Por Francisco Lopez Giorcelli
Diversas publicaciones periodísticas de octubre del año pasado sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) generaron la apertura de tres expedientes judiciales por denuncias y contradenuncias que enfrentan a la decana, Mariela Parisi, con el periodista Lázaro Llorens, autor del blog Striptease del poder.
La causa está radicada en la fiscalía federal número 1, a cargo de Enrique Senestrari, y el juzgado federal número 3, de Miguel Hugo Vaca Narvaja. Allí, se tramita un pedido de investigación firmado por Lucas Valdés, uno de los integrantes de la agrupación ‘12 de Diciembre’, oposición política a la oficialista ‘Convergencia’, que respalda a Parisi. Se presentó el 3 de febrero último. En ella, se citan datos publicados por Llorens en su blog y se solicita a la Justicia que confirme o descarte la información que, de ser corroborada, podría constituir delito.
Además la acción civil fue presentada en los tribunales provinciales por Mariela Parisi, su esposo César Barraco –también periodista en los SRT de la universidad– y sus hijos en contra de Llorens. Reclaman un resarcimiento por daños y perjuicios de $24.398.932. El proceso se encuentra en etapa prejudicial de mediación.
La familia de Parisi Reclama por las secuelas “emocionales, mentales y físicas” a raíz de una serie de “17 publicaciones maliciosas, acusatorias, infundadas, que el sujeto Lázaro Llorens” ha realizado en Facebook. El viernes pasado se realizó una audiencia. La última acción es una denuncia penal de Parisi en contra de Llorens por el delito de “lesiones a la salud” que recayó por sorteo –realizado el viernes último– en la Fiscalía Distrito III, Turno 7, a cargo de Raúl Garzón.
La cantidad de denuncias cruzadas dan forma a este gran (e inesperado) conflicto que empieza a hacer ruido puertas adentro de la Universidad. Distintas fuentes del oficialismo confirman que vienen siguiendo de cerca el conflicto pidiendo que se esclarezca lo más pronto posible. El primer impacto político que sufriría “convergencia” al frente de la FCC sería quedar marginados de un oficialismo rectoral que no especula en estos casos.
Además, cabe recordar que la gestión de Mariela Parisi llegó a una nueva etapa en su gestión ganando por un mínimo margen gracias a docentes y no docentes, perdiendo en los demás claustros por amplia diferencia. La ponderación de los claustros permitió que Convergencia se quede un periodo más al frente de la FCC. ¿La última vez que lo harán? Este conflicto ¿Apalanca a la oposición y les da una oportunidad? Falta para que esto se vea, pero hay algo que empieza a hacer ruido.
Lucas Valdés fue quién pidió un pedido de informe en la Justicia Federal el 3 de febrero pasado. Solicita que la Justicia investigue sobre aspectos que podrían constituir delito en el manejo de fondos de la Facultad.
Valdés se basa en la información sobre irregularidades publicada en octubre del año pasado en el sitio web Striptease del poder, del periodista Lázaro Llorens.
Las notas incluyen fotos de las resoluciones decanales que autorizan las erogaciones –compras directas, sin licitación– y según señala el periodista todo consta en el Digesto de la universidad, el sitio donde se pueden leer las actas de las sesiones del Consejo Directivo de la unidad académica, incluidas sus decisiones.
El abogado Francisco Riego, que asesora legalmente a los denunciantes, le dijo a “Perfil Córdoba” que hay gastos reñidos con la normativa y que merecen ser analizados “en el conjunto de acciones” adoptadas por el Decanato. Entre ellos enumeró “las compras de alimentos en supermercados fuera del ámbito de Córdoba, en Villa Allende –donde dicen que vive la decana y esto habrá que corroborarlo– en días feriados o fines de semana”.
“El sushi no se condice con un gasto de una unidad académica; si se necesita hacer un ágape o una recepción para un visitante extranjero, por ejemplo, corresponde hacer una compulsa de precios”, agregó.
Además, puntualizó que hay que analizar cada uno de los viajes que realizó Parisi y conocer si están debidamente justificados desde una perspectiva académica. “Un decano no participa en eventos a título personal sino representando a la Facultad”, explicó Riego, al sostener que deberá analizarse qué aportes generó cada viaje de la funcionaria, qué informes presentó luego de ellos, si hizo ponencias y cuándo fueron recibidas y aceptadas”.
En esos viajes “tampoco consta que haya estrechado vínculos con unidades académicas de otros países: investigaciones conjuntas, teleconferencias, intercambios, etc”, continuó el letrado.
Según la página que difundió los gastos de canales, “Sriptease del poder” todos esos gastos fueron rendidos por la decana Parisi y reintegrados a ella. Es decir que se usaron fondos de la universidad para solventarlos.
Otro punto puesto bajo revisión, aclara Riego, es la contratación del esposo de la decana, el periodista César Barraco, para dictar cursos de radio. “Podría ser que su pareja merezca ser contratado, por el interés académico, pero estas designaciones –sostuvo– en el conjunto de acciones no lucen bien”.
Por último, al ser consultado sobre qué figura del Código Penal podría aplicarse en este caso, afirmó que, al dañarse las arcas de la facultad podrían haber incurrido en “administración fraudulenta”. Lo que podría habilitar una serie de acciones políticas que pueden dejar sin chances de maniobra a Convergencia.
Parisi explicó a distintos medios que Lucas Valdés, “un exfuncionario de la oposición”, tan sólo solicitó que se investigue la veracidad del contenido de la información publicada en el sitio de Lázaro Llorens y si eso encuadraría en algún delito. “No hace ninguna denuncia, se remite a los dichos de la publicación de Llorens”, subrayó.
Dijo que el fiscal Senestrari envió un oficio a la UNC y esta lo remitió al Consejo Directivo de la FCC para conocer si se iniciaron actuaciones administrativas. “El Consejo Directivo respondió a través de un repudio a lo solicitado por tratarse de una operación política utilizando resoluciones de acceso público y tergiversando su interpretación”, puntualizó.
Parisi adjudicó la presentación a “una operación política de gente que prácticamente no tiene representación en los claustros”. Incluso señaló que los gastos cuestionados en la publicación periodística están documentados en el Digesto de la UNC “por la gestión de transparencia que tenemos, cualquiera puede verlos”.
Esta situación genera mucho ruido dentro de la UNC y, sin dudas, dentro de la gestión del rector Boretto el cual se ha mostrado cercano a la gestión de Parisi pero ahora hay quienes sostienen, cerca del rector, que la FCC debería aclarar cada una de las sospechas y dar una mejor imagen de prolijidad, al margen de señalar que se trata de un tironeo político interno.