Fondo Federal: condicionados, intendentes se prestan a la foto con Llaryora

Por Yanina Soria 

Casi la totalidad de intendentes y jefes comunales de la provincia de Córdoba fueron invitados al acto que encabezará el propio gobernador Martín Llaryora mañana en el Centro de Convenciones del Complejo Ferial, donde se presentará el nuevo Programa Fondo Federal. 

Se trata del salvavidas que la Provincia busca tirarles a los municipios en tiempos de crisis y de un gobierno Nacional que hace 15 meses cortó el chorro de un día para el otro. 

El acuerdo federal que ya fue suscrito a fines del año pasado en el marco de la Mesa Provincia-Municipios, fortalece dos fondos para atender desequilibrios municipales y ejecutar distintas obras. Incrementa los recursos correspondientes al Fondo Permanente para la financiación de proyectos y programas de los gobiernos locales y supone una consolidación de las deudas municipales con el Gobierno y sus organismos o empresas al 31 de diciembre de 2024, con un plazo de hasta 120 cuotas. 

La situación de quienes atienden en ese primer mostrador donde el vecino se queja por la falta de servicios, de obras, por problemas con la salud, el acceso a los medicamentos, etc, es compleja. Las finanzas aún de aquellas gestiones con sus cuentas ordenadas, empiezan a tambalear y los hombres y mujeres con responsabilidad de gestión se muestran preocupados. 

Por eso, frente a la realidad nacional con un grifo totalmente cortado, la única expectativa pasa por lo que pueda soltar la Provincia. Consciente de ello, el gobierno de Llaryora busca maximizar el sentido federal del Partido Cordobés y sale a “auxiliar” a los intendentes. Ese será el sentido político de la foto que el mandatario espera tener mañana: transversal y amplia, con los límites partidarios borrados en nombre de la gestión. 

Sin embargo, también es una realidad que muchos de los intendentes y jefes comunales (propios y ajenos al PJ) llegan a esa foto más por necesidad que por simpatía al cordobesismo.  Aun cuando saben que el Partido Cordobés nunca desactiva su modo Pac Man y que engordar su base política es siempre un objetivo, los alcaldes se prestan ser parte de actos institucionales que a veces hasta parecen incompatibles con las estrategias partidarias de la oposición a la que supuestamente pertenecen. 

De hecho, una muestra clara de lo que necesitan a la Provincia mientras dure el “no hay plata” del presidente Javier Milei, es lo que está ocurriendo con las Guaridas Urbanas. Aun considerando que se trata de una especie de traspaso de responsabilidad provincial como es la seguridad a la órbita municipal, la mayoría de los intendentes adhirió a la Ley. Y ahora comienzan las quejas por los costos que eso supone para cada gestión local.  

Como punto político para la Provincia, casi la totalidad de los 427 municipios y comunas terminaron adhiriendo a la nueva Ley de Seguridad que impulsó Hacemos Unidos apenas asumió el poder provincial. Entre otras cuestiones, el nuevo marco normativo establece la conformación de esos cuerpos para lo cual el Gobierno aporta los móviles, la capacitación del personal y, eventualmente, las armas no letales. Pero son los municipios los que deben afrontar con recursos propios el pago de los sueldos de los agentes. 

Y es justamente ahí donde radica la principal objeción de los alcaldes que encuentran dificultoso (o casi imposible en algunos casos) sumarle un gasto más a las arcas públicas. 

El primer reparo a la “descentralización” de la seguridad que en cierto punto propone de la Provincia recae en que, a diferencia de otros servicios coparticipados con los municipios como el Paicor o la propia educación, en este caso no hay un fondo provincial para costear el grueso del funcionamiento de la Guardia Urbana. 

Alfil hizo una ronda de consultas con intendentes de varios departamentos desde donde muchos confirmaron que, si bien suscribieron a la ley, por razones económicas (para no sumar nuevos sueldos) o por demoras en la capacitación, todavía no pusieron en marcha el cuerpo de agentes locales. Vale recordar que la función de la Guardia Urbana es la de prevenir y disuadir pero que no suple el rol de la Policía. 

Otros municipios que sí tienen activa la Guardia, justamente para abaratar costos, decidieron levantar el servicio los fines de semana y administrar la presencia de los vehículos de lunes a viernes, por ejemplo. Uno de los primeros que públicamente habló del costo que tiene sostener el esquema de Guardia Urbana en su ciudad, es el intendente de Alta Gracia, Marcos Torres. En diálogo con Radio Mitre dijo que, entre monotributistas, adicionales y gastos de combustible (la ciudad tiene 12 vehículos), el municipio debe desembolsar 50 millones de pesos por mes.  

Cada gobierno local a su escala, coincide en que el servicio les resulta altamente costoso. Sobre todo, en función a la valoración no tan positiva que, en términos generales, evalúan de sus vecinos 

Allí, se cuela también otro dato importante que comienza a tallar entre los intendentes: ellos mismos reportan cómo para los habitantes de sus ciudades y pueblos, con la presencia de la Guardia urbana, la seguridad comienza a ser percibida como una responsabilidad plena y absoluta del municipio cuando en realidad lo es de la Provincia. De cualquier modo, entienden que el programa está en su etapa inicial y que hay que darle tiempo; muchos guardan con expectativa la posibilidad de que el Gobierno revise a futuro el tema de los fondos y puedan contribuir para sostener el esquema provincial. 

Con todo esto, muchos jefes comunales llegarán mañana a la ciudad Capital para ser parte del acto que mostrará a Hacemos Unidos como un gobierno federal.