Universidad Por: Francisco Lopez Giorcelli13 de junio de 2025

Paro nacional, salarios pulverizados y una ley que divide al Congreso: la universidad pública entra en conflicto permanente

El sistema de educación superior vuelve a ser escenario de conflicto. El paro nacional de 48 horas convocado por los gremios docentes y no docentes expone el deterioro presupuestario, la pérdida salarial y el choque ideológico entre el gobierno libertario y la universidad pública. En Córdoba, la UNC adhirió con fuerza a la medida de fuerza, en un clima de creciente tensión. Mientras tanto, en el Congreso avanza un nuevo proyecto de ley que busca blindar los recursos del sistema, pero choca con el veto anticipado del oficialismo libertario.

Por Francisco López Giorcelli 
El conflicto adoptó una nueva forma con el veto presidencial sobre la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por amplia mayoría en septiembre de 2024. La norma, impulsada por la oposición, establecía garantías presupuestarias crecientes para el sistema público, con metas de inversión en PBI, aumento salarial docente, paritarias obligatorias y fondos específicos para infraestructura y becas.
Para Javier Milei, que sostiene su plan de ajuste como única brújula de gestión, la ley era “una trampa fiscal” disfrazada de altruismo universitario. Con el respaldo de su tropa legislativa y la indiferencia de varios aliados circunstanciales, el presidente vetó la norma sin titubeos. El bloque oficialista en Diputados sostuvo el veto y el texto fue archivado. Fin del episodio parlamentario, principio del conflicto callejero.
En este marco, esta semana, los sindicatos universitarios relanzaron su plan de lucha con un paro nacional de 48 horas. En Córdoba, la medida tuvo un alto nivel de adhesión. Adiuc, el gremio que representa a docentes e investigadores de la UNC, denunció un deterioro “inédito” de los salarios y la infraestructura universitaria. 
Las clases se suspendieron en numerosas cátedras y en la totalidad de las facultades. Mientras, en los pasillos de las unidades académicas se debate el próximo paso: nuevas jornadas de visibilización y una movilización nacional antes de fin de mes.
El “enemigo ideológico”
La relación entre el oficialismo libertario y el sistema universitario está marcada por la desconfianza. Desde la campaña presidencial, Milei ubicó a las universidades públicas en el mismo plano que los sindicatos, los medios y el Congreso: estructuras parasitarias del Estado, capturadas por la casta y sostenidas por un relato progresista que bloquea reformas.
No sorprende, entonces, que el ajuste sobre el sistema educativo no sea solo una decisión “económica” sino que se puede interpretar como un acto ideológico. La educación, para Milei, es un servicio, no un derecho. Y las universidades, en tanto espacios de generación de pensamiento crítico, son vistas como trincheras del “enemigo” en la cosmovisión libertaria y su precaria (en términos intelectuales) batalla cultural.
La excepción (negociada) fue la UBA, a la que se le transfirieron partidas extra para evitar un colapso escandaloso en la Ciudad de Buenos Aires. Pero en el resto del país, el recorte sigue firme. En Córdoba, por ejemplo, varias unidades académicas funcionan con partidas mensuales agotadas y restricciones que comprometen el segundo semestre. En facultades como Medicina, hubo interrupciones por falta de insumos básicos, y los docentes denuncian que más del 70% cobra por debajo de la línea de pobreza.
La nueva ley: entre el proyecto y el veto
En paralelo, la oposición impulsa un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que intenta reponer lo que el veto de Milei anuló. El texto establece:
Paritarias obligatorias y recomposición salarial trimestral indexada por inflación.
Asignación automática de fondos mediante una “Proporción Universitaria” dentro de la coparticipación federal, sin afectar recursos provinciales.
Fondo específico de $10.000 millones (ajustables) para impulsar carreras estratégicas e inteligencia artificial.
Ampliación de becas y programas de permanencia para estudiantes de bajos recursos.
Meta de inversión en educación que proyecta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031, con incrementos anuales desde 2026.
La norma busca blindar legalmente el financiamiento universitario ante gobiernos con vocación de ajuste. Pero el oficialismo ya anticipó que, si avanza, volverá a aplicar el veto. En ese caso, solo una mayoría calificada en el Congreso podría insistir y torcer la decisión presidencial. Por ahora, esos votos no están.
Córdoba, en modo resistencia institucional
La Universidad Nacional de Córdoba atraviesa la crisis con altos niveles de participación gremial, pero sin escenarios de ruptura institucional. A diferencia de otras ciudades, no hay facultades tomadas ni bloqueos administrativos. La protesta se canaliza por vías formales: paro de actividades, comunicados, jornadas de visibilización, clases públicas y acciones sindicales.
La conducción del rectorado, encabezada por Jhon Boretto, mantiene una posición de equilibrio: acompañar el reclamo presupuestario sin confrontar abiertamente con el gobierno nacional. 
Pero desde los gremios se señala la falta de posicionamiento firme frente al veto y se apunta también contra legisladores cordobeses que votaron a favor del ajuste o no estuvieron presentes en los debates clave.
El desfinanciamiento no es una teoría, es una realidad: edificios sin recursos, laboratorios que postergan actividades, comedores estudiantiles con déficit y cátedras que no pueden desplegar la totalidad de su capacidad. La UNC, que fue bandera de la Reforma Universitaria de 1918, vuelve a jugar un rol político importante en esta pulseada nacional.
Perspectivas: veto, paros y la calle
El escenario político permanece trabado. Si el Congreso no logra insistir con una nueva ley, el conflicto sin dudas se profundizará. La posibilidad de nuevas partidas extraordinarias, como en el caso UBA, podría apaciguar las aguas en algunos distritos, pero no resolvería el cuadro general.
Los gremios ya anticiparon una nueva jornada de lucha nacional para fines de junio. Y si no hay respuesta del Poder Ejecutivo, podrían evaluar extender el paro por tiempo indeterminado. El riesgo no es solo académico: es social y político. El conflicto universitario interpela a un sector de clase media que todavía valora la educación pública como escalera de movilidad y como símbolo de ciudadanía.
Para el gobierno, seguir aplicando la lógica del ajuste sin excepciones puede rendir ante su núcleo duro, pero empieza a tensionar otros bordes de su propia legitimidad. No es lo mismo cerrar un ministerio que vaciar una universidad. Y en esa diferencia se juega, también, el límite de su plan económico que se parece más a un castillo de naipes que a una fortaleza inquebrantable.

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