Carolina Biedermann
La política cordobesa se metió en el barro, y salen a la luz las primeras señales de lo que será una campaña intensa. En pocas semanas, distintos casos vinculados a presuntos delitos contra la integridad sexual, sacudieron a oficialistas y a opositores, y puede haber más. La única medida hasta el momento, por parte de la política, es pasar el scanner a sus equipos de trabajo.
El último caso se conoció este lunes, en la ciudad de Alta Gracia. Pablo Marcos Ortiz, concejal oficialista en uso de licencia y vicepresidente de la empresa Cormecor, quedó imputado por abuso sexual con acceso carnal, además de otros delitos. La novedad apareció cuando Ortiz venía planteando públicamente el fin de su licencia y su regreso al Concejo Deliberante.
En la Legislatura, la cruzada política por asesores y empleados con denuncias de este calibre, continúa encendida. La denuncia y detención del dirigente Omar “Manotas” Ludueña, empleado de planta permanente afectado al despacho de la radical Alejandra Ferrero, reavivó una disputa que ya había comenzado con el caso del exlegislador Ramón “Cañito” Flores.
Ferrero explicó que Ludueña no era un asesor contratado por ella sino un empleado de planta de la Unicameral, incorporado años antes (por la UCR), y posteriormente asignado a su oficina. También aseguró que, al conocer la denuncia, solicitó su apartamiento.
Desde el oficialismo, Facundo Torres cuestionó en Alfil AM, la vara utilizada por el radicalismo cuando el denunciado pertenecía a otra estructura política, denunció que guardaron el expediente y que lo mantuvieron en las sombras, hasta que tomó estado público, y anticipó que su bloque no impulsará una sanción contra Ferrero, como la UCR lo hizo con Flores.
El problema de fondo no debería ser determinar qué partido acumula más denunciados, sino establecer qué hace el Estado cuando alguien que ocupa un cargo, funciones, o percibe un salario público, queda involucrado en una investigación por delitos de semejante gravedad.
Hasta el momento no se conoce en Córdoba un protocolo integral ni una iniciativa concreta que establezca criterios generales para estas situaciones. Ningún legislador avanzó en un protocolo para estos casos. En lo que sí se avanzó, es en el scanneo de sus propios asesores y colaboradores, y en hacer correr los famosos “carpetazos”.
Tomar cartas en el asunto, tampoco significa transformar una denuncia en una condena. El principio de inocencia debe ser preservado, como así también a las presuntas víctimas, evitar su exposición, garantizar los canales seguros de denuncias, entre otras tantas acciones, y luego, la Justicia deberá determinar responsabilidades, en el caso de que se deban tomar.
Pero en este marco, también hay una discusión anterior a cualquier denuncia, que es la responsabilidad de quienes incorporan personas al Estado. Los salarios son financiados por los contribuyentes y quienes gobiernan tienen una responsabilidad política y ética sobre el armado de sus equipos de trabajo, la idoneidad de quienes convocan y sus antecedentes, son parte de su responsabilidad.
La sucesión de casos puede servir para algo más que arrojarse expedientes de una bancada a otra. Debería obligar a la política cordobesa a discutir reglas de juego para los funcionarios y para los miembros de sus equipos.
