Acuerdo por deudas Córdoba-Nación: empieza el poroteo

El ministro Luis Caputo celebró la reunión mantenida con Martín Llaryora y su ministro Guillermo Acosta y adelantó que está muy cerca la firma del acuerdo por el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, que el Ministerio de Economía lanzó en noviembre. No hay detalles, todavía, de qué conceptos incluirán las partes. Solo se constituyó una mesa negociadora. Por la exigencia del esquema, la Provincia deberá renunciar a las presentaciones judiciales que realizó por la falta de pago de las transferencias de Anses a la Caja de Jubilaciones.

Hasta el momento son tres gobernadores los que ya firmaron acuerdos; los tres cuyas provincias eran las más endeudadas con Nación: Chubut, Chaco y Entre Ríos. El modelo de convenio incluye reclamos cruzados entre las partes, que van desde una deuda con el Club de París tomada en 1997 para distribuir fondos entre las provincias a los pagos por el Consenso Fiscal 2017 que no se completaron.

A los tres que firmaron, se le suman otros 15 que llevan adelante un proceso de conciliación entre los que está Llaryora. Si acuerdan, los gobernadores deben suspender los reclamos judiciales presentados y abstenerse de iniciar nuevos. La mayoría de los distritos grandes son acreedores de Nación. Por ejemplo, ninguno -Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza- tienen deuda con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial (FFDP).

Córdoba incluye en sus pedidos la deuda con la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Desde la asunción de Javier Milei ninguna de las 13 no transferidas recibió un peso; en la Provincia estiman que la deuda ronda entre $650.000 y $700.000 millones. A eso se le agregan los montos por los que en la gestión de Juan Schiaretti se llegó a la Corte suprema de Justicia. La Nación centra sus pedidos en créditos otorgados a municipalidades que tienen como garantía la coparticipación.

Por ejemplo, en el caso de Ignacio Torres de Chubut que firmó el acuerdo a mediados de enero incluyó toda la deuda con el FFDP ($140.287 millones) y la Nación admitió que debía $8.922 millones por lo no cancelado del Consenso Fiscal. En ese intercambio, Torres obtuvo una refinanciación de la deuda ($131.364 millones) a 36 meses (la primera cuota a pagar en enero del 2026) con un año de gracia y una quita de US$10 millones. El Gobernador desistió de seis demandas judiciales, dos de ellas iniciadas en su gestión (por quita de los subsidios al transporte y por el cobro de deuda al FFDP). Nación se compromete a compensar el costo de financiación de la obra de la ruta nacional 3 ingreso a Puerto Madryn y rotonda norte a Trelew.

Ninguno de los tres gobernadores firmantes incluyó en los acuerdos las deudas que Anses mantiene con las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas. El año pasado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos en su informe en el Congreso dijo que el reinicio de los giros dependía de las auditorías de Anses, las que vienen demoradas.

La firma de estos acuerdos es opcional para los gobernadores, quienes pueden incluir compensaciones, conciliaciones, transacciones, reconocimiento, remisiones y toda otra operación que tenga como fin la cancelación de deudas, a través de créditos que tengan cada una de las jurisdicciones con el Estado nacional.

El decreto por el que se creó el régimen contempla también que los saldos provenientes de débitos o créditos recíprocos serán cancelados en las condiciones que establezca el acuerdo celebrado entre Nación y cada uno de los distritos participantes. Y deja como opción la posibilidad de que, si el saldo de deuda resulta a favor del Estado nacional o las provincias, podrán cancelarlo afectando un porcentaje de los recursos que le correspondan por coparticipación. También, en segunda instancia, la entrega de bienes nacionales a las provincias, como tierras, empresas o rutas.

En algún momento, en Córdoba, se habló de que Fadea pasara a la Provincia. Una alternativa que no pareciera ser una solución porque, más allá de que podría haber potencial metalmecánico, es una estructura que requiere de fondos del Estado para seguir funcionando.