice el oficialismo, fortalece la lucha contra el narcotráfico, crea un Registro Provincial de Bienes Intervenidos y articula el trabajo entre la Provincia, la Justicia, la FPA y los municipios.
La oposición, concretamente la UCR y el PRO, que también había presentado iniciativas en el mismo sentido acordó inicialmente la incorporación de algunos aportes logrando un texto conjunto que sería el que se trataría esta semana en sesión, previa reunión de Labor Parlamentaria. El peronismo quiere sacar el proyecto con el mayor consenso posible.
Fueron impulsores de esos cambios introducidos, el legislador Oscar Agost Carreño por el partido amarillo, y radicales como Oscar Saliba, Ariela Szpanin, Alfredo Nigro, Matías Gvozdenovich, Mauricio Jaimes, Fernando Luna, Ariel Grich, Gustavo Bottasso, José Bría, Víctor Molina, Inés Contrera y Carlos Carignano,
La idea es poder sancionar la nueva normativa en la última sesión antes del paréntesis legislativo que comenzará a regir desde la próxima semana y por 15 días.
Como sucede todos los años, la Legislatura entra en pausa y por dos semanas no hay actividad en sesión, por lo que el oficialismo enfriará la cosa hasta la primera semana de agosto.
Coincidentemente, para la política en general, finalizado el Mundial comienza a regir el reloj preelectoral que supone avanzar con algunas definiciones de cara al 2027.
En el oficialismo, el gobernador quiere a todos trabajando y haciendo política en sus territorios, más allá de las visitas y recorridos que, en plan de gestión, el mismo está realizando por el interior pide movimiento y acción a sus legisladores, intendentes y dirigentes en general de los departamentos.
Lejos está el Panal de habilitar a sus funcionarios y dirigentes a mostrarse de vacaciones o de viajes fuera del país; de hecho, hubo una bajada de línea respecto a las presencias en la Copa del Mundo.
En tiempos de tanta sensibilidad social y donde la opinión pública condena el exhibicionismo político, no alcanza sólo con ser, también hay que parecer.
Y de esto tomó nota el peronismo que al calor del “Adornigate” tuvo que dar explicaciones del viaje que hizo el ministro de Finanzas de la Provincia, Guillermo Acosta, a China junto a su esposa. Una polémica que todavía no pudo cerrar y que usufructuó la oposición solicitando distintos pedidos de informes.
