Tasas: el Mójica acusa “ataque” del Gobierno Nacional a los intendentes

Por Gabriel Marclé

La estrategia de batalla del frente de intendentes cordobeses por el cobro de tasas parece intensificarse, y en Río Cuarto ya lo están demostrando. Si el reclamo financiero por los fondos que los municipios dejan de percibir no alcanza, deberá hablarse de política y de los intereses que están detrás de esta postura del Gobierno nacional. Particularmente, en la capital alterna se comenzó a hablar de un “ataque” pergeñado entre el sistema financiero —con Daniel Tillard desde el Banco Nación— y el Gobierno de Javier Milei y Luis “Toto” Caputo.

Por primera vez desde que comenzó este conflicto, parte de la dirigencia parece ponerle nombre y apellido a los responsables de una maniobra que pone en jaque a los municipios. “Este es un ataque articulado entre el Gobierno Nacional y el sistema financiero”, le dijo a Alfil un integrante del entorno del intendente Guillermo De Rivas, al referirse al momento que atraviesa el conflicto, hoy a la espera de una resolución judicial.

El jefe municipal riocuartense, aunque cuida sus palabras, parece estar librando una batalla clave para su gestión y se posiciona como una de las voces más firmes del grupo de veinte intendentes cordobeses que conforman una liga para afrontar este escenario. De Rivas viene de presentar su postura ante la Justicia, mostrándose decidido a exponer el efecto negativo que tendrá sobre la ciudadanía la quita de la tasa: financia gran parte del presupuesto municipal, y pasó de 450 millones de pesos mensuales a 150 millones en 2025.

En lo financiero, el argumento de la Municipalidad de Río Cuarto sostiene que, aunque el Banco Nación es importante para el municipio por su participación en Comercio e Industria, la sede local es una de las que más rinde a la entidad a nivel nacional. “La tasa que se les cobra es ínfima en comparación con lo que les genera la sucursal de Río Cuarto. Por eso consideramos que la amenaza de irse si no se les exime del pago es una sobreactuación”, señalan desde el Mójica.

De igual manera lo expresó el intendente días atrás, al término de la primera audiencia de conciliación en la Cámara Federal de Córdoba. “Si hoy el Banco Nación en Río Cuarto tiene las ganancias que tiene y es una de las sucursales con mayor rentabilidad del interior del país, no puede pretender no colaborar con la ciudad y las oportunidades que genera. Con ese aporte se financian las luces LED, la promoción industrial, se sostiene el transporte público, y se cubren tareas que el Estado Nacional dejó de cumplir, como el mantenimiento de rutas, la asistencia a personas con discapacidad y la contención social”, afirmó entonces.

Desde ese momento, el intendente adoptó una postura más activa y participativa en reclamos como el de la asistencia a personas con discapacidad y las dificultades que enfrenta este sector debido a los recortes del Gobierno Nacional. De hecho, se espera que en los próximos días impulse este reclamo, como ya lo hizo con el transporte y la salud.

Notoriamente, la discusión va subiendo de tono, y así lo reflejan desde el entorno del intendente, comprometidos con la sustentabilidad de la Municipalidad y la continuidad de los servicios públicos. Justamente, este aspecto comienza a ser el eje del discurso de resistencia de los intendentes. Desde el Ejecutivo local afirman que la actitud del Nación responde a “un doble ataque: por omisión, cuando abandonan a los municipios; y por acción, cuando movilizan al sistema financiero para perjudicarnos con esta maniobra, que es más política que financiera”.

Ni Daniel Passerini, ni Marcos Ferrer, ni Damián Bernarte han dirigido críticas directas contra el presidente Milei, pero alrededor de los jefes municipales se empieza a construir un discurso más contundente que, si la Justicia falla a favor de los bancos, podría derivar en una verdadera reyerta política entre los cordobeses y la Casa Rosada. Así también se percibe el proceso en Río Cuarto, comandado por De Rivas.

El Gobierno local aguarda una nueva audiencia judicial, prevista para el 20 de mayo. Antes de eso, habrá una instancia de mediación entre la Municipalidad de Córdoba Capital y el Banco Nación, donde podría comenzar a aclararse el camino hacia la resolución del conflicto. ¿A favor de quién? Lo dirá la Justicia Federal. Pero los intendentes, como De Rivas, ya advierten que la respuesta será clave para el futuro de las municipalidades y para el rumbo político de la provincia.

“No es una discusión técnica, es una discusión política. Tienen que elegir si les cuidan el bolsillo a los bancos o la calidad de vida a los vecinos”, es el mensaje que destacan desde el entorno derrivista. Este planteo ya fue replicado por algunos sectores, como el sindicalismo, tal como informó Alfil días atrás con el comunicado de Las 62 Organizaciones Peronistas. En los próximos días, la delegación local de la Confederación General del Trabajo (CGT) avanzará en la misma línea.