Por Javier Boher
Si es cierto que la mejor forma de educar es con el ejemplo, entonces el Estado es el peor maestro. Es notable la manera en la que la institución responsable de elaborar y hacer cumplir las leyes pasa por alto muchas de esas obligaciones que carga sobre los ciudadanos. Nunca más cierto aquello de “haz lo que yo digo, mas no lo que yo hago”.
El fin de semana largo, por esas cosas del destino, la casualidad o la malicia, se incendió la sede del Apross -el seguro de salud de los empleados provinciales- en medio de un escándalo por corrupción. Lo primero que la mayoría de la gente señaló fue lo referido a las pruebas, algo que ya hemos padecido en otros momentos de la historia cordobesa (como el caso del Concejo Deliberante cuando estaba en el edificio Garden).
No abordaremos aquí esa arista (que tantos han señalado en los últimos días), sino la mencionada más arriba. Este evento funcionó como disparador de la reflexión del primer párrafo.
Mientras veía las fotos y los videos del incendio pensaba en un conocido que instala equipos de rociadores y siempre dice que es más caro perder todo que poner ese tipo de instalaciones para controlar incendios, una inversión que en el mejor de los casos no se va a usar nunca. Indudablemente el razonamiento del Estado es el inverso, pensando en el billete del momento y no en la importancia de los archivos, legajos y demás documentos.
Desde hace años los edificios de departamentos no reciben la habilitación de bomberos si no cumplen con la ordenanza que obliga a tener ese tipo de equipos, es por eso que las terrazas de los barrios que se fueron para arriba están llenas de piletas. Esa regla parece no aplicar a la institución que la redactó, la legisló, la promulgó, la reglamentó y la controla. Todos ponen rociadores menos el que te obliga a ponerlos. Insólito.
Claramente lo que podría llegar a encubrir el incendio es mucho más importante que el tema de los rociadores, pero -tal como dice el ingeniero que pone los rociadores- es mucho peor perder todo que perder una moneda en instalaciones. El precio de este incendio, por ejemplo, quizás se mide en la imposibilidad de hacer justicia. Todo por no predicar con el ejemplo.
Hay otro tema, que llegó ayer a los medios, que pinta más o menos el mismo panorama. La empresa Coniferal anunció que recortará el servicio de transporte a una larga lista de empleados públicos (de planta o precarizados, que es todo un tema en sí mismo) debido a una deuda que se acumula desde el año 2023. Es decir que ya van más o menos dos años de no pagar por los siete millones de viajes que esas personas han hecho en este tiempo. Así es que, básicamente, el Estado no cumple con sus obligaciones y no hay nadie que le exija que lo haga.
Si bien se concertó una reunión y se destrabó la medida, lo que cabe esperar es lo mismo que pasa siempre: el Estado negociará con las empresas para no poner un peso, sino que lo pongan los usuarios a través de un aumento del boleto. Así, el Estado presente termina siendo un mito que resulta de usuarios que pagan un boleto caro subsidiando a otros usuarios que no pagan nada porque el Estado así lo determina. Otra vez se puede ver al Estado obligando a hacer cosas que él mismo no cumple.
Finalmente, se me ocurre un ejemplo de hace unos años, cuando un vehículo circulando en contramano me chocó el auto a pesar de mi intento por esquivarlo. Cuando nos bajamos a ver el tema de los papeles, me lo dijo claramente: “vas a tener que hacer juicio para cobrar, porque los autos de la provincia no tienen seguro”. Es decir que el mismo Estado provincial que te controla en las rutas y no te deja circular si no tenés el seguro al día, directamente no tiene seguro (ni siquiera vencido) porque se supone que el fisco es siempre solvente.
Este tipo de situaciones relativizan el peso o el valor de las leyes, a partir de que quien debe velar por su cumplimiento no cumple con esas mismas reglas que exige a sus ciudadanos. Cada vez que ocurre algo que altera la opinión pública, allí habrá algún legislador o funcionario queriendo sacar rédito, proponiendo para otros lo que ellos mismos no quieren cumplir desde el lugar que ocupan.
La reflexión, entonces, es si hacen falta todas las leyes que tenemos o si el discurso y práctica de funcionarios como el ministro de desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger, apunta en el sentido correcto. El exceso de normas y regulaciones es nocivo para el correcto desenvolvimiento de la creatividad y las fuerzas productivas, pero tiene además un componente extra de peso sobre los hombros de los ciudadanos cuando quien lo exige no lo cumple. No hacen falta las mejores leyes, sino las que mejor se adapten a la idiosincrasia de los argentinos.
Los ejemplos de esta nota son apenas una pequeña muestra de lo absurdo del accionar del Estado en esta provincia, con un tamaño sobredimensionado y sin poder cumplir con cuestiones básicas y elementales como la preservación de la información de los usuarios o el pago de sus obligaciones a las empresas prestadoras. Quizás la muerte del Papa distraiga un rato a la opinión pública, pero no es algo que se pueda repetir tan seguido como para tapar todas estas cosas que se repiten todo el tiempo.
