Francisco Lopez Giorcelli
La comunidad universitaria se ve empujada, una vez más, a paralizar sus actividades académicas como única vía de respuesta ante el ahogo financiero sostenido por el Gobierno nacional. Sin haber logrado resultados tras la contundente semana de protesta por la educación y la cienci que mantuvo en vilo a las facultades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) entre el 18 y el 21 de agosto, la representación gremial docente convocó a una nueva huelga general.
La antesala de esta medida de fuerza dejó en evidencia el amplio consenso que reúne el reclamo en los pasillos de Ciudad Universitaria. Durante la semana pasada, el gremio de ADIUC trasladó el debate a las bases mediante un cronograma de clases públicas que inició con una masiva concentración en el Pabellón Argentina. El eje central de la convocatoria, resumido en la consigna “300 días sin cumplir la Ley”, expuso la irregularidad institucional en la que incurre el gobierno de Javier Milei al negarse a ejecutar los presupuestos sancionados por el Congreso.
Al calor de estas intervenciones territoriales, que se extendieron por facultades como Lenguas y Arquitectura, la conducción sindical trazó un diagnóstico crudo sobre el daño estructural que está sufriendo el sistema de educación superior. En declaraciones a los medios, Leticia Medina, secretaria general de ADIUC, apuntó contra el oficialismo. “La ley permitiría que nuestros salarios recuperaran el poder adquisitivo que tenían antes de iniciado este Gobierno”, sostuvo la dirigente, remarcando que las universidades nacionales están siendo “desfinanciadas y desmanteladas” por la gestión libertaria.
Esta caracterización fue revalidada institucionalmente a través del último comunicado oficial de ADIUC. En el texto, los docentes advierten sobre la gravedad del accionar del Ejecutivo, acusando a la gestión de La Libertad Avanza de ser "un gobierno decidido a destruir la educación pública y la ciencia, llevándose puestas las instituciones de la República". El gremio denunció además la instalación deliberada de "un clima de violencia económica, política y simbólica sumamente peligroso", dejando en claro que la paralización de tareas es una acción de legítima defensa frente a un Estado nacional que vulnera sus propios compromisos.
El pliego de reivindicaciones refleja exigencias básicas para el funcionamiento operativo que el Ministerio de Capital Humano se niega a resolver. El frente gremial exige la actualización urgente de las becas Progresar y Manuel Belgrano, el envío regular de los fondos para gastos de funcionamiento, la transferencia inmediata de los recursos críticos para los hospitales universitarios y la garantía de estas partidas en el Presupuesto 2027.
Frente a un Ejecutivo que responde a estas demandas estructurales con un silencio sistemático, la federación docente nacional, CONADU, definió avanzar con un paro de 48 horas para este jueves 27 y viernes 28 de agosto, medida a la que ADIUC adhirió de manera total. En el plano interno, esta parálisis forzada por la Nación coloca a la gestión del rector Jhon Boretto ante el desafío de administrar el conflicto, debiendo sostener el equilibrio institucional mientras el Gobierno central somete a la Casa de Trejo a una asfixia presupuestaria sin precedentes. De todas formas no fueron los propios funcionarios de Boretto, o el rector mismo, quienes salieron a hablar por los hospitales universitarios y/o la Universidad en general, sino que fueron otros los interlocutores que salieron con los tapones de punta. Un aspecto que caracteriza a la gestión radical de la UNC es hacer silencio y poner a hablar a otros. A está altura del conflicto se puede interpretar como estrategia o como una propia incapacidad de poner firmeza frente a las políticas libertarias.
En tren de especulación, la buena relación Boretto-Llaryora, y de este último con Milei y el oficialismo nacional, que habilitó la "ley Brochero" mientras la tropa llaryorista (al menos una parte) apacigua las críticas al libertario, permite la pregunta sobre si hubo un pedido del Gobernador al Rector de la UNC para que, al menos por un tiempo, se mantenga al margen del conflicto.
