Cormecor

Los casos que atravesaron a la Legislatura y ahora la imputación de un concejal oficialista de Alta Gracia, exponen un problema que excede a la pelea partidaria, y va por cómo debe actuar el Estado frente a funcionarios o empleados públicos involucrados en causas por presuntos delitos contra la integridad sexual. Proteger a las víctimas, respetar el principio de inocencia y terminar con cualquier mecanismo de encubrimiento político, aparecen como partes de una misma responsabilidad institucional del Estado.