En Córdoba se espera que la marcha federal universitaria convoque a una multitud

Por Francisco López Giorcelli 

En Córdoba ya no se habla sólo de un conflicto universitario sino de un enfrentamiento político con proyección nacional. La tercera Marcha Federal Universitaria, convocada para este miércoles 17 de septiembre, promete colmar las calles de la ciudad y volver a poner a la educación pública en el centro del debate político, a días de que la Cámara de Diputados trate el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. 

No es un detalle menor que sea la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la más antigua del país y emblema de la Reforma de 1918, la que encabece una nueva demostración de fuerza que busca dejar en claro que la ofensiva contra el sistema universitario no pasará inadvertida en la provincia.

La UNC oficializó la convocatoria el pasado viernes, anunciando que la concentración será a las 13 horas en el Monumento a la Reforma, en Ciudad Universitaria, para marchar luego hacia el centro de la ciudad y culminar en la esquina de Yrigoyen y Obispo Trejo, donde se prevé un acto central cerca de las 15:30. 

El rector Jhon Boretto sostuvo que la decisión de convocar “no responde a un capricho institucional, sino a la urgencia de defender el derecho de miles de estudiantes y trabajadores de la educación que ven amenazado su presente y su futuro”. En ese marco, advirtió que el veto del presidente Milei a la ley aprobada en el Congreso “implica desfinanciar un sistema que garantiza igualdad de oportunidades y movilidad social ascendente, pilares que no pueden ponerse en riesgo sin afectar la vida democrática de la Argentina”.

El escenario adquiere un matiz particular en Córdoba porque el gobernador Martín Llaryora se metió de lleno en la discusión. Desde la apertura de un nuevo edificio de la Universidad Provincial, el mandatario provincial remarcó que “desfinanciar la universidad es sacrificar el futuro de los argentinos”.

Con ese mensaje, no sólo se alineó con las autoridades de la UNC y con los gremios docentes, sino que también buscó marcar una diferencia política con la Casa Rosada. “Mientras el gobierno nacional recorta, nosotros construimos nuevas sedes porque sabemos que la educación es la herramienta de transformación más importante”, subrayó. El gesto no fue casual: Llaryora sabe que la defensa del sistema universitario tiene un fuerte anclaje en Córdoba, donde la memoria de la Reforma y el peso electoral de los estudiantes lo obligan a no quedar al margen.

El exgobernador Juan Schiaretti también hizo pública su posición. Fiel a su estilo, evitó el dramatismo pero fue categórico: “La universidad pública es sinónimo de movilidad social, de oportunidades y de desarrollo para nuestro país. No podemos permitir que se desfinancie un sistema que abrió las puertas a generaciones enteras de argentinos”. La diputada Natalia de la Sota, por su parte, no dudó en apuntar directamente al oficialismo nacional: “Los brutales ajustes no pueden naturalizarse. Córdoba tiene que hacer escuchar su voz, porque lo que está en juego no es un presupuesto, es el futuro de nuestros hijos”. Estas palabras muestran que, más allá de las diferencias, el cordobesismo encontró un eje común en la defensa universitaria.

El clima también se calienta puertas adentro de la universidad. La secretaria general de ADIUC, Leticia Medina, fue contundente: “Estamos frente a un escenario crítico. El veto presidencial no sólo recorta fondos, sino que amenaza con desarticular las condiciones mínimas para enseñar, investigar y estudiar. Los salarios siguen congelados, las becas no alcanzan, las obras de infraestructura están paralizadas. Esta marcha es una respuesta política y social a un ataque directo contra la universidad pública”. En la misma línea, la Federación Universitaria de Córdoba ratificó su presencia en la movilización y llamó a los estudiantes a colmar las calles para demostrar que “la juventud no está dispuesta a resignar el derecho a la educación gratuita y de calidad”.

El peso simbólico de que la tercera Marcha Federal tenga a Córdoba como epicentro es innegable. No sólo por la tradición reformista sino porque la provincia se convirtió en un terreno clave en la disputa política entre Nación y las gestiones locales. Para Llaryora, abrazar la defensa de la universidad significa proyectarse como un dirigente que no se deja arrastrar por las imposiciones de la Casa Rosada. Para Schiaretti, implica sostener un legado de políticas sociales con arraigo en el interior. Para los gremios docentes, es la posibilidad de ampliar la base de apoyo en un reclamo que excede los salarios. Y para los estudiantes, es la oportunidad de revalidar un protagonismo histórico en la calle.

La expectativa de convocatoria es alta. Tras las dos marchas anteriores, que ya mostraron capacidad de movilización, en esta tercera edición se espera una participación aún más masiva. Universidades del interior provincial como la de Villa María, la UTN Córdoba y la Universidad Provincial confirmaron su adhesión, al igual que sindicatos de la educación y organizaciones sociales. Todo apunta a que la marcha de este miércoles supere en volumen a las anteriores y que logre instalar un mensaje claro de cara al debate parlamentario sobre el veto presidencial.

La lupa también estará puesta en los legisladores nacionales por Córdoba. En la Cámara de Diputados, el bloque cordobés se convertirá en árbitro de una votación que el Gobierno sigue con preocupación. Natalia de la Sota y los cordobesistas ya anticiparon que no convalidarán el veto.

En el radicalismo, Rodrigo de Loredo mantiene un delicado equilibrio: intenta no romper del todo con el oficialismo nacional pero también escucha las demandas de una base electoral donde la universidad pública tiene peso. 

En cuanto a las bancas libertarias y del PRO devenido en libertario se da por asentado el apoyo al veto. Ninguno de ellos podrá abstraerse del clima que genere la movilización cordobesa. Una plaza llena en el corazón de La Docta tiene capacidad de inclinar la balanza más que cien discursos en el recinto.

Mucho más allá de la discusión presupuestaria

Lo que está en disputa es el modelo de universidad que tendrá la Argentina. Con un Gobierno nacional que apuesta por un achicamiento del gasto y con una comunidad académica que defiende la gratuidad y la calidad del sistema, el conflicto universitario se transformó en un espejo de la grieta política del país.

Córdoba, por su historia y su peso, se prepara una vez más para ser escenario de esa pulseada. Si la movilización logra una convocatoria contundente, la Casa Rosada quedará bajo una presión social difícil de ignorar. Si, por el contrario, la respuesta es tibia, el oficialismo podría sentir que tiene margen para sostener el ajuste.

La tercera marcha federal universitaria no será un acto testimonial. Se trata de un movimiento político con implicancias concretas: presionar a los legisladores cordobeses para que rechacen el veto, forzar al gobierno nacional a abrir canales de diálogo y, sobre todo, demostrar que la universidad pública sigue siendo un bastión intocable para buena parte de la sociedad.

En Córdoba, donde el espíritu de la Reforma Universitaria aún arde en cada movilización estudiantil, la defensa de la universidad no se negocia. Y este miércoles quedará escrito un nuevo capítulo de esa historia.