UNC: Adiuc definió plan de lucha con la mira puesta en el Senado

Por Francisco López Giorcelli

El escenario se tensó tras el rechazo del veto en la Cámara de Diputados, un triunfo político de las universidades y de la oposición que forzó al oficialismo a trasladar la pulseada a la Cámara alta. El 2 de octubre aparece marcado en rojo en el calendario: ese día el Senado deberá decidir si confirma el veto de Javier Milei o insiste en la promulgación de la ley que busca garantizar previsibilidad presupuestaria al sistema universitario. Para los docentes, es la última instancia institucional antes de que la disputa se traslade por completo a la calle.

En la Universidad Nacional de Córdoba, la Asamblea Extraordinaria de ADIUC resolvió prolongar el plan de lucha con un cronograma cargado de actividades. La semana previa estará marcada por campañas de difusión en las facultades, debates abiertos y producción de materiales con el objetivo de instalar la discusión en la agenda pública.

Durante la sesión en el Senado, docentes y estudiantes organizarán acciones de visibilización que acompañen el debate legislativo y, en los días posteriores, se desplegarán nuevas instancias gremiales vinculadas a la reapertura de paritarias, la regulación de contratos precarios y la defensa de condiciones laborales en la virtualidad. El lema que ya circula entre los pasillos universitarios es claro: “Votamos defender la Universidad Pública”.

La estrategia del gremio docente cordobés combina tres dimensiones. La primera es garantizar que, aun con una eventual promulgación, la ley no quede en letra muerta, sino que se cumpla de manera efectiva. La segunda consiste en construir una expresión ciudadana más amplia contra el ajuste, entendiendo que la defensa de la universidad no puede quedar restringida al claustro docente. Y la tercera busca fortalecer el reclamo desde dentro de la UNC, interviniendo en paritarias locales, en los órganos de gobierno y en la política institucional universitaria. En ese sentido, la apuesta excede lo gremial y se inscribe en un tablero político de mayor alcance: colocar a Córdoba como una referencia de resistencia federal frente a la política nacional.

La discusión trasciende lo presupuestario. En el fondo, se trata de qué tipo de prioridades marca el Estado. El oficialismo nacional alega que la Ley de Financiamiento Universitario implica un gasto imposible de sostener en la actual coyuntura fiscal. Sin embargo, desde el claustro docente se replica con un argumento potente: si el Estado pudo resignar recursos para beneficiar al sector más concentrado de la economía, ¿por qué no puede garantizar fondos para sostener el sistema universitario público? El decreto 682/2025 redujo las retenciones a 0 % para la soja, el maíz y el trigo hasta fines de octubre o hasta alcanzar exportaciones por 7.000 millones de dólares. Esa medida, según estimaciones, implicó una pérdida de recaudación de unos 1.600 millones de dólares, monto que supera el costo estimado de implementar la Ley de Financiamiento Universitario y que equivale a más de un cuarto del presupuesto universitario anual. La comparación es incómoda para el gobierno: mientras se justifica un veto por falta de recursos, se habilitan beneficios fiscales a los grandes exportadores que concentran la renta agraria.

Esa contradicción es el núcleo de la ofensiva política de ADIUC y de las federaciones nacionales como CONADU. La defensa del financiamiento universitario aparece, así, como parte de una narrativa mayor contra el ajuste. No se trata solo de una disputa sectorial por salarios o condiciones laborales, sino de un campo de batalla simbólico donde se enfrentan dos modelos de país: uno que premia a los grandes jugadores del mercado y otro que sostiene la educación pública como motor de movilidad social y producción de conocimiento.

El plan docente tiene fortalezas visibles. La certeza de que el Senado tratará el veto en pocos días da claridad a la movilización y permite focalizar la presión política sobre senadores de todas las provincias. La UNC aporta, además, una capacidad de movilización territorial consolidada, con redes en facultades, nodocentes y estudiantes que pueden amplificar el reclamo. Y la alta valoración social de la universidad pública convierte al financiamiento en un reclamo con resonancia nacional, difícil de presentar como un interés corporativo.

Sin embargo, los riesgos también están a la vista. El Senado puede transformarse en un muro difícil de superar, incluso con el antecedente favorable de Diputados. La extensión de la lucha por semanas supone un desgaste para los docentes y puede derivar en una fatiga social que diluya el mensaje. Y aun en caso de que la ley se promulgue, la incertidumbre sobre su aplicación real sigue latente: la experiencia argentina está llena de normas aprobadas que nunca se cumplieron.

En este contexto, Córdoba aparece como un termómetro político. La resistencia docente en la UNC busca marcar la pauta para el resto del país, mostrando que las universidades del interior no se resignan a un ajuste que amenaza la continuidad del segundo cuatrimestre. Si la movilización cordobesa logra incidir sobre senadores indecisos, podría inclinar la balanza a favor de la promulgación de la ley. Y si no lo logra, quedará como un actor clave en la construcción de una oposición social al gobierno nacional que exceda lo meramente legislativo.

En definitiva, el 2 de octubre no será solo una fecha en el calendario parlamentario, sino una jornada en la que se condensará una disputa de fondo sobre el rumbo del país. Para los docentes cordobeses, la universidad pública no es negociable, y lo demostrarán con movilización, con presión política y con una campaña electoral que busca instalar el tema en la agenda más allá de las calles de Ciudad Universitaria.

El desafío es sostener la visibilidad y evitar que el financiamiento universitario quede relegado frente a los privilegios fiscales de los sectores más concentrados de la economía. Si el Senado insiste en rechazar el veto, se habrá dado un paso decisivo. Pero la verdadera disputa comenzará después: garantizar que los recursos lleguen a las universidades y que la promesa de futuro no quede atrapada en un decreto o en un cálculo fiscal de coyuntura.