Felipe Osman
Durante casi un siglo Córdoba se pensó a sí misma como una excepción dentro de la política argentina. La "isla" democrática de Sabattini fue, con distintas reinterpretaciones, el punto de partida del radicalismo y del peronismo cordobés. Pero esa manera de entender la provincia empieza a mostrar signos de agotamiento.
En la década del 1930, Amadeo Sabattini caracterizó a Córdoba como una “isla democrática”, republicana e inexpugnable para los juegos oscuros de la política nacional durante la década infame. Y aquella definición pregnó con tal eficacia, que terminó marcando las líneas interpretativas que tanto el radicalismo como el peronismo utilizarían al trazar sus propias sendas en la política local, por el espacio de (casi) un siglo.
Después de Sabattini, Arturo Zanichelli, quien gobernó Córdoba entre 1958 y 1960, retomó la definición de la “isla” marcando diferencias con el Gobierno Federal de Frondizi, resaltando el respeto de las instituciones, las políticas desarrollistas y la autonomía provincial por encima del convulsionado marco en que discurría la política en el resto del país.
Con el retorno de la democracia, Angeloz resignificó la metáfora de la “isla” presentando a una Córdoba modelo de la eficiencia administrativa, la estabilidad económica y la previsibilidad social; y décadas después De la Sota acuñó su idea del “cordobesismo” sobre el mismo cospel, buscando absorber a otras identidades partidarias a partir de la eterna contradicción entre el puerto y el “corazón” del país, identificando en el kirchnerismo al adversario de Córdoba, y subrayando una vez más la autonomía mediterránea.
Aunque respondían a tradiciones políticas distintas, todos compartían una misma premisa: Córdoba podía construir un destino relativamente autónomo respecto de las oscilaciones de la política nacional.
Pero la excepcionalidad cordobesa nunca fue solamente un relato político. Descansaba sobre una estructura económica relativamente diferenciada y sobre un Estado provincial capaz de articular intereses locales. Si las bases materiales cambian, el relato pierde eficacia.
Las profundas transformaciones que el Gobierno libertario ensaya desde la Casa Rosada, el torniquete al gasto que comprime el consumo, la estabilización macroeconómica que se basa, a su vez, en un anclaje del tipo de cambio a partir de la restricción de la liquidez, la apertura de las importaciones, la eliminación de los subsidios a la industria, entre otras medidas, golpean de lleno en un modelo productivo cordobés determinado por el comercio, la industria y la construcción como grandes generadores de empleo, a la vez que resultan antitéticas al “modelo Córdoba” de articulación público-privada.
La Cámara de Comercio de Córdoba destacó, durante su última Asamblea General, a fines de junio, que el comercio y los servicios representan el 40 por ciento del producto bruto geográfico, y proveen el 46 por ciento de los puestos de trabajo y el 57 por ciento de las empresas. Y un informe del CEPA (Centro de Economía Política Argentina) realizado sobre datos publicados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo acusa que la provincia perdió más de 2.100 empresas desde la llegada de Javier Milei al poder, ubicándose entre las jurisdicciones más afectadas del país.
Según datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación, la brecha salarial entre el promedio nacional y el de Córdoba se duplicó entre diciembre de 2024 (10,6 por ciento) y marzo de 2025 (20,7 por ciento). Y la película es peor que la foto: en ese mismo lapso, el sueldo promedio nacional del trabajador registrado se recuperó en un 5,8 por ciento (real), mientras el salario cordobés promedio en blanco perdió un 6 por ciento de su capacidad de compra.
La construcción y la industria automotriz no levantan cabeza, y entre los pilares del entramado productivo cordobés solo el agro progresa, aunque sin incorporar nueva mano de obra a sus cadenas de valor.
Todas estas circunstancias hablan de un modelo cordobés que ya no parece poder desarrollarse al margen del ecosistema que configura la política nacional. Y que necesita encontrar la forma de integrarse al nuevo modelo impulsado desde el Gobierno Central.
Y mientras la economía marca esa frontera de posibilidades del modelo Córdoba, es la política la que empieza a revelar síntomas de que Córdoba ya no es una isla.
Nunca como ahora el oficialismo cordobés apostó tan fuerte a que el Gobierno Nacional oficie una ruptura dentro de la oferta electoral opositora.
La sustitución de Manuel Adorni por Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete fue celebrada por el Centro Cívico como un paso adelante dentro de un (muy) hipotético acuerdo de cúpulas para que los hermanos Milei jueguen para atrás en la provincia a cambio de que el cordobesismo apoye la eliminación de las PASO (quitando a la oposición nacional una herramienta para dirimir sus internas), ayudándolos a prorrogar su estadía en la Casa Rosada.
“Ganar Córdoba es una responsabilidad de los dirigentes políticos de Córdoba. A esta realidad no se la voy a regalar a un porteño para que venga a decir que es lo bueno para los cordobeses”, dijo Luis Juez enfrentado a la posibilidad de que haya un acuerdo en ciernes entre el Centro Cívico y la Casa Rosada para que cada cual conserve su distrito.
Paradójicamente, es Juez el que parece ahora pedir que Milei asuma la posición alguna vez asumida por Juan Domingo Perón, cuando ordenó a su ministro del interior dejar “que los cordobeses se cocinen en su propia salsa”. Eso es lo que quiere Juez. Y si Bornoroni pudiera, también lo diría.
Paradójicamente, ahora es la oposición la que quiere que Córdoba siga siendo una isla.
