Paritaria Docente: el Gobierno acelera el ajuste y la UNC va al paro

En la dinámica de confrontación constante que plantea el Gobierno nacional con el sistema universitario, la reunión paritaria de este martes no funcionó como una instancia de negociación salarial: fue, lisa y llanamente, la puesta en escena de una estrategia de desgaste que terminó de dinamitar los escasos puentes con las representaciones gremiales. Con un deterioro de los ingresos que supera el 50% en lo que va de la gestión de Javier Milei, la respuesta de la Secretaría de Educación fue poner sobre la mesa un aumento unilateral del 3%.

Una cifra que no guarda relación con el INDEC ni con ninguna proyección inflacionaria seria. En los pasillos de Ciudad Universitaria el escaso 3% se interpretó como una burla; un porcentaje mínimo que contrasta fuertemente con los montos de los supuestos peajes y coimas que, según las denuncias cruzadas en Buenos Aires, administra el entorno de Karina Milei. El rigor fiscal y el "no hay plata", al parecer, son criterios de aplicación estrictamente selectiva que no rigen para todas las oficinas del Ejecutivo.

¿Provocación calculada o falta de margen político? Con las razones medio difusas, lo concreto es que la jugada oficial tuvo el efecto contrario al deseado por la Nación: unificó la respuesta del frente sindical y aceleró los tiempos del conflicto. De manera unánime, el Frente Sindical Universitario rechazó lo que calificaron como un ofrecimiento “vergonzoso” y activó un paro total de actividades para este miércoles 2 de septiembre.

A través de sus canales oficiales, ADIUC hizo propias las definiciones de la conducción nacional para ilustrar el clima de ruptura. “No fue una oferta, fue una provocación”, sentenció Clara Chevalier, Secretaria General de CONADU, en el texto difundido por el gremio cordobés. Desde las federaciones docentes fueron a la mesa con una hoja de ruta clara: recuperar lo perdido ("31,2% + agosto + los salarios adeudados y el abordaje del FONID", detallaron). Sin embargo, el muro oficial fue total.

“Plantemos toda nuestra agenda paritaria. Sin embargo, el gobierno dijo que solo estaban dispuestos a pagar un 3% más, cifra que no guarda relación con el Indec ni con nada”, explicaron desde la conducción sindical al justificar la huelga de 24 horas. En sintonía con Leticia Medina, titular de ADIUC —quien ya venía denunciando el desmantelamiento sistemático de las casas de altos estudios—, la dirigencia nacional dejó en claro que no hay margen para resoluciones a medias: “La única resolución del conflicto es con el cumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento Universitario”.

A su vez, pusieron sobre la mesa el incumplimiento del acta firmada el 10 de junio, donde el oficialismo se había comprometido a constituir una mesa para el sistema preuniversitario y a discutir la implementación del Convenio Colectivo de Trabajo (haciendo foco en el nomenclador salarial y los adicionales por posgrado). El silencio del Ministerio de Capital Humano sobre estos puntos, sumado a la falta de respuestas sobre la actualización de las becas, los gastos de funcionamiento y los fondos críticos para los hospitales, confirma la matriz política de asfixia.

Pero la decisión de licuar el presupuesto tiene sus riesgos institucionales y, en las últimas horas, se abrió un frente impensado para los libertarios. En paralelo al quiebre paritario, la disputa cruzó de poder y se judicializó. El juez federal Martín Cormick le propinó un revés administrativo al oficialismo al otorgarle al Poder Ejecutivo un plazo perentorio de apenas tres días para presentar un informe que documente el grado real de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La irrupción de la Justicia en el tablero (¿quizás un freno para que no "salte la perdiz" con otras subejecuciones en el Estado?) obliga a la gestión nacional a dar explicaciones formales sobre un ahogo que, hasta ahora, solo defendía en el terreno discursivo.

En la Casa de Trejo, el impacto de esta escalada es directo. Tras el fracaso de las conversaciones, ADIUC ratificó la adhesión plena al paro, garantizando que el cese de tareas se hará sentir con fuerza en todas las unidades académicas y en los colegios preuniversitarios de la UNC, a la espera de una nueva reunión gremial a fines de esta semana para evaluar la continuidad del plan de lucha.

Este nuevo capítulo del choque entre la Nación y los gremios vuelve a encender el Pabellón Argentina. Frente a un Gobierno central decidido a no ceder ni un milímetro, la política universitaria local también se reacomoda. En este escenario, fuentes cercanas a Jhon Boretto aseguran que el Rector y su equipo se quieren anticipar a la discusión que tendrá el oficialismo a corto plazo, tendiendo líneas con distintos actores y espacios para consolidar acuerdos amplios. Lejos de replegarse frente al conflicto, la conducción de la UNC buscaría articular puentes que blinden institucionalmente a la universidad de una avanzada que empuja al sistema al colapso operativo.