El Gobierno Nacional disolvió programas de apoyo a pymes y al empresariado Joven

A partir del decreto 339/2025 publicado este martes a la madrugada, el poder Ejecutivo ha decidido discontinuar algunas políticas específicas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (Pymes). La eliminación de las mismas se debe a que eran "ineficientes, discrecionales y estériles" y afectaban la dinámica del libre mercado.

Puntualmente, el gobierno nacional eliminó gran parte de los artículos establecidos de la Ley 24.467, que promovía el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, y redujo casi en su totalidad artículos de la Ley 25.872, que dio origen al Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven.

Los puntos en concreto

• Entre los puntos eliminados de la Ley PyME se encuentran:
  Sistema de información y agencias de desarrollo productivo (Arts. 12 y 13): se elimina la red destinada a asistir a PyMEs con información técnica, comercial y legal.
• Recursos de institutos tecnológicos (Art. 14): ya no se priorizará el fortalecimiento del INTA, INTI o INTEMIN en apoyo al sector.
• Programa de desarrollo de proveedores (Arts. 16 y 17): se desactiva el plan que fortalecía el vínculo entre PyMEs proveedoras y grandes empresas, incluyendo compras estatales.
• Certificación de calidad (Art. 18): se suprime la política que incentivaba a las empresas a operar bajo estándares internacionales.
• Consorcios de exportación (Arts. 19 a 21): se discontinúan las estrategias para impulsar la internacionalización de PyMEs.
• Capacitación empresaria (Art. 22): se elimina el programa de formación para cuadros directivos y gerenciales.
• Comisión de seguimiento (Art. 105): deja de existir el organismo que evaluaba el impacto de estas políticas sobre el empleo y el mercado laboral.

¿Qué establecía el decreto 339/2025?

Los considerandos de la norma se apoyan en que el Estado Nacional "promoverá y asegurará la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo".

En este sentido, el gobierno explicó que "dicho decreto establece que para cumplir con ese fin se dispondrá la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional, y quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda".

Ante esto, el Ejecutivo cree que "los programas creados mediante las Leyes 24.467 y 25.872 resultan distorsivos de los precios, impidiendo la dinámica natural del libre mercado".

El artículo 13 de la ley 24.467, uno de los derogados, establecía que "el Ministerio de Producción organizará una Red de Agencias de Desarrollo Productivo que tendrá por objeto brindar asistencia al sector empresarial en todo el territorio nacional y coordinar acciones tendientes al fortalecimiento del entramado institucional con el objetivo de alcanzar un desarrollo sustentable y acorde a las características de cada región".

Igualmente, el decreto aclara que "las derogaciones dispuestas no eximen al Estado Nacional ni a ningún otro sujeto obligado del cumplimiento de las obligaciones válidamente asumidas durante la vigencia del régimen o programa".