Al borde del abismo, las universidades advierten que peligra el segundo cuatrimestre

En medio de una nueva semana signada por la parálisis legislativa y la tensión en las casas de altos estudios, el sistema universitario nacional lanzó una advertencia sin precedentes: si el Gobierno no responde de manera urgente al reclamo presupuestario, el segundo cuatrimestre corre serio riesgo de no comenzar.

Lo dijo sin tapujos el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que nuclea a los rectores de las universidades públicas del país, a través de un comunicado oficial: “la situación económica financiera de las instituciones universitarias públicas no ha tenido respuesta por parte del Gobierno nacional. Pese a los innumerables reclamos y las gestiones realizadas, no ha habido ninguna respuesta concreta.”

La frase retumba como un eco de las advertencias que, desde abril, vienen lanzando las universidades y el sistema científico, y que el Ejecutivo nacional ha optado por minimizar o directamente ignorar. A esta altura, la posibilidad de que no se reanuden las clases en agosto dejó de ser un ejercicio de dramatización y comenzó a instalarse como un escenario posible.

Desde el inicio de la gestión libertaria, las universidades públicas sobreviven con un presupuesto reconducido de 2023, sin actualización acorde a la inflación. En términos reales, el recorte supera el 70% en los gastos de funcionamiento, y todavía se mantiene sin resolución la cuestión salarial de los docentes, cuyo conflicto ha derivado en múltiples paros a lo largo del primer semestre.

Según el CIN, “las universidades nacionales han manifestado, con datos objetivos, la crítica situación en la que se encuentran. Lejos de resolverse, la situación se agrava con el paso del tiempo y se vuelve insostenible”.

El documento, firmado por la totalidad del plenario de rectores (incluido Jhon Boretto, UNC), pone en primer plano la necesidad de una solución política, en un contexto donde los fondos no aparecen, y los gestos del oficialismo parecen más orientados al desgaste institucional que a la resolución de la emergencia educativa.

El Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello, a través de un comunicado difundido el mismo día que el CIN publicó su advertencia, negó el riesgo de desfinanciamiento y sostuvo que el gobierno “ya giró los fondos necesarios” para que las universidades funcionen. Incluso relativizó el impacto de la crisis al afirmar que “es absolutamente falso que haya 10.000 docentes que hayan renunciado al sistema”.

La desmentida se dio en paralelo al rechazo oficial al proyecto de ley impulsado por la oposición en la Cámara de Diputados para garantizar el financiamiento de las universidades, iniciativa que ya cuenta con dictamen favorable en comisión pero que el oficialismo busca bloquear en el recinto junto a sus aliados como el bloque del radical con peluca Rodrigo de Loredo.

El contrapunto entre los rectores y el Ejecutivo expone dos lógicas opuestas: mientras las universidades apelan a datos concretos sobre inflación, contratos interrumpidos, aumentos tarifarios y deudas impagas, el gobierno responde con una narrativa donde el conflicto es más bien político y no presupuestario. La desconexión entre ambas partes es tal que se ha hecho inviable cualquier canal de diálogo efectivo.

En este marco volvemos a Córdoba, dónde la Universidad Nacional vive con creciente preocupación dicha crisis. En términos comparativos, la UNC es una de las universidades más grandes del país, con más de 140 mil estudiantes, 15 unidades académicas, 2 colegios preuniversitarios, 1 hospital escuela, 1 laboratorio de hemoderivados y una multiplicidad de sedes y servicios que exigen un gasto constante.

Desde el Rectorado se mantienen contactos formales con el CIN y se ha optado por una estrategia institucional que evite la confrontación directa, pero eso no significa que la preocupación no exista. En privado, algunas autoridades reconocieron a Alfil que la situación presupuestaria es insostenible a mediano plazo y que ya se están ajustando gastos operativos para evitar cortes de servicios básicos.

Un dato que grafica la tensión: en las últimas semanas, varias facultades decidieron suspender actividades extracurriculares, restringir el uso de climatización, limitar horarios de funcionamiento y reducir actividades de extensión. Todo esto en un marco donde el Gobierno libertario no da señales de ampliar los giros presupuestarios.

No es menor que el rector Jhon Boretto, de origen radical y cercano al espacio de Rodrigo de Loredo, haya optado por el silencio público en medio de la disputa. Mientras en otros sectores del radicalismo se ensaya una postura más crítica al oficialismo, en Córdoba el tono institucional predomina sobre el conflicto abierto. Pero puertas adentro, los decanos y equipos técnicos analizan escenarios preocupantes.

En paralelo, las universidades comenzaron a reactivar campañas sociales en defensa del sistema público. Esta semana se presentó un millón de firmas recolectadas por distintos espacios universitarios, sindicales y sociales, en apoyo a las universidades públicas. El número, más allá de su peso simbólico, muestra que existe una reserva de legitimidad social que las casas de estudio aún conservan.

También en Córdoba hubo distintas expresiones en redes y asambleas estudiantiles que volvieron a levantar las consignas de la “marcha federal” de abril 2024. En aquel entonces, más de un millón de personas coparon las calles del país para exigir financiamiento. Hoy, más de un año después y con el segundo semestre en riesgo, el fantasma del vaciamiento vuelve a movilizar a estudiantes, docentes y autoridades.

Lo que queda claro es que las universidades están dando una pelea desigual. Por un lado, intentan sostener una estructura compleja, masiva, federal y heterogénea, con recursos congelados y sin certidumbre financiera. Por otro lado, deben evitar quedar atrapadas en una narrativa oficialista que intenta reducir la crisis a una maniobra de oposición ideológica.

En palabras del CIN: “la falta de una respuesta pone en riesgo la continuidad de las actividades y la posibilidad de dar inicio al segundo cuatrimestre en condiciones normales. A pesar de la permanente voluntad de diálogo, el gobierno no ha aportado soluciones efectivas”.

El respaldo político de parte de la oposición parlamentaria, que logró avanzar con el dictamen del proyecto de financiamiento, aparece como una bocanada de aire. Pero mientras el Congreso siga trabado por disputas internas y el oficialismo insista en negar la crisis, la posibilidad de que miles de estudiantes pierdan el segundo cuatrimestre se convierte en una amenaza concreta.

En Córdoba, donde la UNC representa uno de los pilares del desarrollo regional, el impacto podría sentirse no solo en las aulas, sino también en el entramado social y productivo que depende directa o indirectamente de su funcionamiento.