Ley de Financiamiento Universitario: Milei y las universidades públicas se vuelven a enfrentar

Por Francisco López Giorcelli 

El Senado se prepara para una de las votaciones más tensas del año: confirmar o rechazar el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario (y al Garrahan por supuesto). No es un trámite técnico ni una formalidad legislativa; es una definición política que puede marcar la relación de fuerzas entre el modelo libertario de Javier Milei y el sistema universitario público. Córdoba vuelve a estar en el centro de la escena, con una Universidad Nacional movilizada, gremios docentes en pie de lucha y legisladores locales en la mira. El resultado es incierto, y la tensión se multiplica en la previa.

En las últimas semanas, la UNC mostró el músculo que la coloca como referencia nacional en este debate. Tras el veto completo anunciado en la víspera del Día del Maestro, las calles de Ciudad Universitaria volvieron a llenarse como en abril: marchas multitudinarias, paros convocados por ADIUC, clases públicas y pronunciamientos institucionales del Consejo Superior. 

El rector Jhon Boretto se sumó al reclamo nacional y dejó en claro a distintos medios que la Casa de Trejo no se corre del eje: “El reclamo no es por un aumento nuevo del presupuesto, sino por recuperar una pérdida muy significativa, especialmente en salarios y gastos de funcionamiento. La pérdida salarial y la falta de recursos ponen en riesgo el funcionamiento universitario. Pedimos recomponer salarios, sostener becas y ordenar prioridades para no degradar la calidad académica.”

En esa línea, el Rector advirtió sobre la fuga de jóvenes docentes hacia el sector privado o el exterior: “Si se consolida, obliga a reemplazar por perfiles con menos experiencia y se resienten la formación y la producción científica de la universidad.” La UNC reclama previsibilidad, salarios dignos y un horizonte de estabilidad frente a un gobierno que prefierej la incertidumbre como regla.

La presión no es solo cordobesa. En territorio porteño, la Universidad de Buenos Aires (UBA) fue más allá y anticipó que prepara una denuncia penal contra Milei y sus ministros en caso de que el Ejecutivo insista en suspender la aplicación de la ley aprobada en Diputados. Ese anuncio puso de relieve que parte del sistema académico no está dispuesto a resignarse a la lógica del ajuste: el veto no solo se discute en términos presupuestarios, sino también como un límite jurídico y político a las facultades presidenciales. El gesto de la UBA suma dramatismo y muestra que las universidades están dispuestas a convertir este conflicto en un caso testigo del vínculo entre Milei y las instituciones de la democracia.

Córdoba como termómetro de la votación

En Córdoba, el clima político se enrareció. Los gremios docentes sostuvieron el plan de lucha con paros y movilizaciones, buscando mantener la presión social y desgastar a los legisladores que se muestran ambiguos. La consigna es clara: “El voto en el Senado define de qué lado de la historia está cada uno.” El ojo está puesto en los senadores cordobeses, entre ellos esta Luis Juez, aliado del oficialismo libertario, amigo de Milei como se ha autodefinido en varias ocasiones, y que cuyo posicionamiento puede ser determinante en un tablero de difícil previsión. 

El peronismo provincial también juega su propia interna, con Martín Llaryora intentando sostener la prudencia fiscal mientras convive con la presión de una sociedad cordobesa que ya vivió tres marchas masivas en defensa de la universidad pública. La UNC, como actor central de esa movilización, buscará capitalizar políticamente cualquier desenlace: si se rechaza el veto, Córdoba podrá presentarse como cabeza de la resistencia universitaria; si se confirma, la tensión se trasladará de inmediato a las aulas y a la calle.

La oposición sabe que la parada es difícil. Para voltear el veto se necesitan dos tercios de los votos, y eso implica una coordinación perfecta entre el peronismo, los bloques dialoguistas, los provinciales y parte de la UCR. 

No alcanza con la foto del rechazo en Diputados: en la Cámara alta las ausencias pesan doble y la disciplina partidaria suele ser más dura. Los gobernadores juegan fuerte en esta previa: algunos presionan a sus senadores para que no compren el costo político de aparecer del lado del ajuste, otros piden prudencia para no poner en riesgo la relación fiscal con Nación. La cuenta es fina: con todo el peronismo y el kirchnerismo alineado, la oposición necesitaría al menos una decena de votos extra que hoy aparecen dispersos entre radicales y provinciales.

¿Qué pasa si el Senado logra rechazar el veto? Milei sufriría un golpe político mayúsculo, similar al que ya padeció en Diputados, pero con un agregado: la imposibilidad de imponer por la fuerza el ajuste en un área altamente simbólica como la universidad pública. Para el oficialismo sería la confirmación de que la estrategia de veto no garantiza control, y para las universidades, la victoria de un frente amplio que combina docentes, rectores, estudiantes y ciudadanía.

¿Qué pasa si el veto se sostiene? El Presidente podrá celebrar un triunfo táctico y ratificar que su motosierra aún corta, pero el costo no será menor: un sistema universitario desfinanciado implica más movilizaciones y un clima social que puede extenderse al resto de las políticas educativas, es decir puede ser el primer paso de un efecto dominó. Córdoba, en particular, se convertirá en epicentro de la protesta, con una UNC que ya mostró que puede movilizar a miles de personas a la calle y con gremios que prometen no soltar el plan de lucha.

En definitiva, el Senado no vota solo un presupuesto: define si el proyecto libertario logra consolidar su lógica de ajuste sobre la universidad pública o si la resistencia social y académica consigue su primera gran victoria nacional. La UNC, la UBA y el resto del sistema ya jugaron sus cartas. Ahora falta ver si el Congreso se atreve a doblarle el brazo a Milei o si, por el contrario, termina dándole la razón.