En Unión, el PJ sumó a la UCR para reclamarle a Milei por fondos y ajuste

Por Bettina Marengo

Una treintena de intendentes del departamento Unión le reclamaron al presidente Javier Milei por el impacto de las medidas de ajuste del gobierno nacional tanto en la coparticipación como en los territorios y comunidades. Fue en modo carta abierta y se elaboró en el marco de una reunión de la Comunidad Regional que preside el intendente Juan Vassia, de Idiazabal, que se realizó el lunes por la noche. El dato es que son intendentes y jefes comunales del PJ (la mayoría) pero también de la UCR y vecinalistas, vehiculizados por el referente departamental del gobernador Martín Llaryora, el legislador provincial Abraham Galo. Estuvieron los jefes de Pascanas, Laborde y Justiniano Posse. Del PRO, Pueblo Italiano. Vecinalistas, Morrison y Monte Leña. La única excepción fue la ausencia del intendente de Bell Ville, el radical Juan Manuel Moroni, que tiene a cargo la cabecera departamental y sucede al legislador provincial Carlos Briner, que tampoco estuvo en la reunión de la cual salió el texto que seguramente no cayó bien en la conducción radical de la provincia y en el principal referente nacional, el diputado Rodrigo de Loredo, que busca encabezar en octubre la lista de diputados del panmileismo. EL PJ sueña con una lista radical escindida de La Libertad Avanza, pero en cualquier caso, los radicales necesitarán de todos los intendentes para la campaña.

“Las medidas económicas adoptadas a nivel nacional han provocado una fuerte contracción de la actividad económica, con el consiguiente deterioro del poder adquisitivo de los salarios. Esta realidad impacta directamente en la recaudación tributaria, reduciendo los recursos coparticipables y comprometiendo severamente la sostenibilidad de las finanzas municipales”, manifestaron los intendentes, que también quieren abrir el paraguas frente al malestar de sus votantes por las carencias derivadas de la escasez de recursos, como lo suele hacer el capitalino Daniel Passerini cuando articula con sus pares para deslindar responsabilidades vinculadas a la ausencia del estado nacional en transporte y otros servicios básico.

Muchos en Unión son primera gestión en sus territorios y buscarán repetir mandato en 2027, donde Llaryora también buscará repetir pero el escenario que se configurá con la oferta violeta es, por ahora, impredecible. El temor a que crezcan candidatos locales libertarios está y de ahí el interés por marcar los tantos . Por eso en otro tramo de la nota remarcan que la Nación recauda el 80% de los impuestos que pagan los ciudadanos, mientras que las provincias perciben el 15% y los municipios apenas el 5%. “Esta estructura tributaria no se corresponde con la distribución de responsabilidades, ya que el Gobierno Nacional presta solo el 20 % de los servicios públicos, mientras que el 80 % restante recae sobre los gobiernos provinciales y locales”.

El Panal ya tiene una copia de la carta abierta pero los redactores juran que ni pidieron permiso ni recibieron ninguna sugerencia para salir a criticar a Milei y sus políticas en un departamento que votó ampliamente al libertario en las elecciones del 2023 y donde Llaryora quedó tres puntos abajo de Luis Juez en los comicios provinciales del mismo año. Sí sabe el llaryorismo que la Provincia es la única ventanilla que tienen los intendentes y jefes comunales para recalar por ayuda financiera o recursos de algún tipo, y de hecho varios de los caciques territoriales admitieron que el pago del medio aguinaldo que se viene en algunas semanas va a poner a prueba las finanzas locales y extenuar el Fondo Federal que firmaron provincias y municipios. El ministro Manuel Calvo monitorea en persona la escena del  interior cordobés con el objetivo declarado del oficialismo provincial de recuperar las departamentos perdidos y de sumar intendentes no PJ al armado “cordobesista”.

Hasta ahora, de la zona, solo la ciudad de Monte Maíz , donde gobierna el peronista Luis Trotte, muestra señales  de complicaciones financieras para pago de gastos corrientes, al punto que el Ejecutivo presentó en el Concejo una ordenanza que busca declarar la emergencia por el plazo de un año. 

“A pesar de esta evidente inequidad en la distribución de los recursos, los gobiernos locales seguimos garantizando servicios fundamentales para nuestras comunidades: mantenimiento de calles y caminos, alumbrado, recolección de residuos, salud, educación formal y no formal, asistencia social, seguridad urbana, cultura, deportes, acompañamiento a instituciones, empresas y emprendedores, obras

de infraestructura, entre otros”, señalaron los intendentes y le reclamaron a Milei que “arbitre los medios para lograr una distribución de fondos más equitativa, en función de la cantidad y complejidad de los servicios que presta cada nivel del Estado”.