Llaryora con Villarruel: condiciones y “semáforo” federal

Por Yanina Soria

Al gobernador Martín Llaryora lo estaban esperando con un menú gourmet que consistió en un medallón de lomo cocinado a punto y ensaladas varias. Llegó un poco más tarde que el resto pero se quedó hasta el final. Distendido y ameno, así describieron los comensales que fue el almuerzo del día sábado que tuvo lugar en la casa de Emilio Viramonte, cónsul de Suecia y Dinamarca, y amigo de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien allí se alojo durante su paso por Córdoba el fin de semana.

 Además del anfitrión y la compañera de fórmula del presidente Javier Milei, también estuvieron en la reunión la vicegobernadora Myriam Prunotto, el viceintendente Javier Pretto y el director periodístico de Cadena 3, Sergio Suppo. 

Si bien desde el oficialismo aclararon que no fue un encuentro de rosca sino que hay intenciones mutuas de alimentar el vínculo institucional que Córdoba no tuvo con Nación en los últimos cuatro años, por supuesto que hubo lugar y tiempo para los intercambios políticos. La agenda nacional impone como prioridad urgente el tratamiento y sanción de la ley ómnibus que envió el Ejecutivo nacional, y los diputados que responden al cordobesismo y sus aliados enclavados en el nuevo bloque de Hacemos Coalición Federal, resultan fundamentales.

“Ustedes sí que la tienen fácil tanto en el Congreso como en la Legislatura, ¿no?” bromeó entre risas el gobernador a Prunotto y Villarruel, ambas con desafíos políticos importantes en el manejo de los respectivos recintos legislativos.

Luego, ya en un tono de conversación más serio, el mandatario provincial le dio su impresión a la vicepresidenta sobre el megaproyecto de ley y el DNU. Le repitió el compromiso asumido frente al gobierno de la Libertad Avanza para contribuir a la gobernabilidad pero aclaró que primero estarán los intereses de Córdoba. En ese sentido, le reiteró los tres principales puntos sobre los que pone reparos: biocombustibles, retenciones, y movilidad jubilatoria.

Sobre el primero, los biocombustibles, en Hacemos Unidos confían en lograr introducir los cambios impulsados la semana pasada y poder avanzar en un aspecto que Córdoba considera innegociable.

 

Rojo, verde y amarillo

Los 23 diputados de distintas extracciones políticas que, estratégicamente, se fusionaron en el bloque de Hacemos Coalición Federal para ganar volumen político, espacios en las comisiones y tener mayor fuerza a la hora de negociar, resultan fundamentales para oficialismo.

Allí cohabitan los cinco cordobeses Carlos Gutiérrez, Natalia De la Sota, Ignacio García Aresca, Juan Brügge y Alejandra Torres; con los dos aliados del Partido Socialista como Mónica Fein y Esteban Paulón; y otros seis de la Coalición Cívica. La paleta de múltiples colores políticos se completa con el titular del PRO de Córdoba, Oscar Agost Carreño; los bonaerenses Florencio Randazzo, Emilio Monzó, Nicolás Massot y Margarita Stolbizer; el ex ministro nacional Ricardo López Murphy; la misionera Florencia Klipauka; el entrerriano Francisco Morchio; y el chubutense Jorge Ávila.

 Aún con los matices que le imprimen sus respectivas identidades políticas, algunos más cercanos a las ideas de los liberales y otros bastante más lejos, los parlamentarios lograron partir de un punto en común en torno al estudio detallado del magaproyecto: acompañar al Ejecutivo mediante un set de herramientas de gobernabilidad pero aclarando que no será votando a libro cerrado.

A instancias del cordobés Agost Carreño se pensó en una especie de “semáforo” para ordenar las propuestas y aportes clasificando las medidas que consideran urgentes y cuáles no.

Esteban Paulón del socialismo, aclaró a Alfil que, partiendo de la voluntad de avanzar justamente en el tratamiento de aquellos temas que hacen a la urgencia económica y social, la idea es correr por ahora del debate específico todo lo que no esté vinculado a la emergencia: cultura, salud mental, discapacidad, reforma electoral, Código Penal, modificaciones al Código Civil…entre otros. En esa misma línea, por ejemplo, se manifestó también la cordobesa Natalia de la Sota que, de hecho, viene encabezando reuniones con esos sectores afectados.

Incluso, el propio Llaryora se reunió en las últimas horas con el Presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Raúl Sansica y representantes del sector para garantizarles el desarrollo de los proyectos previstos para este año, pese al contexto de ajuste. Les transmitió su preocupación por el avance de la ley ómnibus del Ejecutivo y adelantó que les comunicará a los legisladores cordobeses su posición al respecto.

En el color amarillo, Agost Carreño habla de medidas positivas si es que se acuerda la introducción de cambios, como por ejemplo, la delegación de facultades extraordinarias (proponen solo por un año y luego el Congreso revisa), control de las privatizaciones, y actualización de las jubilaciones.

Sobre las privatizaciones, Paulón dijo que es un tema muy debatido dentro del bloque porque no todos tienen las mismas ideas. Existe una coincidencia generalizada respecto a que no se pueden aprobar en bloque de 41 empresas como lo pretende el oficialismo nacional, y que se buscará presionar para que el envío sea ley por ley. Al bloque le interesa poner al resguardo el Banco Nación, por ejemplo.

El socialista dijo que trabajan en una contra propuesta respecto a la movilidad jubilatoria que consiste en una actualización mensual por el índice al consumidor. Sin embargo, reconoce también que ese tipo de iniciativa va en contra del ajuste que impulsan los libertarios también para ese sector por lo que hay pocas expectativas de lograr un entendimiento al respecto.

Finalmente, en el color rojo del “sémaforo” de la ley ómnibus, ubican la reforma electoral “que favorece el bipartidismo; permitir que los extranjeros pesquen recursos naturales ene l país sin control; lo propuesto sobre combustibles y retenciones tal como figuró en el texto original.