Sin clases, pero con medalla: la UNC brilla afuera y se apaga adentro

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) atraviesa un momento crítico. Sin clases, con exámenes finales suspendidos y sin certezas sobre la continuidad del segundo cuatrimestre, la institución se encuentra inmersa en un conflicto estructural que excede sus fronteras, pero que la golpea con particular dureza. El paro docente impulsado por la CONADU, y llevado adelante en Córdoba por ADIUC, se volvió esta semana el epicentro de la tensión universitaria. Sin acuerdo paritario a la vista, con salarios por debajo de la línea de pobreza y una comunidad educativa extenuada, la continuidad del año académico está en serio riesgo.

Desde el gremio docente advierten que la situación es insostenible. “No hay un horizonte claro de financiamiento ni una paritaria real. Lo que hay son maniobras dilatorias por parte del gobierno nacional”, indicaron desde ADIUC, al justificar la medida de fuerza que incluyó la no toma de exámenes entre el 15 y el 20 de julio. La decisión fue tomada por unanimidad en una asamblea de base y se inscribe en una escalada del conflicto: esta semana se anunció también un paro nacional de 72 horas los días 21, 28 y 29 de julio, lo que condiciona aún más el inicio del segundo cuatrimestre en la UNC y otras universidades del país.

La falta de avances en las negociaciones paritarias nacionales mantiene congelados los salarios en un contexto inflacionario que deterioró el poder adquisitivo docente en más de un 40% interanual. Pero el problema excede lo estrictamente salarial: se trata, como viene señalando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), de una crisis del modelo de universidad pública. Sin previsibilidad presupuestaria, sin fondos garantizados para el segundo semestre y con un Ejecutivo que sostiene un discurso de desprestigio contra el sistema universitario, el conflicto se agrava.

En Córdoba, esta situación pone bajo presión a la conducción de la UNC. Aunque el rector John Boretto participó en abril de la Marcha Federal Universitaria y se sumó a los reclamos institucionales del CIN, su posicionamiento posterior fue perdiendo fuerza. La relación con el gobierno nacional parece estar mediada por una estrategia de bajo perfil: evitar la confrontación directa, sostener un discurso técnico y administrar con lo que hay. Sin embargo, los límites de esa estrategia ya son visibles.

Las bases docentes y estudiantiles reclaman mayor firmeza política. En muchas facultades —incluso las de perfil más oficialista— crece el malestar con la conducción rectoral, que no logra interceder ante Nación ni garantizar certezas sobre la continuidad académica. El envío de fondos de emergencia por parte del Ministerio de Capital Humano fue interpretado como una maniobra para desactivar el conflicto, pero no alcanzó a cubrir siquiera el 10% del presupuesto requerido por el sistema universitario.

En paralelo, el gobierno de Javier Milei mantiene su ofensiva discursiva. La motosierra sigue como símbolo y amenaza. En su relato, la universidad pública es sinónimo de “adoctrinamiento” y “gasto ineficiente”. A esa narrativa se suma la inacción concreta: paritarias informativas, reducción de partidas y desprecio hacia la comunidad académica. Así, la parálisis universitaria no es un efecto colateral, sino parte de una política deliberada.

Desde la Provincia, la tensión se observa con atención. El gobernador Martín Llaryora no ha tomado posición pública sobre el conflicto, pero su entorno mantiene vínculos históricos con la UNC. La declaración del conflicto como “emergencia presupuestaria” por parte del CIN habilita al oficialismo provincial a expresar preocupación, aunque hasta ahora no se tradujo en gestos concretos. Salvo algunas expresiones individuales no hay una estrategia clara desde El Panal sobre cómo posicionarse frente a esta crisis, por ahora acompañan tras bambalinas.

Lo cierto es que el segundo cuatrimestre está en jaque. ADIUC ya advirtió que si no hay una oferta salarial concreta y una solución presupuestaria, el reinicio de clases en agosto será inviable. Y con tres días de paro nacional anunciados, la UNC podría enfrentar su momento más delicado desde el retorno democrático. A diferencia de otros episodios de crisis, esta vez no hay diálogo abierto con el Ministerio de Capital Humano ni perspectivas reales de recomposición. La política universitaria parece atrapada entre la asfixia presupuestaria y el silencio institucional.

En medio de esta crisis, la UNC recibió esta semana un reconocimiento por parte de la Legislatura de Córdoba. El motivo fue su destacada ubicación en el ranking QS 2025, que la posicionó entre las 800 mejores universidades del mundo y dentro de las diez más prestigiosas del país. 

El proyecto fue impulsado por el radical Dante Rossi y aprobado por unanimidad. La distinción, aunque celebrada, ocurre en un momento donde el funcionamiento cotidiano de la universidad está comprometido. En la foto se pudo ver funcionarios peronistas y radicales unidos por el reconocimiento a la casa de altos estudios.

El contraste entre el reconocimiento simbólico y el deterioro material es evidente. Mientras la UNC acumula premios y prestigio en el plano internacional, sus aulas permanecen vacías y sus docentes reclaman por condiciones básicas. En los pasillos del Pabellón Argentina no pasó desapercibido que, mientras se aplauden logros institucionales, se postergan los exámenes por falta de acuerdo salarial. “¿De qué sirve figurar en un ranking si no podemos dar clases?”, fue una de las frases que más se repitió entre docentes esta semana.

El reconocimiento a la UNC, en ese sentido, tiene un valor simbólico indiscutible. Pero también evidencia la fragilidad del sistema universitario: no se puede sostener el prestigio con parches presupuestarios. El mérito académico no alcanza si se vacían las estructuras que lo hacen posible. La universidad pública, como proyecto político, atraviesa una de sus pruebas más duras. Y Córdoba, tierra de reforma y tradiciones universitarias, no puede mirar para otro lado.