Por Javier Boher

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Otra vez el enfrentamiento entre Buenos Aires y el interior que es malinterpretado desde el puerto, donde parece que no entienden que en el resto del país también hay orgullo por el terruño. Este país es de un federalismo extraño, donde las provincias son preexistentes a la nación pero donde se creó una dependencia cada vez mayor respecto al gobierno central.

Hay que arrancar con una aclaración: es mentira que en Buenos Aires vivan de lo que genera el interior. De hecho, tanto la capital como la provincia reciben del Estado menos que lo que aportan, algo que no existe en la cabeza de los ciudadanos del interior del país.

En el caso de los cordobeses el problema viene de otro lado. No es solamente una cuestión económica -porque aunque la plata de las retenciones vuelva al gobierno provincial por otras vías es dinero que el gobierno nacional le sacó al productor- sino una cuestión de poder. El cordobés quiere estar en donde se toman las decisiones (que se puede ejemplificar en la vez que Luis Juez se metió en la reunión que estaba teniendo la cúpula de Juntos por el Cambio para tratar la incorporación de Schiaretti a la alianza).

EL problema del federalismo argentino es que no es tal. La mayoría de las provincias aprovechan su autonomía para ejercer control político del territorio, pero son absolutamente dependientes de lo que se hace en la capital. La patagonia es rica en petróleo, pero vive en crisis. Salvo San Juan, las provincias mineras -o con potencial minero- de la Cordillera no le pueden sacar el jugo a las regalías que deja la actividad. En el Noreste, que podría integrarse económicamente con Brasil, Paraguay y Uruguay según el ideal del Mercosur, se observan los peores indicadores sociales y económicos.

La desgracia del Interior no tiene que ver con que el Centro le chupe sus recursos, sino lo opuesto: al puerto no le importa lo que pasa en las provincias. Son los “trece ranchos” del siglo XIX, pero en una nueva versión. Por eso entre los que caminan los pasillos de las dependencias nacionales que hay en Buenos Aires es común hablar de “bajar” a las provincias. ¿Quiénes son para creer que están arriba?.

El sistema político argentino ha logrado combinar todos los aspectos negativos que se pueda imaginar, un compendio de malas decisiones que sostiene el proceso de autodestrucción. Diputados que se eligen por listas y sobredimensionando a las provincias chicas, Senadores que no necesitan acuerdo de las legislaturas provinciales, voto directo presidencial que le da peso excesivo a cinco distritos grandes, una estructura impositiva que concentra recursos en el nivel federal, que en los ‘90 delegó buena parte de sus funciones a las provincias y así se puede seguir.

El resultado es que las provincias que definen quién es el presidente no son las necesarias para gobernar, lo que aumenta el incentivo de sostener a las provincias pobres de donde salen los diputados y senadores que votan las leyes, en detrimento de las provincias que definieron quiénes gobiernan (y que más aportan a la recaudación). Para colmo de males, identidades partidarias que pesan más que las identidades territoriales, diluyendo el peso que puede tener una provincia en una discusión.

Indudablemente que no es fácil resolver la situación del país, que sigue tironeado por fuerzas que amenazan con romper la unidad. La dicotomía que reflotó el gobernador electo de Córdoba es una cuña que se interpone cada vez que se pretende coordinar políticas, porque los intereses de los líderes nacionales suelen ir desfasados de las necesidades de los ciudadanos del interior. Vale un ejemplo: aprobaron en diputados el Día nacional del Kimchi porque es furor en redes un candidato porteño de ascendencia coreana, mientras que los productores del interior se quejan por un nuevo desdoblamiento cambiario que pone en riesgo a los productores de carne y leche. Todo es así, todo el tiempo.

El debate entre panporteñismo (porque porteño y bonaerense son básicamente lo mismo a los ojos del resto del país) e interior probablemente no se salde nunca, como suele ocurrir en todos los países a partir de sus propias distinciones geográficas. Sin embargo, hay que generar los canales o incentivos que hagan que la rivalidad sea constructiva, antes que convertir la competencia en enemistad y de ahí a crisis política.

Hace un tiempo escribí una nota en la que me preguntaba cómo iba a valorar la gente a Alberto Fernández a partir de que representa una anomalía histórica, por unir dos categorías que no suelen ir juntas: es porteño y es peronista. Llaryora, con su eufórica arenga, expuso que hay parte del electorado cordobés al que Fernández le molesta más por porteño que por peronista. En las PASO va a quedar más claro qué condición -y en qué proporción- le facturan los cordobeses al presidente.