Francisco Lopez Giorcelli
El conflicto por el desfinanciamiento de la educación superior abrió un nuevo frente de tensión con el gobierno libertario, esta vez enfocado en la distribución de los fondos destinados a las áreas de salud dependientes de las altas casas de estudios. Juan Brügge, diputado nacional de Hacemos Unidos por Córdoba y procedente de la Democracia Cristiana, presentó un pedido de informes en la Cámara Baja exigiendo que el Poder Ejecutivo brinde explicaciones sobre la severa disparidad en el reparto del Fondo de Hospitales Universitarios durante el ejercicio 2026. La presentación legislativa se apoya en una serie de datos presupuestarios que exponen un trato desigual hacia la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Según las cifras extraídas de las publicaciones del Ministerio de Capital Humano, la administración nacional destinó 40.000 millones de pesos para los hospitales que dependen de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En contrapartida, los nosocomios cordobeses apenas recibieron 2.259,96 millones de pesos, una cifra que Brügge calificó como "migajas", considerando que los centros de la UNC necesitan al menos 26.800 millones para sostener un funcionamiento mínimo. El impacto de este esquema de asignación es estructural y afecta directamente la operatividad de los hospitales universitarios locales. El análisis del proyecto advierte que la participación de la UNC dentro de los fondos globales del sector sufrió una retracción drástica: pasó de representar cerca del 25% del total nacional entre los años 2021 y 2023, a un estimado de apenas el 3% para el año en curso. Este desfinanciamiento se produce, además, en un contexto sanitario crítico marcado por un incremento del 40% en la demanda prestacional de los hospitales universitarios cordobeses.
Al fundamentar su reclamo, el diputado remarcó la doble función que cumplen estas instituciones. Los hospitales universitarios no solo asisten a la comunidad, sino que funcionan estrictamente como hospitales escuela. Por lo tanto, la falta de presupuesto amenaza de forma directa el dictado de las prácticas académicas y la formación de los futuros profesionales de la salud, convirtiendo a estos fondos en una inversión estratégica y no en un simple gasto.
Frente a la falta de respuestas oficiales —la UNC ya había elevado reclamos formales el 6 de mayo y rectificado su pedido el 18 de agosto solicitando las partidas correspondientes—, Brügge advirtió sobre la gravedad del escenario actual. Desde su rol de constitucionalista, el legislador señaló que el incumplimiento sistemático de las leyes de financiamiento excede el terreno de la discusión política y se encuadra en responsabilidades penales, configurando una inobservancia de los deberes de funcionario público por parte de las autoridades nacionales al negarse a ejecutar los fondos establecidos por ley.
