El Poder Ejecutivo estableció que la eliminación de apoyo a Pymes por considerar que distorsionan el mercado, impulsando una desregulación completa para fomentar la libre competencia y la iniciativa privada.
Nacional20 de mayo de 2025
Redacción Alfil
A partir del decreto 339/2025 publicado este martes a la madrugada, el poder Ejecutivo ha decidido discontinuar algunas políticas específicas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (Pymes). La eliminación de las mismas se debe a que eran "ineficientes, discrecionales y estériles" y afectaban la dinámica del libre mercado.
Puntualmente, el gobierno nacional eliminó gran parte de los artículos establecidos de la Ley 24.467, que promovía el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, y redujo casi en su totalidad artículos de la Ley 25.872, que dio origen al Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven.
Los considerandos de la norma se apoyan en que el Estado Nacional "promoverá y asegurará la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo".
En este sentido, el gobierno explicó que "dicho decreto establece que para cumplir con ese fin se dispondrá la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional, y quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda".
Ante esto, el Ejecutivo cree que "los programas creados mediante las Leyes 24.467 y 25.872 resultan distorsivos de los precios, impidiendo la dinámica natural del libre mercado".
El artículo 13 de la ley 24.467, uno de los derogados, establecía que "el Ministerio de Producción organizará una Red de Agencias de Desarrollo Productivo que tendrá por objeto brindar asistencia al sector empresarial en todo el territorio nacional y coordinar acciones tendientes al fortalecimiento del entramado institucional con el objetivo de alcanzar un desarrollo sustentable y acorde a las características de cada región".
Igualmente, el decreto aclara que "las derogaciones dispuestas no eximen al Estado Nacional ni a ningún otro sujeto obligado del cumplimiento de las obligaciones válidamente asumidas durante la vigencia del régimen o programa".
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