El conflicto vuelve a las calles: la UNC se prepara para una nueva Marcha Federal con paro docente

El escenario se repite, pero la tensión se profundiza. A más de un año de la histórica Marcha Federal Universitaria del 23 de abril de 2024 —cuando más de un millón de personas colmaron plazas en todo el país en defensa de la educación pública—, las universidades vuelven a convocar a una movilización nacional. Esta vez, será acompañada por un paro docente de 48 horas, el 26 y 27 de junio.

El marco institucional no es casual: este lunes se concretó un encuentro entre autoridades del Honorable Consejo Superior de la UNC y legisladores nacionales por Córdoba. Aunque no se difundieron resoluciones concretas, la reunión funcionó como gesto político en la previa de una nueva jornada de lucha universitaria. La presencia de diputados y senadores locales, en diálogo directo con la cúpula universitaria cordobesa, refleja el nivel de tensión en torno al debate por el financiamiento del sistema.

La exigencia es clara y se repite: una ley nacional de financiamiento que garantice previsibilidad, actualización automática y fortalecimiento de la inversión estatal en las universidades públicas. Así lo resumió el rector de la UNC, Jhon Boretto:

“Queremos darle un impulso al tratamiento de la ley de financiamiento, que es la herramienta que permitirá institucionalizar la discusión del presupuesto universitario más allá de la coyuntura del año”.

Aunque Boretto evitó el tono confrontativo y apostó por un mensaje institucional, el malestar crece entre los gremios. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) lanzó una nueva medida de fuerza nacional con un doble objetivo: presionar al Gobierno nacional para actualizar salarios y visibilizar el ahogo presupuestario que atraviesan las casas de estudio. En Córdoba, ADIUC —el gremio que agrupa a docentes e investigadores de la UNC— confirmó su adhesión al paro nacional y su participación en la Marcha Federal prevista para el jueves 27.

“El ajuste no se detiene, y las respuestas del Gobierno siguen sin llegar. Por eso vamos a parar y a marchar nuevamente, como lo hicimos en abril del año pasado, junto a toda la comunidad universitaria”, expresaron desde ADIUC a través de un comunicado oficial.

El conflicto se calienta día a día 

La protesta universitaria, lejos de apagarse con la masividad de abril de 2024, parece haber inaugurado una etapa de conflicto prolongado. Aunque en mayo del corriente año el Ministerio de Capital Humano anunció un incremento parcial para gastos de funcionamiento, las autoridades universitarias y los gremios coinciden en que esa actualización es apenas un alivio temporal.

“Se está hablando de fondos que representan sólo el 10% del total que necesita una universidad para funcionar plenamente”, señalaron desde el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), organismo que nuclea a todos los rectores del país.

La situación salarial es otro eje central. Según los sindicatos, los docentes universitarios acumulan una pérdida de poder adquisitivo superior al 40% en lo que va del año. Las ofertas del Gobierno han sido consideradas “insuficientes y unilaterales”, lo que agrava la tensión con el sector. La modalidad del paro de 48 horas es, en ese sentido, una respuesta escalonada que busca elevar el costo político del ajuste sin romper del todo los canales de diálogo.

En ese marco, la Marcha Federal del jueves 27 aparece como un hito clave para renovar la presión social. Aunque el primer impacto mediático y simbólico se lo llevó la movilización de 2024, los organizadores consideran que esta nueva jornada puede consolidar el reclamo si logra una convocatoria masiva. En Córdoba, la expectativa es volver a movilizar a miles de estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades hacia el centro de la ciudad.

La participación estudiantil volvió a emerger como un factor determinante en la conflictividad universitaria. Como en abril de 2024 cuando fueron los propios centros de estudiantes, las federaciones y las agrupaciones juveniles quienes empujaron la masividad de la protesta, todo indica que en esta nueva jornada serán también protagonistas.

De hecho la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) convocó a marchar el 27 junto a los gremios docentes y no docentes, y adhirió a la consigna nacional de defensa de la universidad pública. A pesar de las diferencias ideológicas entre agrupaciones, existe consenso en torno a un punto central: sin presupuesto y sin salarios dignos, no hay posibilidad de sostener el sistema.

“Somos quienes más sufrimos el ajuste. Becas congeladas, comedores desbordados, pasajes impagables. Vamos a seguir movilizándonos porque están poniendo en riesgo nuestro derecho a estudiar”, expresó a este medio una referente estudiantil de la Facultad de Filosofía y Humanidades.

En muchas facultades de la UNC se están organizando actividades previas, clases públicas y asambleas abiertas. Si bien el clima general es de cansancio, también se percibe una conciencia política activa entre les estudiantes, que entienden que la calle sigue siendo el principal terreno de disputa.

La articulación interclaustro entre docentes y estudiantes, consolidada desde 2024, es una de las fortalezas que explican la continuidad del reclamo. Y también uno de los elementos que más incomoda al Gobierno nacional, cuya estrategia hasta ahora ha sido fragmentar el conflicto y dilatar las respuestas.

El Congreso: presión sobre los legisladores

El encuentro entre autoridades de la UNC y legisladores nacionales puede leerse también como un intento de reorientar la estrategia política del movimiento universitario. Más allá de la disputa con el Poder Ejecutivo, la clave de la ley de financiamiento está en el Congreso. Por eso, el gesto institucional de esta semana busca recordar a los diputados y senadores que, al menos en teoría, el destino del sistema universitario está en sus manos.

Aunque no se conocen detalles del proyecto definitivo que impulsará el CIN —y que aún espera ser tratado formalmente—, el consenso entre las universidades es que el sistema no puede seguir dependiendo de transferencias discrecionales ni de negociaciones a puertas cerradas. La demanda apunta a una ley que logré resguardar financieramente a las universidades ante futuros recortes o cambios de gobierno.

“No podemos planificar ni garantizar calidad si cada año tenemos que pelear por lo básico. Necesitamos una ley que nos dé previsibilidad”, reclamó días atrás un decano de la UNC.

En esa línea, tanto el rectorado como los gremios universitarios han coincidido, por ahora, en la importancia de unificar el reclamo en torno a esa ley. La Marcha Federal del 27, aunque se exprese en las calles, busca impactar puertas adentro del Congreso. En el fondo, el conflicto universitario ya no se limita a la cuestión salarial o presupuestaria: se ha transformado en una disputa más amplia por el modelo de país que propone el gobierno libertario.

Mientras tanto, en las facultades continúa el malestar. La continuidad de actividades se sostiene con dificultad, especialmente en las carreras más numerosas. La inflación, la incertidumbre y el desfinanciamiento golpean tanto a docentes como a estudiantes, muchos de los cuales dependen de becas, comedores o transporte subsidiado para sostener su cursada.

La protesta de abril de 2024 logró instalar el conflicto universitario en la agenda pública. La de junio de 2025 buscará sostener esa visibilidad y transformarla en resultados concretos. La pregunta, sin embargo, sigue abierta: ¿qué pasará si el Gobierno mantiene el ajuste y el Congreso sigue sin tratar la ley?

Por ahora, la universidad pública vuelve a marchar. Y lo hace con una consigna renovada, una participación estudiantil fortalecida, y la misma urgencia de siempre.