Adelanto de campaña: seguridad, primer round Llaryora-Juez

Por Yanina Soria

El tiroteo, fuerte, que protagonizaron en las últimas horas el propio gobernador Martín Llaryora y el senador opositor Luis Juez por la compra de los drones para el ministerio de Seguridad, rompió la calma de un veranito político que, excepto por la irrupción del presidente Javier Milei en Jesús María, venía bastante tranquilo. 
La polémica desatada entre oficialismo y el juecismo adquirió en pocas horas un voltaje político que anticipa la intensidad con la que se vivirá la larga campaña que le espera a los cordobeses camino al 2027.

Ya se palpita la adrenalina (nerviosismo para algunos) de un oficialismo que se muestra dispuesto a jugar a fondo para garantizar su continuidad en la Provincia, pero también de los que, en la vereda del frente, leen vientos de cambios que soplan favorables a su objetivo: ponerle fin a los 27 años ininterrumpidos de peronismo en el poder central. 

Luego de que La Voz diera a conocer que la mayoría juecista con la que cuenta la oposición en el Tribunal de Cuentas objetara y rechazara la licitación millonaria para la adquisición de drones de patrullaje para la Policía provincial, el propio gobernador salió a la cancha. 
Subiendo al ring al eterno opositor del cordobesismo, Llaryora le imprimió política a su crítica al hablar de que “los libertarios en Córdoba” contradicen al gobierno nacional en materia de seguridad. Sin embargo, los violetas puros no se hicieron cargo de la referencia y -al menos por ahora- decidieron mantenerse al margen del chisporroteo cediéndole toda la centralidad a Juez.

De hecho, esa estrategia deliberada del oficialismo de exponer esas supuestas contradicciones entre el accionar juecista en Córdoba y el posicionamiento a nivel nacional del senador alineado con el presidente Javier Milei, es la carta que también jugaron ayer los ministros de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y su par de Vinculación, Miguel Siciliano, en una conferencia de prensa organizada específicamente por el tema. 
“Control sí, obstrucción no” fue en resumen parte de lo expresado por los funcionarios capitalinos que oficiaron de voceros, enfatizando en el “perjuicio” que el juecismo le provoca a los cordobeses y a la política de seguridad de Córdoba. Nota al pie: en cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de jóvenes “influencers” que, de pronto, salieron a pegarle al senador.

“El Tribunal de Cuentas puede hacer una observación administrativa pero no puede opinar sobre cómo gobernar. Que quede claro: los drones que los libertarios cordobeses le niegan a nuestras Fuerzas de Seguridad, se los están negando a la seguridad de todos los vecinos”, dijo el ministro de Vinculación y Gestión Institucional. En la tesis del oficialismo, la oposición está especulando políticamente con el objetivo puesto en las elecciones del año próximo, y por eso -dijo Siciliano- ponen palos en la rueda para que el Gobierno fracase y no gane los próximos comicios.  
Ambos funcionaron negaron de raíz cualquier tipo de irregularidad en la licitación pre adjudicada a la UTE Vantac-Huinoil y desafiaron a los vocales del Frente Cívico a denunciar formalmente en la Justicia si hay corrupción en el proceso, como deslizó el propio senador. “Son socios funcionales de los delincuentes”, lanzó Quinteros, un viejo conocido del ex intendente capitalino. 
Mientras tanto, desde el Panal no informaron todavía cómo seguirá el proceso licitatorio. 

La contra conferencia 
El juecismo responderá hoy con una conferencia de prensa propia que estará encabezada por los tribunos, Beltrán Corvalán y Maria Fernanda Leiva. Sin embargo, ayer no se descartaba que el propio Juez pudiera asistir. 
El Frente Cívico contó ayer con adhesiones de dirigentes radicales como Marías Gvozdenovich, presidente de la bancada de legisladores de la UCR y de la titular del Interbloque de Juntos por el Cambio, Alejandra Ferrero. Mientras que, por ahora, el ex diputado y precandidato a gobernador, Rodrigo De Loredo, prefirió el silencio. 
“Controlar no es hacer politiquería, es simplemente hacer lo que el pueblo te exige que hagas. No se deja una provincia sin seguridad por no comprar unos drones, se la deja sin seguridad cuando no tenes una política clara en la materia, cuando creas una guardia urbana y compras móviles e indumentaria a sobreprecio, cuando ahora se acuerdan de comprar drones al por mayor cuando tienen 2 y uno no funciona, cuando le tiran toda la responsabilidad a los municipios, cuando todo lo que se hace es para la foto y para la prensa”, disparó ayer el legislador radical. 
En la misma línea se manifestó Ferrero: “Control no es obstrucción. Este es un gobierno que no acostumbra a rendir cuentas y se resiste a ser controlado. Y esta oposición ya advirtió irregularidades y denunció sobreprecios. Los controles se agudizan porque los conocemos. La falta de transparencia con la que se manejaron siempre hace que estemos alertas.¡6 millones de dólares de los cordobeses justifican esa rigurosidad!”.