Radicales “desempolvan” viejos contratos y piden informes
La primera minoría cuestiona la contratación de al menos cinco empresas foráneas para la modernización de la administración municipal. Entre ellas, la firma de Mario Elettore, cuyo contrato no logró prosperar en la Capital. El oficialismo evita recoger el guante e interpreta el accionar como una maniobra para “raspar” al Ejecutivo.
Por Julieta Fernández
“No son situaciones irregulares, no podemos hablar de falta de transparencia hasta ahora. Pero sí nos llaman la atención algunas cuestiones como los contratos de consultorías que tienden a elaborar sistemas informáticos y de gestión. Ninguna es de Río Cuarto”, manifestó el tribuno de cuentas de Primero Río Cuarto, Carlos Ordóñez, en diálogo con el programa radial Así son las cosas. Entre las empresas mencionadas se encuentra TRASUS y BPI Servicios. Según el ex concejal, se habrían destinado más de $1000 millones de pesos a estas empresas durante todo el 2024. En el caso de TRASUS, resaltó que es la firma perteneciente al ex ministro de Finanzas, Ángel Mario Elettore y que habría recibido cerca de $400 millones durante ese período.
El cuestionamiento por la prestación del servicio de esta firma en particular ya había sido planteado en el informe anual de secretarios y secretarias en el Concejo Deliberante. Según pudo saber Alfil, se estaría trabajando sobre un nuevo pedido de informe, en consonancia con las observaciones vertidas por Ordoñez. Cabe resaltar que el tribuno radical manifestó al programa radial que “en su humilde opinión, los propios estaban un poco quietos” (en relación al accionar de algunos de sus correligionarios en el Legislativo).
Por otra parte, en el Ente Municipal de Obras Sanitarias también se está requiriendo información en relación a la prestación de servicios por parte de ambas firmas (BPI Servicios y Trasus). En un pedido de informes enviado por el director por la oposición, Lucas Castro, se plantea que “no se ha iniciado en ningún momento el proceso para la implementación de las normas ISO 9001 en el ente y los pagos por compensación por tal concepto datan desde diciembre del 2022”. El funcionario señaló que se generaron órdenes de pago entre 2023 y 2024 y pidió conocer si la administración central canceló dichas facturas.
No es menor lo que ha ocurrido en otras localidades del interior provincial donde la contratación a esta empresa casi nunca pasa inadvertida. En diciembre del 2024, en la ciudad de Córdoba, se dio marcha atrás con el contrato y la UCR en el Concejo Deliberante consideró que se trataba de “una contratación directa encubierta”. En concreto, el contrato que no prosperó tenía entre sus partes a la empresa BPI Servicios S.A.S, que además del ex ministro de Finanzas, también tiene a familiares entre sus titulares (Ezequiel Elettore y Lucas Elettore). De haber avanzado en la contratación, la empresa hubiese recibido cerca de $500 millones.
Hasta ahora, ningún funcionario derrivista se subió al ring para contrarrestar lo dicho por Ordóñez. Se estima que en los próximos días el tema arribará a la agenda del Concejo Deliberante por considerar, entre varios aspectos, que la contratación de al menos cinco empresas (ningunca local) que prestarían servicios similares iría a contramano del pedido del intendente: austeridad, mayor eficiencia y equilibrio fiscal.
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